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viernes, 15 de junio de 2018

La fiscal de Nueva York acusa a Trump de utilizar su fundación para financiar su campaña presidencial.


Nueva York EEUU / AP - La nueva fiscal del Estado de Nueva York demandó este jueves al presidente de Donald Trump y a sus tres hijos, Donald Junior, Ivanka y Eric, para que disuelvan la Fundación Donald Trump. 

Y lo hace acusando a la familia de haber utilizado la organización caritativa como una "chequera" para recaudar dinero que utilizaba después para promocionar su negocio hotelero, pagar facturas legales y financiar la campaña electoral, "sin importar su fin o legalidad".

La fiscal Barbara Underwood asegura en su decisión que los Trump “violaron de una manera extensa y persistente las leyes estatales y federales”. La investigación, precisa además, determinó que recaudaron 2,8 millones de dólares “de una manera diseñada para influir en las elecciones presidenciales de 2016 bajo la dirección y el control de los cargos más altos en la campaña presidencial de Trump”.

Underwood cita en concreto a Corey Lewandowski, el gestor de la campaña. “Dictó los tiempos, las cantidades y los receptores de los fondos que obtenía la organización con fines benéficos”, afirma. Señala en este sentido que la investigación identificó que se realizaron al menos cinco transacciones que eran ilícitas “porque el principal beneficiario era Trump o los negocios que controlaba”.

Entre las pruebas que presenta la fiscal hay un mensaje de correo electrónico de Lewandowski en el que muestra como eran las comunicaciones que tenía la campaña con los representantes de la Fundación. Y lo apoya con una foto en la que se ven al candidato en un evento benéfico celebrado justo antes de las primarias de Iowa, junto a una mujer sosteniendo un gran cheque de 100.000 dólares.

En opinión de Underwood, se utilizó así tanto el nombre como los fondos de la Fundación para promover la campaña. Y explica que ninguna de sus actividades fueron autorizadas por su consejo de administración. “La investigación determinó que el consejo existía solo como algo nominal”, asegura, “porque no se reunión nunca desde 1999”. “Trump era el que tomaba todas las decisiones”, afirma.

En el detalle con los movimientos del dinero incluye un pago de 100.000 dólares relacionado con una demanda contra el club de golf de Mar-a-Lago en Florida. También cita otro abono de 158.000 dólares para resolver otra demanda contra el Trump National Golf Club. Además, identifica un pago de 10.000 dólares para la adquisición de una pintura que se exhibe en el Trump National Doral.

Llueve sobre mojado. Un mes antes de las elecciones, el recién dimitido Eric Schneiderman solicitó por carta a los gestores de la Fundación que desistiera de inmediato de solicitar fondos porque la organización no disponía del certificado para realizar rondas para recaudar fondos. Donald Trump volvió a calificar la maniobra como una acción con una intención claramente política.

El cuadro de salud del expresidente, que padece dolencias crónicas de acuerdo con los partes médicos, ha sido el argumento de los abogados para pedir el cambio de prisión preventiva por otra medida menos severa.

El defensor Sidney Sittón confirmó este jueves a Efe que el próximo martes el pleno de la Corte Suprema celebrará una audiencia para atender el pedido de cambio de medida.

Solo el pleno de magistrados del Supremo puede decidir sobre las medidas cautelares de Martinelli, dado que es un diputado del Parlamento Centroamericano.

Ya Sittón había comentado a Efe que la defensa busca el levantamiento de la medida de detención, una pretensión que ha sido cuestionada por los querellantes con el argumento de que los problemas crónicos de salud de Martinelli no fueron impedimento para su reclusión durante un año en EEUU.

El fiscal en la causa de las escuchas ilegales, Harry Díaz, pidió por su parte al Supremo que se fije la fecha de una audiencia intermedia para presentar la acusación formal contra el expresidente por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad y contra la administración pública.

El escrito con la petición, que fue filtrado por los medios locales, tiene como fecha de recibido en la corte el miércoles.

De acuerdo con la acusación fiscal leída por el juez de Garantías el pasado lunes, para realizar las interceptaciones de las comunicaciones, unas "actividades ilícitas y violatorias de los derechos humanos, se estableció por parte de Ricardo Martinelli un aparato organizado de poder que actuaba al margen del Estado social y democrático y de derecho".

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