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lunes, 28 de mayo de 2018

Ortega mantiene intactas bandas paramilitares.


Tomado de Confidencial / Tras más de treinta días de represión a las protestas ciudadanas en contra de su Gobierno, el comandante Daniel Ortega ha desoído las demandas de los estudiantes, obispos y las recomendaciones de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para ordenar el desarme y desmantelamiento de los grupos paramilitares que siguen atacando a la población, según decenas de denuncias que han sido documentadas a través de videos y fotografías en diferentes ciudades del país.

Consultores independientes en temas de seguridad, defensa nacional y crimen organizado coinciden en que aunque el Gobierno de Ortega ha admitido la existencia y el uso de los paramilitares, que la CIDH llamó “parapoliciales”, advierten sus consecuencias.

¿Quiénes son los paramilitares? El investigador y consultor en temas de seguridad y crimen organizado, Roberto Orozco, explica que en Nicaragua los grupos paramilitares “tienen una composición múltiple”, que incluye a policías activos, que se visten de civil; miembros de la Juventud Sandinista, entrenados por la misma Policía en el manejo de armas, desplazamiento táctico y otras condiciones de operación, y combatientes históricos que todavía obedecen a Ortega.

La investigadora en temas de seguridad y expolicía Elvira Cuadra considera que en la medida en que las acciones del Gobierno no han logrado desactivar la protesta y movilización social, “los únicos recursos con los que cuentan (en el Gobierno) son las fuerzas policiales y las parapoliciales, como les llamó la CIDH”.  

Según Orozco, en Nicaragua “estamos frente a una situación en que esto (la protesta social) va a ir haciendo más presión, y por lo tanto el Gobierno va a tener que actuar por la vía de la represión, haciendo uso de la Policía Nacional y también de la represión ilegal, ilícita y criminal de paramilitares”.

Los grupos paramilitares, recuerda Cuadra, fueron organizados entre 2007 y 2008, durante las primeras elecciones locales bajo su Gobierno, en las cuales se documentó un fraude masivo en más de cuarenta de los 153 municipios del país, incluyendo la capital Managua. Estos grupos, afirma la especialista, “cuentan con estructura, jerarquía y recursos” y han sido promovidos por el Gobierno “para actuar en conjunto con la Policía”, según se documenta en números antecedentes. 

Orozco menciona entre estos antecedentes el sitio a Managua tras el fraude electoral de 2008 y el ataque a los jóvenes del movimiento OcupaINSS, a mediados de 2013.  En pleno mediodía del 11 de mayo, en el kilómetro cuatro de la Carretera Norte, el fotógrafo de La Prensa, Uriel Molina, registró como a bordo de una camioneta viajaban un hombre encapuchado portando un fusil de guerra AR-15, y otro joven con un lanza mortero.

Al día siguiente, ciudadanos de Masaya documentaron en fotos y videos a encapuchados y agentes policiales disparando fusiles de guerra contra la población. Entre ellos al jefe de Seguridad Pública de Masaya, Fernando Lugo, disparando una AK-47 desde una de las esquinas del Mercado de Artesanías. Más tarde, a solo tres cuadras de ahí, murió un hombre de 42 años por un disparo en la garganta. Entre los casi ochenta asesinados, decenas han muerto por disparos certeros a la cabeza, pecho o cuello, y en algunos casos se ha mencionado el uso de francotiradores.

Según las fotos y videos de ese día de represión en Masaya, Orozco ha identificado el uso de fusiles M-16 y FAL. “He visto armados hasta con Garand, la carabina que usaba la Guardia Nacional (de Somoza)”, precisa. Cuadra destaca que al suscribir una tregua de 48 horas en el diálogo el Gobierno “admitió explícitamente” que tiene poder de decisión sobre los grupos paramilitares, pero no llama a que cese la represión porque quiere “hacer creer” que son “fuerzas anárquicas y espontáneas, no controladas” por el régimen.

Sin embargo, el consultor civil en temas de defensa y seguridad nacional, Roberto Cajina, anota una significativa diferencia a lo largo de esta última década, que también ha sido evidente en estos 38 días de protestas. Para Orozco, el uso de los grupos paramilitares es una “señal de debilidad” del Gobierno, porque ha tenido que “apoyarse” de estos por el “desgaste bastante fuerte de la Policía Nacional ante la protesta y ante la negativa que ya planteó oficialmente el Ejército de no salir a las calles”. 

A pesar de las evidencias de la operación paramilitar, hasta la fecha no hay ni un solo paramilitar detenido o investigado. Orozco considera que además de no haber voluntad política para investigarlos y suprimirlos, también es previsible que si hubiera esa disposición “va a ser difícil desmontar estos grupos, porque son autosuficientes, pues tienen sus armas”, y porque “ellos están guiados por una emoción y un ideal que ellos creen que es correcto”.

Durante las dos primeras semanas de la represión se reportó que al menos unos cincuenta policías, entre ellos antimotines, se negaron a disparar contra la población y fueron detenidos por la Policía. El consultor civil en temas de defensa y seguridad nacional, Roberto Cajina, opina que el estado de la Policía ante la represión “solo desde adentro se puede percibir con toda la intensidad”.

Pero sostiene en que “el hecho es que la Policía no estaba capacitada para enfrentar conforme a las normas y los estándares internacionales estas protestas”. “De hecho —lamenta— la única respuesta de la Policía fue la violencia irracional. Mandar a policías armados con fusiles AK a frenar un tranque o asaltar una universidad, revela una debilidad absoluta, de su capacidad operativa”.

Según el analista, la falta de capacidad para actuar debidamente y el desprestigio de la institución que alguna vez fue reconocida por su profesionalismo, conducirá inevitablemente a una reforma policial como las que se han visto en El Salvador, Guatemala y Honduras.

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