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miércoles, 27 de junio de 2018

Nicaragua y el mundo impactados tras conocer que van 285 personas asesinadas en protestas.


La peor de las noticias cayó este martes como una losa sobre Nicaragua. El número de personas asesinadas a manos de grupos armados del Gobierno de Daniel Ortega desde el pasado 18 de abril, cuando comenzaron las revueltas populares contra su gestión, asciende a, al menos 285, frente a las 221 que se manejaban hasta este lunes.

El dato, brindado por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), parece haber silenciado un país asolado por la barbarie de las balas de las "fuerzas combinadas" gubernamentales, formadas por policías, antimotines, parapolicías y paramilitares. 

Tras una jornada especialmente sangrienta en la zona noroeste, la ciudadanía desayunó con el dato de la ANPDH, que señaló, además, que 2.500 civiles han resultado heridos, 156 se encuentran desaparecidos y 46 han quedado lisiados de forma permanente.

Y así se hizo el silencio. Regresó la calma, una calma tensa que despierta la desconfianza de la población, que ya ha comprobado durante estos más de dos meses que, indefectiblemente, después de un día calmado, vuelve la barbarie a las calles con mayor fuerza que la ya vivida.

Ya nadie se lo cree y así se comenta, entre susurros, en comedores, calles o establecimientos comerciales, donde la violencia desatada en una nación relativamente tranquila en el ámbito centroamericano, ha llevado al país al borde de una guerra civil, que se antoja inevitable cada día que transcurre.

Pero esta aparente calma, lejos de llevar tranquilidad a los nicaragüenses, los pone en alerta sobre lo que está por llegar, tal y como ocurrió en repetidas ocasiones.

Las jornadas tranquilas anuncian regueros de sangre, dolor y lágrimas, quizás antes del siguiente amanecer, tal vez después de la medianoche o por sorpresa en horas de la madrugada, como ocurrió el pasado sábado, cuando las "fuerzas combinadas" atacaron la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN), donde dos estudiantes perdieron la vida y al menos 15 resultaron heridos.

El país centroamericano se ha convertido en una ruleta rusa que giran a su antojo el presidente Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, quienes deciden cuando toca disparar y contra quien, autoridad que mantiene más aterrados, si cabe, a los nicaragüenses.

Y no en vano ese temor, especialmente de cara a la jornada de este miércoles, 27 de junio, fecha en la que el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) celebra el "repliegue" que conmemora una estrategia de guerrilla para derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979.

El "repliegue" consiste en una visita de los simpatizantes del FSLN, que van desde Managua a Masaya, en una recorrido encabezado por el presidente Ortega, a quien los masayas han mostrado rechazo, tras ataques armados del Gobierno que han dejado 35 muertos. 

Masaya, que está a 29 kilómetros de Managua, es una de las ciudades que más ataques ha sufrido por parte de las "fuerzas combinadas" sandinistas desde el comienzo de las revueltas populares, acentuadas desde el pasado 18 de junio, cuando sus habitantes declararon la localidad "territorio libre del dictador".

Dentro de Masaya está ubicado el barrio indígena de Monimbó, habitado por una comunidad que históricamente ha destacado por su coraje que se agudizó con las protestas, al negar el ingreso de la Policía Nacional en la zona desde que, hace dos semanas, murieron dos jóvenes y un niño a consecuencia de un ataque de los grupos armados gubernamentales.

Las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, tras once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

Tres "altas funcionarias" de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas arribaron esta mañana a Managua para una visita oficial que inicia este martes , confirmó a El Nuevo Diario la oficina de prensa de ONU Derechos Humanos para América Central.

Alicia Londoño y Juana Sotomayor llegaron enviadas por la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza. Las acompaña Marlene Alejo, representante regional para América Central de ONU Derechos Humanos, quien encabeza la misión.

"Esta una misión especual de alto nivel, son dos funcionarias que llegaron directamente de Ginebra y una de la oficina para América Central, ubicada en Panamá", aseguró a El Nuevo Diario Carlos Rodríguez, oficial de prensa de ONU Derechos Humanos.

Las funcionarias se reunirán en Managua y Masaya con autoridades del Estado, madres de personas asesinadas en en contexto de la represión policial, organizaciones sociales, estudiantes, defensores y defensoras de derechos humanos, obispos de la Conferencia Episcopal y varios actores claves del Diálogo Nacional.

La representante regional manifestó que el Estado tiene la obligación y responsabilidad de garantizar la vida y la seguridad de todas las personas y debe tomar acciones inmediatas y efectivas para detener todas las formas de violencia.

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