Caracas
Venezuela/ EFE - Los bancos venezolanos han demostrado capacidad para adaptarse
a un entorno turbulento, pero la hiperinflación y una economía que acumula
cuatro años consecutivos de caída, comienzan a afectar al sistema y
paradójicamente, propician que el organismo encargado de la regulación tome
medidas poco ortodoxas para impulsar el crédito.
El
patrimonio es una de las áreas bajo fuego. La hiperinflación tiene como
consecuencia que las empresas y las personas solicitan préstamos de mayor monto
para financiar la poca producción que permanece en pie o cubrir el aumento de
los gastos con la tarjeta de crédito. Pero los banqueros no pueden elevar el
monto de los préstamos sin aumentar continuamente el patrimonio porque están
obligados a mantener una relación mínima entre los fondos propios y los riesgos
que asumen al prestar el dinero de los clientes.
Si el
patrimonio no crece al mismo ritmo de los créditos, las entidades financieras
no pueden seguir prestando porque incumplen con las regulaciones y al cierre de
diciembre la banca prácticamente no tenía como continuar otorgando créditos,
pero la Superintendencia de Bancos, en una medida que marcha en dirección
contraria a la tendencia actual en Latinoamérica, rebajó hasta enero de 2019 el
índice mínimo de patrimonio sobre activos desde 9% hasta 7%.
Los bancos también
están obligados a mantener un índice que relaciona el patrimonio con el riesgo
que se le asigna a cada uno de los activos que tienen en el balance. En este
caso, la Superintendencia optó por disminuir esta ratio desde 12% hasta 11% por
el mismo lapso del anterior.
Además, facilitó su cumplimiento reduciendo el
riesgo contemplado para una larga lista de créditos como los concedidos a la
agricultura, turismo, construcción y microempresas. Al mismo tiempo la
Superintendencia permitió a los bancos ajustar su posición en dólares al tipo
de cambio oficial donde la moneda se ha venido devaluando continuamente, algo
que también permite inflar el patrimonio.
En la mayoría de los países
latinoamericanos la discusión actual está en cómo adecuarse a los
requerimientos que en 2010 adoptó el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
para reforzar la regulación, la supervisión y la gestión del riesgo de los
bancos.
Las
estadísticas oficiales registran que gracias las medidas de la Superintendencia
entre diciembre y enero el patrimonio de la banca venezolana aumentó 460% y la
capacidad crediticia se multiplicó por cinco. Alejandro Cáribas,
exsuperintendente de bancos, resume en un análisis sobre el tema que el
patrimonio creció gracias a las resoluciones de la Superintendencia y no “por
aportes reales de los accionistas”.
El Banco de Venezuela, la principal entidad
financiera del Estado, experimentó el mayor salto en su índice de patrimonio
que aumentó desde 11,2% hasta 145,1%, en momentos en que la administración de
Nicolás Maduro incrementa el gasto en medio de la campaña electoral previa a
las elecciones presidenciales del 20 de mayo.
Agregó que
“la perspectiva del sector de Fitch sigue siendo negativa y refleja
preocupaciones sobre la solvencia y la liquidez en el mediano plazo en el
contexto de la hiperinflación, un empeoramiento de la crisis económica, un
incumplimiento soberano en noviembre de 2017 (default) y la posibilidad de un
ajuste económico agudo”.
“En opinión de
Fitch, los indicadores de desempeño financiero de los bancos son vulnerables al
deterioro en 2018 en caso de un ajuste económico forzado, mientras que las
implicaciones materiales negativas del incumplimiento soberano no pueden
descartarse”, concluye. La Superintendencia de Bancos no parece estar
preocupada por este entorno. Tras alentar el salto del patrimonio el organismo
elevó el monto que los bancos pueden prestar a través de las tarjetas de
crédito.
En el oficio donde explica la medida el organismo admite el
empobrecimiento de la clase media al señalar que los venezolanos “utilizan el
crédito al consumo como un medio de pago complementario al sueldo y salario
percibido mensualmente para la cancelación de bienes y mercancía de primera
necesidad (comida, medicinas, educación, entre otros)”. La morosidad aun no
refleja el empobrecimiento de los venezolanos, la caída en las ventas de los
comercios y el desplome en la producción de las empresas, porque el constante
aumento del total de créditos la diluye.
Al cierre de enero los préstamos con
problemas de pago apenas representan 0,12% del total, pero banqueros
consultados admiten que en algún momento será necesario un ajuste en la
economía que frenará el aumento del volumen de los créditos y elevará las tasas
de interés. Será en este momento cuando la morosidad salte a la superficie. La
rebaja de los índices de patrimonio culmina en enero de 2019 y a partir de ese
momento los bancos tendrán tres meses para cumplir nuevamente con las
exigencias de 9% y 12%.
La Superintendencia de Bancos precisa que durante el
último trimestre de 2018 los banqueros deberán enviarle mensualmente un informe
detallando las acciones que tomarán para fortalecer el capital. En un entorno
donde todo apunta a que la hiperinflación va a mantenerse, los banqueros
estarán forzados a inyectar dinero propio en cantidades importantes para
cumplir con los requerimientos o estarían en riesgo de que sus bancos sean
intervenidos.
La devaluación de la moneda ha convertido al sistema financiero
venezolano en un enano en el contexto latinoamericano, reflejando el hundimiento
de la que hasta hace tres años fue una de las principales economías de la
región. Al tipo de cambio oficial el total de los activos al cierre de 2017 tan
solo representaba 5.700 millones de dólares, una magnitud ínfima en
Latinoamérica que equivale a 15% del tamaño de la banca ecuatoriana.
El Banco de Venezuela, la principal entidad
financiera, contaba en diciembre con activos por el orden de 1.360 millones de
dólares, mientras que el Banco Pichincha de Ecuador disponía de activos por
10.615 millones de dólares y el BCP de Perú por 39.000 millones de dólares.
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