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lunes, 30 de abril de 2018

Nicaragua espera una verdadera comisión de la verdad.


La matanza perpetrada por las fuerzas paramilitares al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y tropas antimotines de la Policía Nacional, ha provocado el peor baño de sangre de la historia de Nicaragua en los años de post guerra.

Desde que terminaron los combates en la guerra entre el Ejército Popular Sandinista y la Contra en 1990, nunca se había producido una pérdida de vidas humanas semejante, en solamente una semana, como resultado de una acción de la cual es directamente responsable el Estado que, en nuestro caso, es el sistema Estado-Partido-Familia, publica El Confidencial.

El horror y estupor que ha causado la muerte de 38 personas a causa de la represión –la mayoría jóvenes estudiantes– solo es comparable con la masacre ejecutada por la dictadura de Somoza contra la población civil el 22 de enero de 1967.

Igual que en esa ocasión, en que nunca se pudo determinar la cantidad exacta de las víctimas, ahora está pendiente una investigación exhaustiva para establecer la verdad, en hospitales, morgues, y el Instituto de Medicina Legal, en los que el régimen ha impuesto el control y la bota del secretismo.

En un régimen democrático, no haría falta esperar el conteo definitivo de las muertes, para reconocer la gravedad de esta masacre y establecer de inmediato las responsabilidades de los culpables, para que sean sometidos a la justicia. 

En una dictadura, en cambio, el manual le ha orientado a Ortega activar el sistema de encubrimiento e impunidad, para que cómo en la historia de El Gatopardo “todo cambie, para que todo siga igual”.

Pero el gobernante ausente y su omnipresente vicepresidente, no solamente intentaron descalificar la protesta llamando a los jóvenes estudiantes “grupos minúsculos”, “vampiros chupasangre”, y “pandilleros”, sino que ordenaron arreciar la represión hasta provocar una verdadera masacre. Solo así se explica la irracionalidad en el uso excesivo de la fuerza policial y paramilitar para sofocar una protesta social, que Ortega advirtió como una amenaza política al monopolio que ejercía sobre el control de las calles.
Mientras tanto, un motociclista irrumpió la mañana de ayer domingo, en la Catedral Metropolitana de Managua para intimidar al cardenal Leopoldo Brenes, en medio de la crisis que atraviesa Nicaragua a causa de manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega por parte de la población apoyada por la Iglesia católica.
"El día de hoy por la mañana en catedral de Managua, minutos antes de iniciar la celebración eucarística de las 8:00 a.m. (14:00 GMT), irrumpió de forma violenta una persona de sexo masculino, motorizado, quien llegando a toda velocidad hasta el presbiterio de catedral, gritó exaltado y de forma retadora: "¿Quién es él quiere la paz?", denunció la Arquidiócesis de Managua en un comunicado.
El incidente ocurrió un día después de que la Iglesia católica anunciara que daría un mes de plazo para que el Gobierno cumpliera con los acuerdos de un eventual diálogo nacional, en el que los obispos han sido invitados como mediadores.
El anuncio fue leído por el cardenal Brenes la tarde de ayer sábado, ante una multitud pocas veces vista en Nicaragua en las últimas décadas, que congregó a personas que piden que Ortega salga del poder.
La descripción del motociclista, que tras el incidente fue invitado a abandonar la sede católica, coincide con motorizados que pertenecen a las fuerzas de choque del Gobierno, a quienes la población y organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan de causar la muerte de al menos 42 personas durante la represión contra manifestantes ocurrida la semana pasada.
Brenes repudió la "acción provocativa" e invitó a los católicos a orar en sus hogares para que la crisis sociopolítica en Nicaragua sea superada. "Es urgente restaurar la paz en Nicaragua y la primera que quiere la paz es la iglesia", remarcó la Arquidiócesis de Managua.
La religión católica es la más seguida en Nicaragua, con un 58,5 por ciento de la población, según datos oficiales.
Las protestas contra Ortega iniciaron hace 12 días en reclamo por medidas de seguridad social que elevaban las cuotas, reducían las pensiones y establecían la cotización perpetua, y no mermaron el domingo pasado, cuando el presidente se retractó, debido al saldo mortal.
A pesar de que las represiones de Ortega disminuyeron el lunes, ahora la población exige la renuncia del presidente y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, porque los consideran represivos, corruptos, violadores de los derechos humanos y las libertades públicas.
Los nicaragüenses también señalan al mandatario por supuestos fraudes electorales, las continuas alzas de los combustibles, el actuar impune de la Policía, las muertes sin explicación de campesinos que se oponían al Gobierno, el discurso oficial de "paz y reconciliación" que supuestamente no refleja la realidad del país, entre otros.

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