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martes, 22 de mayo de 2018

Informe de la CIHD acusa al régimen de Daniel Ortega por violaciones a los derechos humanos.


Por Danny Pérez García / Especial para SNN - Antonia Urrejola, relatora en Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH-  dio a conocer el informe preliminar de su visita de trabajo del 17 de mayo al 21 de mayo, a los medios de prensa nacional e internacional y comunidad internacional, en donde destaca esta comisión, su “condena enfática” por las graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, por parte del gobierno de Daniel Ortega.

En su informe preliminar la CIDH, contabiliza-del 18 de abril al 21 de mayo- al menos 76 muertos, 868 personas heridas, en el contexto de las protestas, de estas ultimas 5 permanecen en estado de gravedad en centros de asistencia medica, 438 personas fueron detenidas entre estudiantes, población civil, defensores y defensoras de derechos  humanos  y periodistas.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-“condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de los y las estudiantes, manifestantes, periodistas y de otros ciudadanos, que se han registrado durante las protestas en el país y que “continúan hasta la fecha.”De igual forma la CIDH, condeno la muerte de 2 policías y agresiones a funcionarios públicos en este contexto.

La CIDH, en su informe preliminar, demando al gobierno de Daniel Ortega, “el cese inmediato a la represión policial”, a las protestas sociales, en este sentido el estado nicaragüense debe adoptar las medidas urgentes necesarias para garantizar, el libre y pleno ejercicio de los derechos para ejercer el libre derecho a la libertad de expresión, reunión pacifica y participación política.

En un resumen del voluminoso informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-  destacamos un primer  conjunto de “medidas cautelares para proteger la vida de estudiantes así como de personas, que se encontrarían en situación de riesgo a sufrir represalias como resultado de los actos de violencia ejercidos en contra de sus familiares, en el contexto de la represión de  protestas sociales o bien en su calidad de sobrevivientes , testigos , o personas qué como defensoras de derechos humanos  ejercen labores de asistencia,  documentación de violación a los derechos humanos, mediante tales medidas la comisión solicito al estado de Nicaragua lo siguiente:

a.- Que el gobierno adopte las medidas necesarias para salvaguardad la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, a tales efecto el estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los propuestos beneficiarios de conformidad  a los estándares establecidos por los  derechos humanos internacionales, como proteger sus derechos en relación a situación de actos de riesgo que sean atribuibles a terceros.

b.- Propicie las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes.

c.- Informe sobre las acciones adoptadas, a fin de investigar los  presuntos hechos que dieron lugar a la opción de la presente  medida cautelar, la CIDH requerirá al estado de Nicaragua información periódica a efectos de supervisar la implementación de tales medidas, asimismo la comisión continuara  analizando las solicitudes de medidas cautelares recibidas  durante su visita.
 
Antonia Urrejola, relatora de la CIDH, en Nicaragua, durante su lectura del informe preliminar, detallo que la Cruz Roja Nicaragüense, denuncio que en el marco de las protestas su numero telefónico de emergencias no habría funcionado correctamente, esta institución les hizo saber que su comunicación telefónica se interrumpió de forma constante y se habría obstaculizado la labor de su personal medico y voluntarios que atendían a los heridos, Urrejola, destaco durante su lectura, que un grupo de bomberos denunciaron a la CIDH que se les habría impedido sacar a las calles las ambulancias oficiales, no obstante se les permitió a los bomberos su labor con carácter de voluntarios, aunque estos denunciaron no haber contado con la debida protección, para asistir a los heridos.

Urrejola en la continuación de su lectura del informe preliminar, dijo que “La CIDH, también tuvo conocimiento de que la Asociación de Médicos Nicaragüenses, condeno a través de un comunicado que varios hospitales de Nicaragua, habrían negado atención medica de urgencia a los heridos, en las manifestaciones del 18 de abril pasado, según denuncias recogidas durante  las visitas realizadas por esta comisión, habrían existido ordenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el acceso y la atención a heridos, y obstaculizar el acceso a información, en particular se recibió denuncias del hospital “Cruz Azul” perteneciente al INSS, y en los hospitales, Roberto Calderón, Lenin Fonseca, hospital escuela Oscar Danilo Rosales Arguello y el hospital Alemán Nicaragüense, todos ellos pertenecientes, al Ministerio de Salud, no obstante la CIDH, constato que en algunos hospitales públicos se atendieron heridos y algunos de gravedad, asimismo recibimos información que en algunos casos que tras ser atendidos fueron dados de alta con premura y tuvieron que regresar ante su delicada situación, ante esta situación la CIDH, quiere llamar la atención ante la delicada situación de salud de René Martín Torres Montero y Jaime José Reyes Téllez, internados  en el hospital Antonio Lenin Fonseca, Néstor Sotelo Ortega, Eddy Javier Hernández, internados en el hospital Alemán  Nicaragüense, David Lizano Altamirano, internado en el hospital Manolo Morales Peralta, y Wilmer José Rivas, internado  en la clínica de salud Santa Fe de Matagalpa”  

