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miércoles, 30 de mayo de 2018

El informe "Disparar a matar", revela el alto grado de criminalidad del régimen de Daniel Ortega.


Amnistía culpa a Ortega de una represión "letal" y eleva a 83 los muertos. Amnistía Internacional (AI) culpó al Gobierno de Daniel Ortega de implementar y mantener una estrategia de represión "en ocasiones intencionalmente letal" y elevó a 83 el número de muertos durante la crisis sociopolítica en Nicaragua.

Según el informe "Disparar a matar", presentado hoy por esta organización en Managua, "existen razones para pensar que las autoridades nicaragüenses, incluso las más altas, implementaron y mantuvieron una estrategia de represión, en ocasiones intencionalmente letal, a lo largo de las semanas de protesta".

De acuerdo con el estudio, "no solo se privó arbitrariamente de la vida en el marco de la protesta y del uso excesivo de la fuerza, sino que además considera que con base en el patrón identificado, un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales".

"Estamos frente a una política sistemática de represión violenta por parte de las autoridades del Estado contra los manifestantes", indicó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.
Pese a que la sociedad nicaragüense deposita todas sus esperanzas en la reanudación del diálogo nacional, todavía sin convocar, la directora de AI mostró su desconfianza con la postura del Gobierno.

"Hay poca confianza en que el Gobierno, y particularmente el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, tenga una verdadera voluntad de buscar una solución pacífica y duradera", señaló Guevara en una entrevista con Efe.

El informe presentado esta mañana fue realizado en Nicaragua por un equipo de expertos de Amnistía Internacional entre el 4 y el 13 de mayo pasados "para investigar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos" en las ciudades de Managua, León, Ciudad Sandino y Estelí.

La misión realizó más de 30 entrevistas personales, y el estudio y documentación de 16 casos, 9 de ellos de personas fallecidas. Durante su investigación, la organización humanitaria internacional identificó, entre otros, un discurso de negación e invisibilidad de la represión y sus consecuencias, la estigmatización pública por parte del Gobierno hacia los manifestantes, y la utilización de grupos parapoliciales.

"La aquiescencia estatal con la que actúan estos grupos se manifiesta en el hecho de que la mayoría de los ataques se comete por particulares en presencia de la fuerza pública o en coordinación con ellos, y en el hecho de que la Policía no persigue su actividad delictiva sino que permite su huida y dispersión", indicó.

El estudio también coincide con la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en graves denuncias como el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y antimotines, la ejecución extrajudicial de personas, los actos de encubrimiento y obstaculización en la investigación y la denegación de la atención médica en los hospitales.

"La organización ha obtenido información a través de entrevistas, imágenes y vídeos que indica que la autoridad habría ejercido un uso indebido de la fuerza, a través del uso inadecuado de armas", señala el informe.

"Amnistía Internacional considera que existe un patrón que indicaría que los grupos parapoliciales, la Policía Nacional y las fuerzas antimotines, causaron la muerte de manera intencional, en un significativo número de casos", agrega el documento.

Entre las evidencias encontradas por la organización humanitaria se encuentran la localización de disparos en cabeza, cuello y tórax y los actos de encubrimiento y obstaculización de las investigaciones mediante omisión de exámenes médicos, la falta de exhaustividad en el tratamiento de las pruebas o los obstáculos al acceso a la justicia.

"Dejen de matar a los estudiantes y los jóvenes, porque son el futuro del país y los están matando como a perros", indicó la activista nicaragüense Bianca Jagger durante la presentación del estudio.

Para Jagger, "en Nicaragua tenemos una guerra sucia contra los estudiantes y la población civil, quienes están desarmados, aquí no tenemos una revolución, tenemos una demanda cívica de los manifestantes".

Esta situación tiene un paralelismo con la experimentada por los nicaragüenses en 1979 durante la dictadura de Somoza, pero a juicio de Jagger "tal vez los Ortega sean peores que los Somoza".

"No sean ilusos y recuerden a Somoza, no sé como no le da vergüenza (a Ortega) haberse convertido en un dictador y seguirle los pasos a Somoza", comentó.
Para la activista, la única solución para poner fin a esta crisis pasa por la salida de Ortega y Murillo y "unas elecciones libres, gozar de libertad y tener respeto a los derechos humanos, en definitiva, una democracia".

María Elsa Aburto desconoce el paradero de su hijo, Kennett Romero Aburto, desde el 26 de mayo, cuando un grupo de encapuchados bajó de una camioneta Toyota Hilux a secuestrarlo. En segundos, el comando de paramilitares redujo al joven de 23 años y a otros amigos que estaban con él en una tienda del barrio El Riguero de la capital.

Los vecinos de la zona alertaron a la madre del secuestro. Aburto cayó en el desconcierto. “¿Por qué se llevaron a mi hijo?”, “¿adónde se lo llevarían?”. “Él es un chavalo sano, nunca ha estado en problemas ni preso. No entiendo”, dijo la mujer. Pero la otra duda, la que más le atribula, es el paradero del joven.

“He ido al Distrito I de la Policía y a El Chipote (Dirección de Auxilio Judicial), y me dicen que su nombre no está en las listas”, denuncia la mujer. Quienes secuestraron a su hijo no fueron oficiales policías, sino grupos irregulares que este fin de semana sembraron el terror en Managua y en otras ciudades del país.

Los paramilitares rondaron en camionetas los barrios donde quedaban barricadas de protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en estos operativos irregulares hubo un patrón de secuestros con violencia, tortura y asesinato.

“Es grave, porque al no ser fuerzas policiales estas capturas constituyen el delito de secuestro”, dijo Braulio Abarca, abogado del Cenidh.

Este fin de semana al menos cuatro personas fueron asesinadas por grupos paramilitares. El caso más llamativo fue el de joven  Keller Steven Pérez Duarte, cuyo cadáver fue encontrado con signos de tortura en la Cuesta el Plomo, en Managua.

“Yo quiero a mi hijo de vuelta y con vida”, demandó Aburto al comandante Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo, al no encontrar a Kennett Romero en los centros policiales.

Según la mujer, su hijo participaba en las protestas pacíficas de #SOSNicaragua por lo que no descarta que el secuestro sea una represalia.

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