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martes, 1 de mayo de 2018

Maduro trata de convertir a los militares en poderosos empresarios para calmar el descontento en los cuarteles.


Por Hérnan Lugo Galicia/ Preocupado por las señales de descontento en los cuarteles, el régimen de Nicolás Maduro está intentando comprar la lealtad de sus militares, aumentado el acceso de los uniformados a créditos, programas sociales y concediéndoles su propio emporio empresarial, revelan documentos internos y fuentes militares.

La iniciativa, que acentúa una práctica iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez, es adoptada en medio de un ambiente generalizado de desconfianza entre el gobernante y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de una ola de arrestos de oficiales registrados a inicios de este año.  “Maduro incentiva, compra, la lealtad del generalato, del almirantazgo con la asignación de responsabilidad y nuevos programas [sociales]”, explicó Rocío San Miguel, coordinadora de Control Ciudadano, una ONG que monitorea las actividades del sector militar venezolano.

Entre las últimas medidas aplicadas está la asignación de más recursos al programa social destinado a la FANB denominado Misión Negro Primero, la concesión del negocio de distribuir la totalidad de los alimentos del país y la creación de empresas mixtas.

La finalidad, dice San Miguel, es “profundizar y avanzar en el control militar sobre la sociedad venezolana, de una manera férrea mediante la asignación de las divisas [los dólares a tasas preferenciales]. Es la repartición del país a cambio de que sigan apoyando al gobierno pero, de manera particular, para que tengan los beneficios del diferencial cambiario que antes recibían los boliburgueses [allegados al régimen que han acumulado inmensas fortunas]”.

La necesidad de desviar más dinero hacia los militares ocurre en medio de la incertidumbre que reina en los cuarteles. En marzo, el régimen detuvo por presunta conspiración a siete generales que juntos controlaban 60 por ciento del poderío de las armas del país. Los arrestos ocurrieron en medio del colapso generalizado del país, que ha dejado a millones de personas sin acceso a medicinas y alimentos.

La situación también está afectando a los cuarteles porque limita la alimentación de los solados. En un intento por levantar la moral de los militares, el régimen de Maduro aprobó planes que autorizan a la FANB a levantar parques industriales en regiones estratégicas, muestran documentos internos.

En los informes militares No. 0203 y No.0204, del 19 de marzo de 2018, el Comando Estratégico Operacional de la FANB ordenó a las diversas guarniciones del país a efectuar un censo y un registro fotográfico de terrenos aptos para el “diseño de proyectos socioproductivos del sector industrial de la FANB y empresas militares” y para “la producción agrícola”.

En una de las copias de los informes, las autoridades de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) exige entregar “la relación de terrenos aptos” el 22 de marzo.
El jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi-Trujillo), general de división Carlos Pulido Rojas, exigió “una reseña fotográfica digital de los terrenos” a todos los componentes o fuerzas, es decir Ejército, Guardia Nacional, Milicia y Armada, según consta en el informe No.0204.

El censo de terrenos forma parte de lo que denominan Agenda Ofensiva Carabobo 2018, que curiosamente también incluye ejercicios militares, registros de casas en zonas cercanas a las fronteras con Colombia y Brasil y el diseño de un “mapa industrial militar”, como señalan en otro documento calificado de “confidencial” y al cual solo tienen acceso altos jerarcas militares.

El objetivo, indica el informe, es replicar la experiencia de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) y del Complejo Industrial Tiuna (CIT), emprendimientos que suministran material bélico a la FANB.

El CIT surgió en 2016 y está ubicado en los terrenos de Fuerte Tiuna, en Caracas, sede del Ministerio de la Defensa, y tiene seis almacenes. En estos espacios hay una empresa de textiles y una embotelladora de agua, cuyos accionistas son Cavim y el Grupo Atahualpa, propiedad de un empresario ecuatoriano.

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