 En la continuación de la lectura del informe preliminar de la CIDH, Urrejola, dijo que de conformidad con los derechos a la salud “los estados tienen la obligación inderogable, de asegurar el derecho al acceso a las instalaciones, bienes y servicios de salud, cuando las personas no tienen la capacidad de acceder por si mismas, como podría ser el caso de los heridos y enfermos, el estado debe adoptar las medidas necesarias para facilitar ese acceso, el cual puede incluir la búsqueda y recogida de dichas personas , así como su atención inmediata esto incluye la obligación de los estados de adoptar medidas positivas para asegurar la atención de salud, especialmente en graves circunstancias de peligro para la vida, así mismo los estados no deben impedir que el personal sanitario practique  el tratamiento a personas que lo necesitan en el marco de estas situaciones.

La relatora de la CIDH, en Nicaragua, Antonia Urrejola, dio lectura a las 15 recomendaciones de esta comisión al estado nicaragüense, a la luz de las anteriores observaciones preliminares de la comisión, en el ejercicio de su mandato de monitoreo de la situación de los derechos humanos en el hemisferio, instando al estado de Nicaragua, implementar las siguientes 15 recomendaciones iníciales:

1.- Cesar de inmediato “la represión a los manifestantes y las detenciones arbitrarias de quienes participan de las protestas.

2.- Respetar y garantizar el goce pleno al derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacifica y a la participación política de la población.

3.- Crear un mecanismo internacional de investigación, sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia, para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.

4.- Garantizar la vida, seguridad e integridad de todas las personas, que están ejerciendo sus derechos de libertades publicas y están sufriendo el ambiente de “represión” en especial a los estudiantes, niños, niñas y adolescente.

5.- Ofrecer garantías efectivas para proteger quienes dieron testimonios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH-  y que de alguna manera participaron en sus actividades, en el país, y de abstenerse de tomar o permitir que tomen represalias en contra de ellos.

6.- A usar medidas para investigar diligentemente para castigar y sancionar a los culpables de los actos de violencia ejercidos durante las protestas, asimismo respetar las garantías del debido proceso a las personas que permanecen detenidas, por hechos relacionados con las protestas.

7.- Asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos, acordes con los estándares internacionales, relativo al uso de las fuerzas por agentes encargados de hacer cumplir la ley.

8.- “Desmantelar los grupos parapoliciales-paramilitares- y adoptar medidas para impedir que sigan creándose grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil.-

9.- Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa, por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión.

10.-  Exhortar a las autoridades estatales de abstenerse de hacer declaraciones publicas que estigmaticen a  defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer campañas publicas que puedan incentivar la violencia en contra de las personas por razón de sus opiniones, así como proteger de forma efectiva a periodistas  y defensores de derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo.


11.- Sistematizar la información de las personas que están siendo atendidas en los hospitales públicos y privados, como consecuencia de las protestas sociales, el registro debe ser especifico, indicando, fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado  y en su caso motivos de su muerte, dicha información debe ser publica agregado como mínimo edad y sexo.

12.-Deben investigarse las denuncias para obstaculización de la atención de salud en los hospitales, así como al respecto de la labor humanitaria de Cruz Roja Nicaragüense y los bomberos.

13.- Ratificar todos los tratados de derechos internacionales, aun pendientes de su ratificación-en Nicaragua- en particular la Convención Interamericana  de la desaparición forzada de personas.

14.- Mantener la apertura al escrutinio internacional y en ese sentido facilitar la visita a todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional.

15.- Comprometerse a un mecanismo de seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de de Derechos Humanos-CIDH- y aceptación de las recomendaciones en el marco de la presente visita y del informe de la misma, programar junto con la comisión un calendario concreto de “nuevas visitas”.

Urrejola, al final del informe preliminar de la CIDH, dijo que “teniendo en cuenta el pasado doloroso, casi toda la sociedad  nicaragüense se incluye con el compromiso histórico de la no repetición, la CIDH, confía en la construcción de una solución pacifica, democrática, y constitucional para la” grave crisis constitucional que vive el país” y toma nota de la instalación de la mesa del dialogo nacional, como la condición imprescindible para que cualquier solución pasa por el compromiso con la verdad, garantía para las investigaciones de justicia efectiva, así como la debida reparación para todas las victimas y sus familiares.

“Finalmente la CIDH, reitera su agradecimiento al estado nicaragüense su invitación para esta visita, asimismo el apoyo de la sociedad civil para concretarla, la comisión agradece toda la información suministrada por las autoridades estatales, todas las facilidades brindadas, la comisión quiere registrar muy especialmente su agradecimiento a las centenas de victimas, familiares y colectivos que rindieron sus denuncias, testimonios , e informaciones detalladas sobre los hechos en un ambiente complejo, que exigió de su parte actos de coraje, y compromiso con la justicia, la CIDH, reitera una vez mas su “compromiso de dar cumplimiento integral” a su mandato de protección a las victimas y sus familiares así como observar la situación de los derechos humanos en las Américas.

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