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sábado, 26 de mayo de 2018

Antonia Urrejola: “Comisión de la Verdad de Ortega no tiene garantías mínimas de credibilidad”.


Antonia Urrejola, La Tercera abogada chilena y relatora de la Comisión Interamericana de DD.HH. para Nicaragua entrega detalles de su reciente visita a ese país, con motivo de las protestas que han dejado, al menos, 76 muertos. “Era necesario ir cuanto antes, precisamente para facilitar el inicio del diálogo, respecto del cual hay mucha desconfianza”, comenta.

“El ambiente es muy efervescente y muy polarizado”, reconoce. En su calidad de relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua, la abogada chilena Antonia Urrejola realizó una visita de trabajo a ese país entre el 17 y 21 de mayo. 

Su objetivo: observar en terreno de manera preliminar la situación de los DD.HH. en relación con las protestas que han tenido lugar desde el 18 de abril contra el gobierno del Presidente Daniel Ortega -y que han dejado al menos 76 muertos-, documentar estos hechos y emitir las primeras recomendaciones concretas al Estado. En esta entrevista con La Tercera, Urrejola entrega detalles de esta visita.

¿Qué balance hace de la visita a Nicaragua, considerando que en principio el gobierno era renuente a ella?

Consideramos que era necesario ir cuanto antes, precisamente para facilitar el inicio del diálogo, respecto del cual hay mucha desconfianza. Nuestra apuesta fue facilitar un proceso que se está recién iniciando y dado que nuestra visita fue una de las condiciones de la Conferencia Episcopal para iniciar el diálogo. 

Desconocemos cómo va a terminar, pero la idea era ir a aportar a ese proceso y por eso fuimos y organizamos una visita en 48 horas, en una situación además atípica, porque hicimos la visita al país en medio de una crisis. Si bien nuestro rol era dar ciertas garantías, también podía ser leído como estar a favor o en contra de lo que está sucediendo en ese momento. Tengo que decir que el Estado de Nicaragua facilitó toda la visita. Parte de las preocupaciones de algunos sectores era que íbamos a ser utilizados y eso no se dio, para nada.

¿Y tuvieron la oportunidad de reunirse con el Presidente Ortega?

No. Toda nuestra relación con el Estado antes de llegar y mientras estuvimos allá fue con el canciller y la vicecanciller. Con ellos nos coordinamos permanentemente y nos armaron una agenda de acuerdo con lo que nosotros habíamos solicitado. Pero no fue posible tener una reunión con el Presidente ni la vicepresidenta.

Dentro de las recomendaciones de la CIDH está el cese inmediato de la represión de las protestas. ¿Tuvieron algún pronunciamiento formal del gobierno al respecto?

El Presidente Ortega anunció la semana pasada que había dado órdenes a la Policía de no continuar con la represión. Pero efectivamente han continuado las protestas y hemos escuchado los testimonios de centenares de personas denunciando que la represión ha continuado.  

Efectivamente la policía tiene el deber de resguardar el orden público pero de la información que recibimos, el uso de la fuerza por parte de la Policía fue desmedida y desproporcionada. Por eso al llegar, en nuestra declaración inicial, y en nuestro informe preliminar antes de irnos, hemos insistido en el cese a la represión. Nuestro informe fue el lunes, entonces ha pasado muy poco tiempo para ver cómo va a seguir esto, pero hemos tomado conocimiento de que uno de los acuerdos de la mesa de diálogo, el mismo día lunes 21, fue hacer suyo nuestro informe preliminar y sus recomendaciones. 

Entonces yo creo que eso ya es una muy buena señal. Otra de las recomendaciones fue desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan a la población civil. ¿Obtuvieron algún compromiso en este punto?

Dado que la mesa de diálogo ha hecho suyo nuestro informe, y el gobierno es parte de esa mesa, puedo deducir de aquello que el Estado ha asumido el compromiso de implementar nuestras recomendaciones. Nos preocupa enormemente la represión por parte de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales que actuarían con el apoyo de agentes estatales. 

También le planteamos al Estado en reiteradas ocasiones su obligación de no permitir la existencia de estructuras represivas, investigar los hechos en los que han participado e identificar y sancionar a los responsables. Por eso, una de nuestras recomendaciones es desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil.

¿A dónde apunta la recomendación de crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos? ¿Esto pone un manto de duda sobre la composición de la actual Comisión de la Verdad instaurada por el gobierno de Ortega?

Sí, efectivamente y se lo dijimos al Estado. En nuestra opinión, la Comisión de la Verdad, por los testimonios que recibimos, no tiene las garantías mínimas de credibilidad en la sociedad civil y, sobre todo, para los familiares de las víctimas. 

Ese es un elemento esencial. Parte del problema, le dijimos, es que esta comisión no se generó con una la debida participación de los familiares de las víctimas y de la sociedad civil. ¿Cuál fue su percepción del ánimo de los nicaragüenses, que pasaron de protestar contra la reforma de la Seguridad Social a pedir derechamente la salida de Ortega? 

La salida de esta crisis es un tema sobre el cual no nos pronunciamos, es un tema que tienen que ver los propios nicaragüenses a través de la mesa de diálogo u otras instancias. Confiamos en la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional para el pueblo nicaragüense.

Mientras tanto, anoche al menos cuatro personas resultaron gravemente heridas en la comunidad el Quebracho de Teustepe-Boaco, luego que una caravana del Gobierno dirigida por paramilitares, disparará en contra de una pequeña concentración que estaba en un tranque.

Una de los cuatro heridos se encuentra en estado delicado, pues se conoció que recibió un disparo cerca de la cabeza. Hasta el momento no se ha confirmado su deceso.

Este nuevo ataque de las turbas paramilitares provocó  la reacción del Obispo Auxiliar Silvio Baé, quien en su cuenta de Twitter, pidió el fin de la represión. El tuit de Báez etiquetó a la cuenta de Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Alberto Jarquín Sequeira, de 25 años cuenta que él se encontraba en el tranque con su hijo, cuando de repente paso una caravana del Gobierno y dispararon a la gente sin mediar, de manera que el trató de cubrir a su hijo. Jarquín tiene 12 heridas de charneles.

Por su parte José Antonio Cuadras, de 23 años informó que él estaba en la casa de su novia, que se ubica cerca del tranque, cuando resultó herido. Las personas heridas no fueron trasladadas al hospital sino a una clínica privada, pues temen que en el hospital no los atiendan.

Marlon Orozco Largaespada, de 48 años, fue asesinado por unos seis sujetos la noche de este jueves de un disparo en la frente en la entrada al barrio Villa Libertad, en Managua. Orozco, quien era obrero de la construcción, se movilizaba junto a tres personas más en un vehículo al que los sujetos le dieron persecución.

Orozco y las otras dos personas llegaron a eso de las 11:00 de la noche a una gasolinera que está ubicada a un costado del puente a desnivel en Rubenia. Tras llenar el tanque del vehículo con combustible se dirigieron hacia Villa Libertad.

“El Gobierno me mató a mi marido. No entiendo por qué asesinan a inocentes. Él no le hacía mal a nadie, pero ya vendrá la justicia. Lo que le hacen al pueblo lo van a pagar”,  denunció Francis Mejía, esposa de la víctima.

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