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viernes, 22 de junio de 2018

EEUU pide a Nicaragua pleno acceso para investigadores y el fin de violencia.


Estados Unidos pidió hoy al Gobierno de Nicaragua que garantice pleno acceso a los entes internacionales que van a investigar la crisis en el país y le exigió el fin de "su campaña de violencia e intimidación".

La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, consideró que la invitación del Ejecutivo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a la UE a visitar el país es "un paso necesario".

"Pero ahora el presidente (Daniel) Ortega debe asegurar pleno acceso para estos grupos con el fin de que puedan investigar los abusos de los derechos humanos contra el pueblo nicaragüense a manos de su propio Gobierno", dijo Haley en un comunicado.

La diplomática, que es miembro del gabinete del presidente Donald Trump, llamó a las autoridades de Nicaragua a "terminar inmediatamente con su campaña de violencia e intimidación contra su propio pueblo por no hacer más que expresarse".

"Seguiremos apoyando al pueblo de Nicaragua mientras usan el poder de sus voces para luchar por el futuro de su país y pedir elecciones libres y justas", insistió Haley.

Las protestas contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

Un día después de la brutal represión policial, Masaya parece un escenario de guerra. Once kilómetros antes de llegar a la ciudad, en la rotonda de Ticuantepe, un grupo de encapuchados armados controla el paso. Postrados a ambos lados de la carretera empuñan fusiles de alto alcance y su sola presencia intimida a cualquiera.

Al llegar a Masaya se repite la escena: los encapuchados resguardan la rotonda de San Jerónimo, detienen vehículos e interrogan a todo aquel que les parece “sospechoso”.

El ataque del martes, que dejó seis muertos y decenas de heridos, le permitió a las fuerzas parapoliciales y antimotines controlar la entrada principal a la ciudad hasta llegar a la estación policial. El trayecto es de unas 12 cuadras.

En la vía principal, la única controlada por las fuerzas del Gobierno, seis camionetas se pasean repletas de antimotines que apuntan a civiles en una clara expresión de intimidación.
Al ver acercarse las camionetas, los ciudadanos que caminaban este miércoles en las calles de Masaya se resguardaban en casas o corrían ante el temor de ser asesinados.

Por su parte, el cardenal José Leopoldo Brenes informó que lo más probable que el diálogo nacional se reanude hasta después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presente su informe final sobre la crisis de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Ese informe nos va dar luces, nosotros conocemos la situación, pero ese informe que se presentará mañana, servirá para tener luces", dijo Brenes.

El diálogo fue suspendido el pasado lunes por la Conferencia Episcopal, luego de que los representantes del gobierno no presentaran las copias de la invitación a organismos internacionales de derechos humanos para ingresar al país.

Se informó que el alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas, la CIDH y la Unión Europea, habían recibido la carta de invitación para el ingreso a Nicaragua. 

La CIDH presentará la mañana de este viernes ante el Consejo Permanente de OEA, su infirme final sobre su visita a Nicaragua.    La CIDH estuvo en Nicaragua del 17 al 21 de mayo recopilando denuncias sobre violaciones a derechos humanos ocurridas en el país durante las protestas de abril y mayo.

Luego de la visita a Nicaragua, la CIDH presentó un informe preliminar en el que registró 76 personas muertas por las protestas y más de 800 heridos.

En Mayo, la CIDH solicitó al estado de Nicaragua, suspender cualquier acto de represión durante las manifestaciones, desmantelar los grupos parapoliciales, crear un mecanismo de investigación internacional para investigar los crímenes y garantizar la seguridad de los manifestantes, en especial de los estudiantes y sus familiares y los defensores de los derechos humanos.

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