Washington
DC | Managua - Tomado de Confidencial -Aunque la masacre perpetrada por el
Gobierno de Nicaragua en abril y mayo no fue incluida en la agenda oficial
aprobada para la 48 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos
(OEA) inaugurada este lunes en Washington, fuentes de la OEA aseguraron que
este martes se discutirá una “declaración” sobre Nicaragua.
Sin embargo,
el borrador de la “declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua” ha alarmado a
organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, ya que, según
ellos, no especifica la responsabilidad del régimen de Daniel Ortega en esta
matanza que ya suma 127 muertos, y más de mil heridos.
El
presidente de la Asamblea General, Eladio Loizaga, canciller de Paraguay,
informó tras la aprobación de la agenda que la Secretaría General de la OEA
“pasó un proyecto de declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua”. El primer
borrador fue presentado por Estados Unidos, pero al finalizar la tarde se
conoció sorpresivamente que el proyecto de declaración (AG/doc5635) era
presentado también por Nicaragua en conjunto a la representación
norteamericana.
Fuentes diplomáticas
de dos países latinoamericanos revelaron a Confidencial que el gobierno de
Ortega “pactó un acuerdo con Estados Unidos”, y que, de forma muy segura, la
declaración será aprobada este martes por la Asamblea General de la OEA. Sin
embargo, las fuentes indicaron no conocer los alcances ni los detalles de “lo
pactado” entre Washington y Managua.
El proyecto
de declaración, que no condena la masacre de Ortega ni exige el cese de la
represión, propone que la OEA se involucre en el diálogo nacional en Nicaragua,
“brindando apoyo y asistencia en la implementación de un proceso de diálogo
inclusivo”. Y en relación a los alcances y resultados esperados del diálogo, en
el que los obispos han planteado una agenda para la “democratización del país,
desde la raíz”, propone como fin del diálogo “el fortalecimiento de las
instituciones democráticas en Nicaragua”, según los acuerdos pactados entre el
Gobierno de Ortega y el secretario general de la OEA Luis Almagro.
“De
conformidad con el principio de no intervención, la intención y la disposición
de la Organización de los Estados Americanos de brindar apoyo y asistencia en:
la implementación de un proceso de diálogo inclusivo, estableciendo el Grupo
Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes (GIEI), desplegando
una misión de observación electoral antes de las elecciones y el
fortalecimiento de las instituciones democráticas en Nicaragua”, matiza el
quinto punto.
La
declaración acentúa en el punto tres “su preocupación” con respecto al quiebre
en el proceso de diálogo reciente (en el documento oficial hay una mala
traducción: Usan “desglose” en vez de “quiebre” por la palabra “breakdown”). En
el siguiente punto, el cuarto, sugiere el fortalecimiento de las instituciones.
“Su
llamamiento al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que
demuestren compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas
con resultados claros que aborden los desafíos fundamentales del país, incluido
el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la celebración de
elecciones libres, justas y oportunas, celebradas en un ambiente libre de miedo
a la intimidación, las amenazas o la violencia”, propone la declaración.
La
presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la doctora
Vilma Núñez, reaccionó ante el proyecto de declaración cuestionando sus
intenciones políticas.
“¿Quieren
brindar brindar apoyo en un diálogo inclusivo? ¿Cuál diálogo porque no
especifican alguno? ¿Acaso pretenden un nuevo proceso de diálogo al margen de
la mediado por los obispos?”, interrogó la defensora de derechos humanos. “Otra
cosa seria que la Asamblea General apoyara el esfuerzo de la iglesia, pero
pareciera que quieren sustituirlo por un diálogo manejado por la OEA”.
Según Núñez
“este acuerdo secreto de Nicaragua y Estados Unidos” hace ganar tiempo a Ortega
en medio de la crisis. Los organismos de
derechos humanos reclamaron que la declaración no delimita la responsabilidad
de Ortega en la masacre.
