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martes, 8 de mayo de 2018

Familiares de asesinados en protestas cívicas señalan a Policía por sus muertes.


Juan Carlos Gahona, hermano menor del periodista nicaragüense Ángel Gahona, asesinado el 21 de abril pasado mientras cubría una manifestación contra el presidente Daniel Ortega, señaló este martes a la Policía Nacional de ser responsable de esa muerte.

"Pienso que fue la Policía", dijo en rueda de prensa el hermano del periodista asesinado en las oficinas del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), en Managua, donde denunció, además, que el Ministerio Público no le ha notificado como parte ofendida sobre el juicio, pese a que fue él quien interpuesto la denuncia.

"Cuando asesinan a mi hermano Ángel, él está rodeado únicamente de policías. Ya habían terminado las manifestaciones (y) no hay manifestantes en 100 metros a la redonda", apuntó. Aseguró que al momento del suceso, el jefe de la Policía del municipio de Bluefields, Manuel Valle Corea, estaba entre tres a cuatro metros de donde estaba su hermano, por lo que presume que "él sabe quien disparó".

"Me atrevería a decir que dio la orden. Pudiera ser que dio la orden. Él debe ser uno de los investigados", continuó. El reportero Ángel Gahona fue asesinado de un disparo el 21 de abril pasado cuando transmitía en Facebook Live las protestas antigubernamentales en Nicaragua por una fallida reforma a la seguridad social.

La Fiscalía acusó al afrodescendiente Brandon Cristofer Lovo como autor del disparo que mató a Gahona. El juez Sexto del Distrito Penal de Audiencia de Managua, Henry Morales, ordenó este martes prisión preventiva contra Lovo durante la audiencia preliminar del juicio.

Junto con Lovo fue incriminado Glen Slate, a quien el Ministerio Público señaló de ser "colaborador necesario". Ambos fueron acusados de los delitos de asesinato contra Gahona y asesinato en grado de frustración contra el agente policial Carlos Anselmo Rodríguez, así como de exposición de personas al peligro, además de porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

La defensa alegó que ninguno de los acusados se encontraban presentes en el lugar del asesinato. Luego de la decisión del juez, los familiares de Gahona reiteraron públicamente que ninguno de los acusados estaba presente cuando falleció el periodista e insistieron en que fueron agentes de la Policía Nacional quienes lo mataron.  Además, su hermano denunció que no fueron notificados para estar presentes en esa audiencia preliminar, que calificó como "un circo".

"¿Por qué nos están excluyendo de este caso?, ¿qué esconden?, ¿a quién tapan (protegen)?", preguntó Juan Carlos públicamente al Ministerio Público y a la Policía Nacional.

Asimismo, demandó una investigación profunda, imparcial y apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "para que este caso no quede en la impunidad".

Gonzalo Carrión, del Cenidh, anunció que darán seguimiento a ese caso y criticó al Ministerio Público por violar el debido proceso.

Desde hace 21 días Nicaragua atraviesa una crisis originada por multitudinarias manifestaciones a favor y en contra de Ortega, que comenzaron exigiendo medidas de seguridad social y continuaron a pesar de que el mandatario revocó su decisión.
Las manifestaciones y enfrentamientos violentos han causado al menos 47 muertos, la mayoría entre el 18 y el 22 de abril pasado, según el Cenidh, mientras que otras organizaciones humanitarias elevaron a 63 el número de los fallecidos.

Nicaragua está pendiente del comienzo del diálogo que protagonizarán el Gobierno y el sector privado, con la Conferencia Episcopal (CEN) como mediadora, cuya fecha está pendiente.

Por su parte, los familiares de Orlando Pérez y Franco Valdivia, los jóvenes abatidos la noche del 20 de abril en la ciudad de Estelí, denunciaron que la Policía Nacional está tipificando sus crímenes como “homicidios” y no como “asesinatos”. 

Las madres de ambos, Socorro Corrales y Francisca Machado, llegaron la mañana de este martes a la sede central de la Fiscalía General de la República para “informar de esta anormalidad en la investigación”. Esperaban que la fiscal Ana Julia Guido las recibiera, pero no sucedió. “Cuando los cuerpos de los muchachos fueron exhumados, ella nos prometió en Medicina Legal que la buscáramos cuando necesitáramos comunicarles algo. 

Ella se nos puso a disposición”, dijo Corrales, profesora de primaria de un colegios público en Estelí. Sin embargo, la funcionaria no estuvo disponible. A las madres las acompañaron las hermanas de las víctimas, Aracely Pérez y Francis Valdivia. “La policía está haciendo una calificación provisional del delito como homicidio, y en este caso es un asesinato tanto de mi hermano Franco como de Orlando”, dijo Valdivia, abogada de profesión. 

La razón de Valdivia por la que los crímenes de los joven debe ser tipificada como asesinato, es que “hubo alevosía y ensañamiento. Mi hermano no tenía nada en sus manos al momento que lo mataron. Fue un blanco. Lo asesinaron de un disparo en la cabeza y a Orlando de un disparo en el pecho. Existe suficiente evidencia de cómo los asesinaron”, dijo la hermana de Franco. 

El Código Penal establece que para el delito de homicidio la pena oscila entre los 6 y 14 años. Mientras que el asesinato entre 15 y 30 años. “No les están dando información necesaria a los familiares y eso genera un clima de impunidad. El tipo de calificación de delito debe ser correcta para el acceso a la justicia”, aseguró Salvador Marenco, asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). 

Los familiares también demandaron a la fiscalía que gire oficios para ordenar a la Policía Nacional que revele los nombres de los oficiales que estaban asignados al perímetro del parque central de Estelí la noche del 20 de abril, donde fueron asesinados los dos universitarios.

Orlando y Franco cayeron en frente de la alcaldía de Estelí, cerca de los baños públicos del parque. Según los testigos, “los disparos” salieron del edificio municipal. Tanto los amigos de los jóvenes como los familiares, sostienen que en la alcaldía “habían francotiradores”.  “Queremos saber quiénes brigadas especiales, Dantos o como se llamen. Porque la policía no funciona sino existe un trabajo logístico de previo. 

Ellos están organizados y saben quiénes estaban en el perímetro de la alcaldía”, demandó la abogada Valdivia. Asimismo, demandaron a la Fiscalía que la alcaldía revele los nombres de los funcionarios que estaban dentro y fuera del edificio esa noche, y quiénes estaban armados para esclarecer los crímenes. 

Los familiares pidieron además otro oficio para pedir a los negocios circundantes al parque central de la ciudad norteña los videos de las cámaras de seguridad. “Si la Fiscalía tiene negativa en solicitar esa información, eso nos deja claro que no quiere apoyar. Que no quiere esclarecer totalmente los crímenes. Esa información es fundamental. No pueden decir que no saben quiénes estaban en la alcaldía. Ni la policía puede decir que no sabían. Ellos saben muy bien los nombres”, afirmó Valdivia.

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