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jueves, 19 de abril de 2018

Empresarios recurren de amparo contra reformas al INNS dictadas por Ortega.


Cosep apelará reformas del INSS, pero Daniel Ortega ya las oficializó en el diario la Gaceta. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, aseguró que el sector privado apelará por la vía legal la decisión del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) de aumentar los aportes de las empresas, asegurados y pensionados para resolver la crisis financiera que enfrenta esa entidad estatal.

 “El Gobierno tomó la decisión de imponer estas medidas sin tomar en cuenta el modelo de diálogo y consenso”, lamentó Aguerri, en conferencia de prensa, respaldado por los presidentes de las cámaras y asociaciones que integran el Cosep. “Desde ese punto de vista, nosotros vamos a tomar el camino que nos da el sistema legal. Vamos a recurrir contra esta resolución del INSS. En su momento, vamos a dar a conocer de qué forma lo vamos a hacer”, dijo Aguerri a los periodistas, cuando fue consultado después de leer el comunicado de los empresarios.

El lunes, el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, informó que las empresas aportarán a partir de julio de 2018 dos puntos porcentuales más a la cuota de cotización del INSS, manteniendo una cuota de 21% hasta diciembre próximo. Luego, la cuota ascenderá en enero de 2019 y 2020 llegará a 22.5%. Significa que en estos tres años se le aplicará a las empresas un incremento de 3.5 puntos porcentuales.

El INSS descartó aumentar la edad de jubilación y la cantidad de semanas cotizadas, una medida planteada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el caso de los trabajadores del régimen integral, su cuota subirá de 6.25% a 7%, por un ajuste en la rama de pensiones de invalidez, vejez y muerte (IVM), que según el comunicado del INSS, pasará de 4% a 4.75% en 2020. El Estado aumentará su contribución a la Seguridad Social a 1.25% (antes era de 0.25%), en la rama de enfermedad y maternidad. Las medidas incluyen una deducción de 5% a las pensiones de los jubilados, como aporte de estos para la rama de enfermedad y maternidad.

Aguerri dijo que las “medidas son de orden recaudatorio”, y explicó que, según cálculos del Cosep, con las medidas tomadas por el Consejo Directivo del INSS en 2019 se habrán extraído unos C$7,500 millones de la economía del país, es decir, 1.7% del PIB. Al ser consultado sobre si las medidas adoptadas por el Gobierno permitirán al INSS salir de la crisis financiera que tiene, la cual se expresa en un déficit superior a los C$2,300 millones, Aguerri afirmó que es una solución de corto plazo y dentro de cinco años “vamos a estar enfrentando el mismo problema”.

Si no se caen los ingresos, esta decisión del INSS en los próximos cinco años va a cubrir el déficit y probablemente aumentará sus reservas en no menos de US$300 millones, explicó Aguerri, pero se estima que el faltante del Seguro Social será mayor a los C$3,000 millones en 2019 y de C$7,500 millones en 2022. Por eso, con las medidas adoptadas se llegará a cubrir hasta por lo menos el 2025.

“Con estas medidas se le está sacando a la economía ingresos que están por encima de lo necesario para cubrir el déficit del 2019, 2020, 2021 y 2022, inclusive, y va a haber un aumento de reservas”, explicó el líder del sector empresarial. En un pronunciamiento, que el Cosep tituló “INSS rompe modelo de diálogo y consenso”, la dirigencia empresarial del país expresó que desde el 2013 el sector privado ha hecho propuestas sobre el tipo de modelo de seguridad social que el país necesita.

El Cosep propuso al Gobierno medidas paliativas a largo plazo, entre ellas, reducir gastos administrativos en el INSS, destinar el 50% de la cuota patronal del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) al INSS y valorar la posibilidad de aumentar la edad de jubilación, pero no llegaron a consenso. El pronunciamiento de los empresarios afirma que en el 2014 expusieron al Gobierno que el INSS enfrenta tres problemas estructurales: la informalidad, el elevado nivel de subempleo y la baja productividad laboral.

Asimismo, el empresariado señaló que “cualquier intento de asegurar su viabilidad que no tomara en cuenta la solución gradual de estos tres problemas, constituiría una solución temporal que obligaría a nuevas revisiones en el mediano plazo, situación que hoy estamos viviendo con estas medidas”.

Aguerri recordó que en el 2015 el Cosep no respaldó la Ley de Pensión Reducida y el Decreto Ejecutivo, que aumentó los montos de las pensiones de vejez reducida, porque era una decisión que “iba en dirección contraria al esfuerzo para garantizar estabilidad financiera al INSS”.

Según el Cosep, en aquel momento se hablaba de 8,000 personas que tendrían pensiones reducidas, pero en la actualidad hay 51,000. Solo en ese sector, el INSS desembolsó en el 2017 C$1,659 millones, es decir, un 70% del déficit del INSS.
La cúpula empresarial insistió en que propusieron al Gobierno un listado de medidas que permitirían mejorar la sostenibilidad financiera del INSS a largo plazo, sin afectar la competitividad del país, el empleo, el crecimiento económico y la atracción de inversiones.
  
“La decisión adoptada por el Consejo Directivo del INSS no responde a una estrategia para garantizar el crecimiento sostenido del país, la generación de empleos, el incentivo a la formalidad para incrementar la base de cotizantes, las decisiones de inversión actuales y futuras, y nos harían perder competitividad inmediata en la región, ya que el pasivo laboral de Nicaragua para enero de 2020 se incrementará hasta 52.5%, alcanzando a mediados de este año el porcentaje más alto de Centroamérica, todo lo cual genera incertidumbre sobre las expectativas de crecimiento futuro del país”, subrayó el Cosep.

Sin embargo, el gobierno de Nicaragua publicó en La Gaceta las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que establecen un aumento en las cotizaciones y una deducción del 5% a las pensiones.  El decreto presidencial 03-2018, firmado por el mandatario, Daniel Ortega, indica que el INSS requiere de los cambios para "mejorar el balance financiero del sistema de pensiones".

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