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viernes, 6 de abril de 2018


Régimen de Daniel Ortega,  los empresarios del COSEP y los sindicatos oficialistas iniciaron a escondidas  las negociaciones para la reforma que rescataría de la crisis al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Expertos en el tema, afirman que la propuesta es aumentar el porcentaje que aportan los trabajadores y las empresas.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo que iniciaron las negociaciones a espaldas de los cotizantes, pensionados y jubilados  y  que aspiran a un acuerdo tripartido, en el que todas las partes asuman su cuota de responsabilidad para enfrentar el problema.

Actualmente, las empresas pagan al Seguro un 19.5% del salario de cada trabajador, mientras a estos se les deduce del propio ingreso un porcentaje del 6.25%. La propuesta extraoficial que el Banco Central de Nicaragua (BCN) habría presentado al sector privado implica aumentar el aporte patronal en un 3.5% (para un total del 22%) y el del empleado en un 0.75% (para un total de 7%).

El Estado acumula una “deuda histórica” con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, desde que en 1979 el primer Gobierno sandinista dejó de pagar la cuota del 0.25% de la nómina salarial de los afiliados activos. Los demás Gobiernos continuaron la práctica, y en 2013 esa deuda se calculó en más de 500 millones de dólares.

Aquel año, el Gobierno actual acordó que pagaría la deuda en cuotas anuales a un plazo de cincuenta años. Sin embargo, durante una revisión en mayo del año pasado, el Fondo Monetario Internacional reveló que el Estado no estaba cumpliendo su contribución de 0.25 por ciento, adicional al pago de su deuda histórica.

El economista Adolfo Acevedo asegura que “por supuesto, resulta difícil esperar que el Cosep, el único organismo con el cual el Gobierno discute a puerta cerrada estos asuntos, acepte unas propuestas que descansan en buena medida sobre el aumento del aporte patronal”.

“Esto significa –añade– que existe una buena probabilidad de que el resultado de la negociación sea que se reduzca el aporte patronal propuesto, y que en compensación también se incorporen algunas medidas respecto a las cuales el FMI mostró mayor inclinación: en primer lugar, algún aumento en la edad de jubilación, y en segundo, una reducción apreciable en el monto de las futuras pensiones”.

Sin embargo, el especialista sostiene que “lo que hace que las reformas deban recaer con tanta fuerza sobre el aumento de las tasas de cotización y/o sobre la evolución futura de las pensiones, es que no se contempla, en lo absoluto, que el Presupuesto asuma el financiamiento de aquellas funciones que corresponden a la función de Protección Social del Estado, cuyo financiamiento ha sido hecho recaer sobre el INSS”.

Por su parte, Manuel Ruiz, uno de los más expertos en el tema, afirma que  “El Seguro Social aún tiene salvación”. Permitir la quiebra del sistema de pensiones, administrado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), atentaría contra la paz social del país, a criterio de Manuel Israel Ruiz, experto en temas actuariales.

Ruiz opina que el problema social de eliminar la pensión reducida, (que es una de las decisiones que aceleró la debacle financiera del INSS) o cargar al Presupuesto General de la República los 55 millones de dólares anuales de su costo, “es un problema pequeño, con relación a que digan que no hay dinero”.

Lo dice porque, en ese caso, el Estado tendría que incluir esos 600 millones de dólares en el Presupuesto anual, para cubrir 30 millones de dólares mensuales que se pagan en concepto de pensión, más lo que se entrega a las empresas médicas previsionales, “así que veríamos cómo esos 144,000 pensionados de vejez salimos a la calle a pedir limosna, y esto es inaceptable en pleno Siglo 21”.

Desde hace varios años, los expertos saben que el Instituto terminaría de gastar un año antes o un año después del 2020, los más de 13,000 millones de córdobas en reservas que logró acumular a lo largo de las últimas décadas, por la sencilla razón de que cada año gasta mucho más de lo que recibe, al punto que el déficit superó los 2,200 millones de córdobas en 2017.

El experto detalla que la administración del Instituto necesita emprender tres acciones urgentes para resolver su déficit financiero, comenzando por lograr que el Estado le transfiera los recursos necesarios para pagar 51,000 pensiones reducidas de vejez y de viudez, que en 2017 sumaron 1,660 millones de córdobas.

También debería hacerse lo mismo con las dos mil pensiones especiales no contributivas que están a cargo exclusivo del Estado –pero las paga el INSS- con un monto anual de 37 millones de córdobas.

El tercero es lograr que los gastos administrativos del Instituto se limiten al 6.5%, tal como lo establece el acuerdo número 7 del Reglamento Financiero, en vez del 13% y más que se gasta en la actualidad, lo que implica un gasto extra de 1,500 millones de córdobas.

Si el Estado asume esos casi 3,200 millones que suman esos tres rubros, “se resolvería de manera inmediata el asunto del déficit financiero que tiene el seguro social… no hay ningún argumento, ni económico ni político, para no reformar el Presupuesto de la República a lo inmediato” valoró Ruiz.

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