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miércoles, 30 de mayo de 2018

El diálogo no logrará democratizar Nicaragua. La calle sí.


Por Humberto Belli / El diálogo lo propuso Ortega como salida para sobrevivir una explosión que lo cogió desprevenido. Dialogando, pensó, desmovilizaría, por cansancio o represión, al pueblo. El jamás negociará su poder ni adelantará elecciones porque le convenzan razones brillantemente articuladas. 

Lo más que podría conceder serían reformas parciales, fáciles de burlar después. Lo único que podrá obligarlo a ceder de verdad sería una presión formidable; un serio cambio en la correlación de fuerzas.

Tiene toda razón doña Francisca Ramírez, lúcida líder campesina, en insistir en que si ellos desmotan los tranques y la presión, Ortega, lejos de ceder, cogería nuevos bríos e incluso perseguiría a sus opositores. En consecuencia, lo que ella sugiere es arreciar ya la resistencia a fin de salir de la dictadura y democratizar el país.

Es el momento. Más cuando ya es obvia la falta de voluntad gubernamental de ceder en lo esencial. Indudablemente, una insurrección cívica masiva no estará exenta de riesgos y costos. Pero será más alto el costo de no hacerla y entrar en una situación de desgaste prolongado en que cundirán quiebras, ruinas y muertes.

Rebelarse contra gobierno que violan los derechos fundamentales es una vía reconocida como legítima por prestigiosas declaraciones. El acta de independencia de Estados Unidos, tras consignar que los gobiernos se instituyen para garantizar los derechos de los hombres, sentenció que “cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno…
 
La declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución francesa, del 24 de junio de 1793 precisó en su artículo 35 que “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”.

Es pues hasta un deber de conciencia exigir el cambio de un gobierno que, como el de Ortega, no solamente ha violado la constitución, las leyes y el derecho a la libre elección, sino el más fundamental de los derechos; el derecho a la vida. Hacerlo sería, también, una expresión de la dignidad de los nicaragüenses. Cervantes lo expresó en el Quijote: "Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida".

Esto no es un llamado a la lucha armada sino al tipo de luchas cívicas masivas que han probado su efectividad en muchas partes del mundo. Semanas de resistencia en las calles botaron a Ubico en Guatemala, Marcos en Filipinas, Mubarak en Egipto, Milosevic en Serbia, Yanokovich en Ucrania, etc. Cuando el pueblo se lanza a la calle, en masa y unido, las dictaduras tiemblan. 

El sector privado no debe temer la repetición de 1979, cuando, de acuerdo con un editorial (END), “selló su propia autodestrucción, al apoyar ciegamente una causa”. 

Hoy no está en el horizonte el triunfo de una ideología comunista armada por Fidel Castro, sino un proceso político que, con la participación de ellos y otras fuerzas, bien puede conducir a elecciones libres y a la restauración democrática.

Un escenario, en el cual sector privado, iglesias, jóvenes y fuerzas vivas del país, no solo se pusiesen de acuerdo en llamar a enfrentar cívicamente la dictadura, sino que decidiesen marchar al frente de las protestas, sería un tsunami político difícil de resistir. Hora de arriesgarse por la patria y pedirle a Dios su protección y ayuda.  

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