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jueves, 24 de mayo de 2018

Suspenden el diálogo nacional en Nicaragua ante falta de consenso. Delegados de Ortega piden se suspendan los tranques.


La mesa de diálogo nacional en Nicaragua suspendió este miércoles de forma indefinida sus sesiones plenarias ante la falta de consenso entre las partes que buscan superar la crisis que atraviesa el país y que se ha cobrado la vida de al menos 76 personas.

"Dado que hoy no se ha logrado ningún consenso entre las partes, lamentamos vernos obligados, debido a esta falta de consenso, a suspender, por ahora, esta mesa plenaria de diálogo nacional", dijo el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, al levantar la tercera sesión de ese diálogo nacional.

Nicaragua cumple este miércoles 36 días de una crisis sociopolítica y de protestas en contra y a favor del presidente Daniel Ortega, que han dejado al menos 76 muertos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo del proceso de diálogo, sugirió al Gobierno y a su contraparte la creación de una comisión mixta de seis personas, tres de cada parte, a fin de que logren un consenso.

Brenes dijo a las partes que cuando hayan logrado este consenso, se los comuniquen para convocar y reiniciar el diálogo. Asimismo, el Episcopado nicaragüense urgió al Gobierno, así como a los otros sectores, que la posibilidad de continuar ese diálogo, "depende en gran parte la paz en nuestra patria y la vida de muchos nicaragüenses".

Durante la sesión de este miércoles, la mesa de diálogo sometió a votación dos propuestas y ninguna alcanzó consenso. El Gobierno propuso la suspensión inmediata de todos los bloqueos del país que permita la libre circulación de las familias nicaragüenses y su tranquilidad, el cese de inmediato de todo acto de violencia venga de donde venga, y garantizar los empleos de todos los nicaragüenses.

En tanto, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pidió a la Conferencia Episcopal que solicitara directamente al presidente Daniel Ortega que aceptara discutir en la mesa del diálogo sobre la democratización de Nicaragua. Asimismo, los representantes de esa Alianza se comprometían a aunar esfuerzos y enviar un mensaje para la flexibilización de los bloqueos de carreteras.

Y que ambas partes acordaran la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia acontecidos en Nicaragua en medio de las protestas. La crisis incluye multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente Daniel Ortega, que comenzaron con protestas en oposición a unas fallidas reformas a la seguridad social y que continuaron debido a las víctimas mortales de los actos represivos, en su mayoría estudiantes y civiles.

 Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como mediadores del diálogo nacional,  propusieron una agenda para garantizar la democratización y justicia en el país, incluyendo reformas al sistema electoral, renovación de las autoridades nacionales, garantía de los derechos humanos e indemnización para las víctimas y la instalación de una comisión de la verdad internacional.


La agenda, leída por el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, plantea mecanismos constitucionales para la celebración de un proceso electoral libre y transparente, entre estos una reforma parcial a la Constitución Política que adelante las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y regionales, y establezca de forma transitoria la reducción del mandato de las autoridades.

También demandan un nuevo Consejo Supremo Electoral, la despartidarización del sistema y que se prohíba la reelección presidencial y las diputaciones constitucionales.

La propuesta plantea la aprobación de una Ley Marco para la transición y gobernabilidad democrática, y también plantea la exigencia de una independencia total del Ministerio Público, el restablecimiento de la autonomía universitaria y la sujeción a la autoridad civil del Ejército Nacional y la Policía Nacional, “enfatizando su carácter nacional, apartidario y profesional”.

Los obispos sostienen que los puntos de esta agenda “reflejan un amplio espíritu participativo de los diferentes sectores convocados en este diálogo nacional” y confían en que conformarán “un gran acuerdo nacional” para ser desarrollados, calendarizados y articulados “a través de las acciones constitucionales y legales correspondientes“.

El canciller Denis Moncada alegó que está agenda basada en mecanismos constitucionales,  representa “un golpe de Estado” para el Gobierno del presidente Ortega.

Mientras tanto, los obispos demandaron al presidente Ortega que de forma inmediata ponga en práctica la recomendación número tres de la CIDH sobre la creación de “un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”.

Los mediadores de la Conferencia Episcopal revelaron que han solicitado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que se presente al diálogo nacional, para discutir en este foro en que participa el Gobierno y todos los sectores del país, la agenda de democratización basada en mecanismos constitucionales.



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