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sábado, 23 de junio de 2018

CIDH insiste en sus recomendaciones al gobierno de NIcaragua.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expuso ayer ante el Consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), su informe final sobre la visita realizada a Nicaragua el pasado mes de Mayo.

En esa ocasión, la CIDH emitió 15 recomendaciones al gobierno de Nicaragua con el objetivo de poner fin a la crisis que el país atraviesa, no obstante, esta mañana durante la lectura de su informe final dieron a conocer nuevas recomendaciones que se suman a las dadas a conocer anteriormente.

La Comisión retoma las 15 recomendaciones dirigidas al Estado de Nicaragua que fueron establecidas en sus Observaciones Preliminares de la visita de trabajo, adicionalmente, con base en la información analizada e incluida en este informe, la CIDH realizar las siguientes recomendaciones:

 1). Cesar de inmediato la detención arbitraria de quienes participan de las protestas. En caso de privación de libertad en el marco de dichas protestas, el Estado de Nicaragua debe ponerla en conocimiento inmediato de la autoridad judicial competente, a fin de que resuelva sobre la situación de la personas detenida. Bajo el supuesto de que la detención no responda a las causas expresamente tipificadas en la ley o se haya realizado de manera contraria a los procedimientos objetivamente previstos en la legislación, la autoridad judicial debe dar libertad inmediata a la persona.

2). Elaborar y dar a conocer un registro público que contenga la siguiente información: (a) número de personas que han sido detenidas desde el inicio de las protestas del 18 de abril; (b) causas de detención; (c) duración de la privación de libertad; (d) lugar de detención; (e) número de personas que actualmente se encuentran detenidas con motivo de las protestas iniciadas a partir del 18 de abril, y (f) número de personas excarceladas. 

La información debe incluir aspectos relacionados con el género, edad y ocupación de las personas.

3). Iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de malos tratos y tortura. Dicha investigación debe realizarse por todos los medios legales disponibles, estar orientada a la determinación de la verdad, y conducirse dentro de un plazo razonable. Asimismo, debe regirse por los principios de independencia, imparcialidad, competencia, diligencia y acuciosidad.

4). Garantizar el trato digno a las personas bajo custodia de las autoridades del Estado. En lo particular, asegurar el derecho a la defensa jurídica desde el momento de la detención, e informar de manera inmediata a los familiares sobre el lugar donde se encuentra, así como sobre los motivos de la detención.

5). Adoptar las medidas necesarias para que, conforme a las obligaciones de debida diligencia, se lleven a cabo los debidos peritajes médico-legales en todos los casos de víctimas de violencia en el marco de las protestas. Asimismo, asegurar que dichos peritajes cumplan con los estándares interamericanos y documenten fehaciente las circunstancias en las que se produjeron las muertes y lesiones a manifestantes, y esclarezcan los hechos de violencia de manera completa y eficaz.

6). Garantizar el derecho a conocer la verdad de víctimas y familiares. En particular, asegurar que las mismas conozcan la información sobre las causas de las lesiones ocurridas y/o la muerte, así como a la verdad acerca de las circunstancias, los acontecimientos y los motivos que la provocaron.

7). Asegurar que se preste atención médica de emergencia a las personas que resulten heridas de manera adecuada, inmediata y con calidad en hospitales y centros de salud públicos y privados del país sin discriminación alguna. Es necesario que el Estado de seguimiento puntual a los tratamientos médicos requeridos y en caso sea necesario, facilitar y buscar 91 apoyo de cooperación internacional con objeto de garantizar el derecho a la salud y el acceso a medicamentos de estas personas.

8). Proteger los equipos y al personal que ejerce labores humanitarias y de asistencia médica de emergencia de posibles ataques o agresiones.

9). Implementar un programa multidisciplinario con el fin de atender los impactos psicológicos de la población por estos sucesos, en particular de las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares. Las acciones deben estar basadas en un enfoque de derechos humanos e incluir perspectiva de género.

Nicaragua: La vergonzosa negación del gobierno de las violaciones de los derechos humanos es parte de su estrategia de represión. En respuesta al rechazo absoluto por parte del gobierno del Presidente Daniel Ortega al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las recientes protestas en Nicaragua, Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:

“Es vergonzoso que el gobierno del Presidente Ortega niegue lo innegable. Existe una gran cantidad de evidencia, que incluye miles de testimonios, para demostrar que el Estado nicaragüense ha cometido terribles violaciones de derechos humanos y continúa haciéndolo a diario. Esto tiene que parar antes de que se pierdan más vidas.

“La reacción del gobierno a las conclusiones de hoy de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demuestra que la retórica de la negación y la división forman parte de su estrategia de represión contra el pueblo nicaragüense. Recordamos al estado que tiene la obligación bajo el derecho internacional de proteger los derechos humanos de todas y todos, sin distinción o discriminación”.

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