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jueves, 26 de abril de 2018

Estudiantes exigen destitución de jefes policiales en Nicaragua.

Los lideres estudiantes que encabezan las protestas antigubernamentales en Nicaragua exigieron la destitución de los principales jefes de la Policía, a quienes responsabilizaron por la muerte de más de personas durante enfrentamientos la semana pasada.
El "Movimiento 19 de abril" respondio así a los anuncios de un innminente diálogo nacional con mediación de la Iglesia católica, cuya realización confirmó la noche del martes el presidente Daniel Ortega.
"Exigimos la suspensión inmediata" de la directora de la Policía Nacional, Aminta Granera, del subdirector Francisco Díaz y de otros seis altos mandos, así como un proceso judicial con verificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló una proclama de los estudiantes.
Los líderes universitarios, que se mantienen atrincherados en la Universidad Politécnica (Upoli), zona norte de Managua, también exigen la libertad inmediata de cualquier persona que haya sido detenida durante las manifestaciones.
"Pedimos el retiro inmediato de la Policía a sus funciones verdaderas, que son para servir al pueblo, (además de) el cese de la persecución policial a dirigentes estudiantiles y ciudadanos en general", indicaron.
También exigieron garantías de no represalias para los involucrados en las protestas y sus familiares y vecinos y la reconstrucción de los recintos universitarios afectados, entre otras demandas.
En la sede de la UPOLI se mantienen atrincherados decenas de estudiantes de varias universidades, que con frecuencia son rodeados por fuerzas antimotines y por grupos de la Juventud Sandinista como mecanismo de intimidación, según dijeron.
La protesta inició el pasado 17 de abril en Managua, en rechazo a una reforma al Seguro Social, y se agravó por la violenta acción de la Policía y de grupos de choque sandinistas que dejó una treintena de muertos y decenas de heridos y detenidos según organismos de derechos humanos. El Gobierno sólo reconoce 10 fallecidos.
Aunque la reforma fue derogada por el presidente, sectores de la sociedad civil y opositores que apoyan a los estudiantes que exigen "la salida de Ortega y la realización de elecciones libres y transparentes".
Ortega confirmó anoche la anuencia del Gobierno a participar en un diálogo, cuya fecha de inicio e interlocutores aún no han sido definidos. La Conferecia Espiscopal de Nicaragua (CEN) aceptó actuar como "mediador y testigo" del proceso, según anunció su presidente el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua.
Entrevistado por la cadena estadounidense CNN, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, advirtió que el diálogo "debe tener como objetivo la democratización de Nicaragua".
En el proceso "deben participar todos los sectores, sobre todo un diálogo que sea transparente, donde no haya más arreglos de cúpulas, no más pactos debajo de la mesa”, afirmó Báez, un conocido crítico del Gobierno de Ortega.
El prelado dijo que la jornada fue "dolorosa y sangrienta”, y opinó que para que el diálogo sea exitoso Ortega debe asegurar que “nunca más van a volver a aparecer en las calles de Nicaragua estos matones progubernamentales con armas destructivas". De no ser así, "el diálogo corre el riesgo de fracasar”, señaló.
Por su parte, en declaraciones a la cadena televisiva Univisión, el asesor presidencial y ex comandante sandinista Bayardo Arce admitió que el Gobierno "se equivocó" al emitir la polémica reforma, y que la Policía "perdió el control" de las protestas.
Arce dijo que confía en que el diálogo resolverá el conflicto y que "todos esperan" que los responsables de la violencia paguen por sus delitos, pero aclaró que "hay responsables de todos lados".

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