Caracas Venezuela/ El País - La falta
de mantenimiento, la desinversión, la politización de los cargos, la emigración
de personal cualificado y la corrupción han llevado a las refinerías petroleras
venezolanas casi al borde de la zona de colapso. En la actualidad, operan a un
30% de su capacidad, en el mejor de los casos. A la espera de un informe
técnico final, el Gobierno considera cerrar algunas de ellas o reducir su
actividad al mínimo para centrarse en las que puedan ofrecer soluciones
inmediatas.
El
bache, junto a una constante merma en las cotas globales de producción de
Petróleos de Venezuela (PDVSA), que está ya certificada por la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y que es reconocida por miembros del
Gabinete de Nicolás Maduro, está generando fallas graves en el abastecimiento
de combustible.
Rafael
Quiroz, profesor de postgrado en Hidrocarburos en la Facultad de Economía de la
Universidad Central de Venezuela, afirma que la producción petrolera del país
está llegando a sus niveles más bajos en 70 años: 1,5 millones de barriles
diarios. A finales de 1997, la producción petrolera venezolana sobrepasaba
holgadamente los tres millones de barriles, y en 1970 había llegado a arañar
los cuatro millones. Quiroz sostiene que en la OPEP están previendo que el
desplome de PDVSA podría colocar la producción venezolana en el sótano de los
1,2 millones de barriles diarios a finales de este año.
Por
primera vez en su historia, el país ha tenido que recurrir masivamente a la
compra de gasolina importada para cubrir su demanda interna. En muchas ciudades
venezolanas han sido frecuentes, por temporadas, largas filas de coches
aguardando su turno para poder abastecerse. En regiones enteras solo se
consigue desde hace mucho tiempo combustible de 91 octanos. También son muy
escasos, y están exorbitantemente caros, los aceites para motores, las ligas de
frenos, el combustóleo y el combustible para la aviación, todos productos
tradicionalmente abundantes y muy económicos en Venezuela.
Los
mandos de PDVSA están haciendo un esfuerzo por mantener en la pertinencia
operativa la refinería de Amuay, en el Estado Falcón, que pertenece al Complejo
Refinador de Paraguaná, el más grande del mundo, y que comprende además las
refinerías de Cardón y Bajo Grande. La compañía ejecuta traslados de personal y
el uso de repuestos de otros centros del país para mantenerla a flote. Las tres
plantas tienen una capacidad instalada de cerca de un millón de barriles
diarios de petróleo.
La
crisis de PDVSA se concreta en un momento en el cual parte importante de sus
gerentes más conocidos enfrentan graves acusaciones de corrupción. Esto incluye
a sus tres últimos presidentes: el otrora poderoso Rafael Ramírez, mano derecha
de Hugo Chávez, hoy en el exilio y Eulogio del Pinto y Nelson Martínez, que han
ocupado el puesto durante la Administración de Nicolás Maduro y ya están en
prisión.
Para
intentar salvar las operaciones en Amuay, Petróleos de Venezuela intentó
concretar un acuerdo con la petrolera rusa Rosneft, y con China Petroleum
Corporation, aliados tradicionales de Caracas.
El pacto iba a contemplar una
inversión masiva y una reposición total de equipos, que obligarían al Gobierno
de Maduro a hipotecar Citgo (filial estadounidense de PDVSA) como garantía. El
acuerdo no llegó, sin embargo, a concretarse en virtud de la magnitud de las
inversiones planteadas y la imposibilidad que tendrían los inversores en
controlar las decisiones y las utilidades de aquel esfuerzo, impedidos como
están por las propias regulaciones de la legislación venezolana.
“Los
directivos de PDVSA tiene la esperanza de detener esta caída y reactivar la
producción este año, pero algunos de ellos reconocen en privado que va a costar
mucho”, asegura Quiroz. Uno de los impedimentos consiste en el debilitamiento
de su músculo especializado, a causa de la marcha de muchos de sus mejores
trabajadores al exterior en estos años. “La junta directiva actual de PDVSA
está copada por militares que no tienen la menor idea del negocio petrolero”,
explica el profesor.
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