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jueves, 19 de abril de 2018

Ortega reprime protestas contra reformas al seguro social.


Ortega impone su controvertida reforma a la Seguridad Social que ha despertado la protesta de los nicaragüenses.  La capital de Nicaragua, Managua y otras ciudades importantes se encendieron contra las medidas decretadas por el régimen de Daniel Ortega, para intentar de salvar el seguro social.

Ante la ola de protestas en todo el país, Ortega y su mujer la vice presidenta del país, Rosario Murillo, mandaro a “resguardadar” los importantes centros capitalinos por miembros del partido de la llamada Juventud Sandinista, listos para amedrentar o reventar las manifestaciones que se organizaban para protestar contra  dichas reformas.

El decreto presidencial incluyen un controvertido recorte del 5% a las pensiones y aumentos en las contribuciones que entregan la patronal y los trabajadores, para “rescatar” al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), un sistema en estado de coma debido a once años de administración ineficiente y utilización de sus fondos para financiar dudosos proyectos de inversión de personas ligadas al mandatario, según investigaciones de la prensa independiente nicaragüense.

Las reformas fueron anunciadas la tarde del lunes por el presidente del Consejo Directivo del INSS, Roberto López, pero fueron oficializadas el jueves por Ortega, a través de un decreto publicado en el diario oficial del Estado. Estas reformas, criticadas por economistas y despreciadas por las cámaras empresariales, establecen un aumento sustancial en los aportes que deben dar a la Seguridad Social tanto la patronal como los trabajadores, además de disminuir el valor de las futuras pensiones en hasta un 12%. 

Pero la medida que más ha generado estupor entre los nicaragüenses es un recorte del 5% de las pensiones que reciben cientos de miles de jubilados, que en la mayoría de los casos devengan una mísera pensión por jubilación, a pesar de haber trabajado una vida para garantizarse este derecho. Esa reducción en las pensiones –según la explicación oficial– es para financiar el acceso de los jubilados a atención médica y medicinas.

Manuel Ruiz, uno de los principales expertos en la materia en Nicaragua, explicó que la medida es inconstitucional y viola las leyes del país, porque es el Parlamento el que debe crear tributos y no funcionarios del Estado, además de que violenta los derechos de los pensionados a recibir atención médica y medicamentos sin que estos se le deduzcan de sus pensiones.

Ruiz, que catalogó las reformas como “inhumanas e insensibles”, criticó que el Gobierno no redujera el altísimo gasto administrativo del INSS, que mantiene empleados a miles de trabajadores súpernumerarios o que se conozcan los resultados de los préstamos para inversiones, que han beneficiado a personas cercanas al presidente Ortega.

Las principales cámaras empresariales del país también rechazaron las reformas, al considerarlas un golpe a la de por sí raquítica economía nicaragüense. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) informó en un comunicado que rompía el “diálogo y consenso” con el Gobierno, en alusión a la relación cercana que hasta ahora funcionaba bajo un esquema en el que las dos partes tomaban todas las decisiones importantes en Nicaragua, sin involucrar a organismos de la sociedad civil, organizaciones sindicales o agrupaciones políticas. 

La decisión de Ortega fue calificada por el COSEP como una “señal política sobre temas económicos que provoca desconfianza” y que envía “señales inciertas” para preservar el clima de negocios, atraer inversiones y generar empleos.

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) también mostró su preocupación por las reformas. Sus directivos dijeron a través de un comunicado que estas golpean de forma directa “los ingresos de miles de nicaragüenses en la economía formal, y la competitividad del país”, además de tener efectos en el desarrollo.

El economista Adolfo Acevedo advirtió que estas medidas afectarán a miles de medianas y pequeñas empresas que tendrán que asumir la carga del aumento en el aporte a la Seguridad Social impuesto a la patronal. “Significaría un incremento considerable en los costos que se agregan a los salarios”, dijo Acevedo, por lo que las empresas grandes o medianas “buscarían mecanismo para reducir la afiliación de sus trabajadores al sistema”, mientras que las pequeñas tendrían “problemas financieros y de liquidez muy serios para hacer frente a estos costos más altos, creando un formidable desincentivo para la formalización” de los trabajadores. Es decir que se podría producir un aumento en el desempleo y en el sector informal de la economía. 

“Todas las empresas se verían compelidas a reducir personal y los incrementos salariales para compensar el aumento del aporte patronal”, advirtió.
Ortega recibió en 2007 –cuando asumió el poder en Nicaragua– el sistema de Seguridad Social saneado y con superávit. Once años después de ineficiente administración sandinista, la institución está en banca rota y con un déficit de más de 71 millones de dólares. 

El Gobierno espera recaudar unos 220 millones de dólares para “salvarla”, mientras que los nicaragüenses expresaron su rechazo a las reformas, consideradas un “asalto” del Estado a su economía.

El jueves, cuando centenares de ellos intentaron manifestarse en Managua y otras ciudades importantes del país, se encontraron con la orden oficial de movilizar a sus huestes para intimidar o reventar cualquier protesta. Es la política orwelliana de “amor y paz” promulgada por Rosario Murillo, la vicepresidenta, esposa de Ortega y administradora de hecho del Estado.

Mientras tanto, delincuentes motorizados de la juventud sandinista destruyeron negocios y vehiculos en camino de oriente bajo el resguardo de la policia nacional. De igual manera resultaron heridos y asaltados varios jóvenes que se encontraban en el lugar en la macha pacífica contra la resolución del inss.

Los antimotines llegaron al lugar, pero los protestantes en contra se mantuvieron en la carretera a Masaya. Varios colegas denunciaron el robo de sus equipos de trabajo.
100% Noticias sufrió el robo de una cámara profesional por parte de los simpatizantes sandinistas, quienes le arrebataron a uno de nuestros colaboradores una cámara de video profesional, micrófono y equipo de transmisión, valorados en más de 25 mil dólares.

El Camarógrafo de 100% Noticias, René Cuadra, manifestó que varios sujetos lo agarraron por la espalda y le arrebataron su equipo de trabajo, saliendo huyendo abordo una camioneta.

Cuadra alertó a un oficial de la Policía que estaba al lado de lo ocurrido, pero este no hizo nada. Además quisieron hurtarle el teléfono celular a la periodista de 100% Noticias, Leticia Gaitán, mientras realizaba su trabajo.

Por su parte los obispos católicos, Abelardo Mata y Jorge Solórzano, vocero de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y presidente de la pastoral de la juventud, respectivamente, el Gobierno de Nicaragua debe dejar que los jóvenes se expresen pacíficamente en las calles.

“Es un derecho que tienen como ciudadanos. Los jóvenes están llamados a renovar la Iglesia y la sociedad, y eso espera la Iglesia de ellos”, aseguró Solórzano al concluir una reunión de la CEN en Managua.

Solórzano respondió de ese modo cuando se le preguntó sobre las agresiones de la Juventud Sandinista contra jóvenes autoconvocados que protestaron recientemente contra la falta de eficacia del Gobierno en el caso del incendio de la Reserva Biológica Indio Maíz.

“Siempre debe haber respeto a la dignidad humana, respeto a los jóvenes”, insistió el religioso. ¡Qué los dejen expresar!

Otro de los que se pronunció fue monseñor Abelardo Mata, vocero del CEN, quien hizo un llamado al Gobierno para que cese el acoso contra los jóvenes.
“Que se deje expresar a un pueblo, porque entre más se reprime a un pueblo más la olla se llena de presión y esto va a saltar por los aires”, advirtió el prelado.


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