Por Frank López Ballesteros / EFE - La
mayor sorpresa para los poderosos capos del narcotráfico que hace más de una
década mudaron sus operaciones a Venezuela fue que, pese a forjar alianzas con
militares y políticos afines al Gobierno del entonces gobernante Hugo Chávez -y
obtener su respaldo-, con los años esos “aliados” quisieron quedarse con el
“negocio” sin dar nada a cambio.
Chávez,
junto a los militares y civiles que lo rodeaban, conocía esa realidad. Lo
anterior lo confirma la coacción aplicada a algunos narcotraficantes por el
propio mandatario, con la promesa de que no iban a ser extraditados, si
denunciaban los supuestos “vínculos” de algunos personajes de la oposición con
el tráfico de drogas para borrarlos así del mapa político.
De la noche a la
mañana, los “aliados” de los narcos se convirtieron en poderosos líderes.
Después, para evitar futuros problemas en el camino, comenzaron a entregar a
los traficantes de droga a la justicia venezolana y, en el peor de los casos,
les abrieron la ventana de la extradición. Ahora, desde Estados Unidos -adonde
casi todos fueron enviados-, los imputados están contando lo que saben.
Así, una
decena de traficantes y colaboradores -la mayoría extraditados desde Colombia y
Venezuela en los últimos cinco años- recibió beneficios judiciales en las
cortes por aportar información. Incluso, algunos ya están en libertad tras la
información que proveyeron.
Hasta el momento han sido señalados como
principales figuras del tráfico de drogas en Venezuela, como parte del llamado
Cartel de los Soles, 17 generales venezolanos en activo y con altos cargos,
cuatro exministros del chavismo, seis jueces, una larga lista de funcionarios
de la administración pública y cinco acaudalados empresarios que se pusieron al
servicio del narcotráfico, de acuerdo a la investigación que se basó en
documentos judiciales, entrevistas y relatos con fuentes al tanto de los
procesos, tal como lo confirma una investigación de DIARIO LAS AMÉRICAS.
El caudal de
información sobre los vínculos de funcionarios venezolanos con traficantes, que
las cortes de Florida y Nueva York conocen, ha servido para armar al menos 40
expedientes en los cuales aparecen implicados, sobre todo, militares y policías
que abrieron las puertas al tráfico de cocaína desde Venezuela.
Los testimonios
y evidencias contra el vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami, son los
más contundentes y reposan en las cortes del Distrito Sur de Florida y de
Brooklyn, en Nueva York.
De los relatos se desprende una cadena de relaciones
que, de alguna manera, conectan a distintos clanes del narcotráfico
internacional. En enero de 2017, agentes del Departamento del Tesoro y la
Administración para el Control de Drogas (DEA) se reunieron con algunos
condenados por narcotráfico y estafas en una prisión de Miami, con el fin de
obtener información que sería clave para un caso en Venezuela.
Uno de ellos
aportó las últimas evidencias para que, un mes después, Washington sancionara a
El Aissami por brindar asistencia para el tráfico de drogas al poderoso capo
colombiano Daniel Barrera Barrera, entre otros, y al narco venezolano Walid
Makled de quien, según las acusaciones, recibió pagos.
El venezolano Samark
López Bello, a quien el Departamento del Tesoro identificó como “testaferro”
del vicepresidente y “líder clave” en sus ardides, también fue sancionado y sus
bienes en territorio estadounidense congelados.
Ahora se ha
podido establecer que el vicepresidente venezolano, también en los tiempos en
que era viceministro de Seguridad Ciudadana y luego como ministro del Interior
y Justicia, puso su autoridad al servicio del narcotraficante colombiano Jaime
Alberto Marín Zamora, alias “Beto Marín”, quien fue arrestado en Venezuela el
16 de septiembre de 2010, y extraditado cuatro días más tarde a EEUU.
En esa
misma fecha, El Aissami utilizó su cuenta de la red social Twitter para
informar al país sobre la captura del capo en la isla de Margarita, donde el
colombiano poseía una lujosa residencia y operaba.
La noticia
del hecho rodó como pólvora y el Gobierno, lanzando vítores, se jactó de su
“combate frontal al narcotráfico”. Durante ese año fueron extraditados seis
traficantes de droga y, entre 2006 y 2015, un total de 78, según informes del
Ministerio del Interior y Justicia venezolano.
Beto Marín, antiguo líder del
Cartel del Norte del Valle de Colombia, contó a los fiscales cómo tras su
captura y ya dentro de las oficinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia
(Sebin) -la policía política venezolana- hubo pedidos muy especiales del propio
Chávez para evitar que fuera entregado a EEUU.
“Chávez
quería acusar a gente de la oposición, a unas familias específicas relacionadas
con la banca privada, de estar vinculadas al Cartel del Norte del Valle y al
narcotráfico como lavadores del dinero, pero como Beto Marín no accedió al
chantaje, así que este [Chávez] autorizó su extradición”, reveló una fuente
cercana a la defensa del narco colombiano. Beto Marín contó a los fiscales que
“estuvo detenido en el Sebin en una oficina de un alto cargo, con teléfono
celular, comidas y todo en mano, no en una celda.
El Gobierno venezolano no
quería realmente entregarlo a la DEA, buscaba utilizarlo a él, como a otros,
para culpar a algunos opositores de formar grupos paramilitares con la ayuda
del Cartel pero, como no aceptó, lo entregaron”, explicó la fuente, que habló
en condición de anonimato debido a la naturaleza reservada del caso.
Por orden
expresa de Chávez, otros dos capos detenidos en Venezuela en 2010, y ahora
presos en EEUU, fueron “conminados a culpar a un grupo de opositores, con
nombres y apellidos concretos, de estar relacionados con la venta de droga,
pero estos tampoco accedieron”, indicó una fuente que conoció los detalles del
caso.
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