Marcia
Aguiluz, directora para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), dijo que esta declaración es “parte de la estrategia de
Ortega para aplacar la denuncia de violaciones a los derechos humanos y la
protesta en las calles en Nicaragua.
“Es una mala
lectura del contexto nica y también es parte de la estrategia de Ortega para
aplacar la denuncia. Es inteligente al plantear una declaración antes de que le
impongan una resolución”, comentó Aguiluz. “Desde esa lógica no reconoce las
violaciones a derechos humanos y que la responsabilidad recaiga en el Estado”.
“La
declaración está hecha a la medida de Daniel Ortega, porque todo el tiempo se
ha deslindado al no aceptar su responsabilidad… que es su gobierno el causante
de todas las muertes en Nicaragua”, refutó Núñez.
La
presidenta del Cenidh afirmó que la declaración en el punto uno “condena y
exige el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas
dirigidos contra el público en general”, pero no menciona con nombre y apellido
al gobierno de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes han ordenado
la represión.
“Equiparan
la violencia del gobierno con la resistencia cívica. Eso es inaceptable.
Tampoco mencionan por ninguna parte la justicia”, sostuvo Núñez, quien
participa como sociedad civil en la AsamblAmnistía Internacional emitió un
comunicado conminando a los Estados miembros de la OEA a condenar los hechos
violentos del gobierno de Ortega.
“Las
valientes personas, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones
de la sociedad civil de Nicaragua necesitan mucho más que tímidas condolencias
y generalizaciones; necesitan un compromiso firme para garantizar que las
ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de los derechos humanos
no se repitan y queden impunes”, afirmó Erika Guevara Rosas, Directora para las
Américas de Amnistía Internacional.
Fuentes de
la Conferencia Episcopal citadas consultadas anoche por Confidencial, dijeron
que el documento presentado por Estados Unidos y Nicaragua había “agarrado por
sorpresa” a los obispos. Indicaron que como mediadores del Diálogo Nacional en
el que se discute una salida a la crisis, los obispos seguirán presionando para
que haya elecciones anticipadas “lo más pronto posible” y dentro del marco
constitucional.ea General de la OEA.
“No sé
quiénes están detrás, ni qué arreglos se habrán hecho por debajo de la mesa.
Probablemente quieren seguir otro camino y otros arreglos y para eso la Iglesia
les parece un estorbo, pero esta semana los obispos presionaremos fuerte antes
de sentarnos públicamente en el Diálogo, para que no sea un juego dilatorio ni
un modo de oxigenarlo”, dijo la fuente.
Agregó que
el documento obvia importantes elementos de la crisis, como la represión feroz
de Ortega contra las manifestaciones pacíficas. Tampoco menciona los asesinatos
y las ejecuciones sumarias, el uso brutal de la fuerza por parte de la Policía
Nacional y el empleo de grupos paramilitares.
“Nunca hemos
hablado de “fortalecimiento de la democracia” en un país donde no existe. No se
dice nada de elecciones anticipadas al menor tiempo posible, que es el primero
de los objetivos nuestros. Ni el vocabulario ni la temática de fondo coinciden
con lo que la sociedad civil, apoyada por los obispos, están proponiendo en el
Diálogo. No tenemos confianza en la OEA”, afirmó la fuente clerical.
El proyecto
de declaración presentado en Washington también tomó por sorpresa al sector
privado. Fuentes vinculadas al sector empresarial dijeron que “no se esperaban”
una acción de este tipo. “Se me hace muy difícil de creer”, afirmó la fuente,
refiriéndose a un arreglo entre Ortega y la Administración Trump. “Hay algo que
va más allá de los expresado allí. Puede ser la negociación directa de él y su
familia con los estadounidenses para su seguridad”, expresó.
Para los
empresarios, que Estados Unidos esté de acuerdo en encontrar una salida a la
crisis es “muy importante”, pero cualquier solución, dijo la fuente cercana al
sector, debe ir acompañada de un anuncio de adelanto de elecciones “a la mayor
brevedad”.
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