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jueves, 7 de junio de 2018

Sociedad civil cierra filas ante sistemática campaña de desprestigio.


Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, denunció la campaña de desprestigio, amenazas y chantaje del gobierno
de Ortega-Murillo en contra de los liderazgos de los movimientos sociales y las organizaciones de sociedad civil, en particular la criminalización infundada contra Félix Maradiaga Blandón, director del Instituto de Estrategias y Políticas Públicas (IEEPP), y la injusta
detención desde el 30 de mayo en Rivas de Jaime Ampié, Reynaldo Lira,
William Picado y Julio Ampié, promotores de la Comisión Permanente de
los Derechos Humanos (CPDH).

Señalan que vincular a las defensoras y defensores de
Derechos Humanos con el crimen organizado, narcotráfico y terrorismo son
graves acusaciones que nos colocan en una elevada situación de riesgo.
Hacemos también de conocimiento público la persecución que las jóvenes
Jessica Cisneros, Yerling Aguilera y Madeleine Caracas, quienes han
sufrido durante su viaje por Europa, el cual fue hecho con el apoyo de
distintos grupos de solidaridad, con el objetivo de denunciar las
violaciones de Derechos Humanos que el Estado de Nicaragua está
cometiendo ante la comunidad internacional.

Por otra parte, los representantes de los más relevantes movimientos
sociales y organizaciones de la sociedad civil del país, comunicamos al
pueblo nicaragüense que, aunque la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) logró emitir este martes, 5 de junio,
una Declaración que condena y exige el cese inmediato de actos de
violencia, no señala la responsabilidad de la dictadura orteguista en el
genocidio que está cometiendo en nuestro país y que ya alcanza cerca de
130 muertos, varios de ellos ejecutados, y más de mil heridos.

El gobierno de los Estados Unidos había adelantado el lunes que
trabajaría por lograr una resolución de condena al gobierno de Ortega,
pero a última hora más bien pactó con este una Declaración conjunta
mediatizada, por lo que estamos en la obligación de alertar que es muy
posible que estén tramando a espaldas del pueblo una salida a la
profunda crisis de la dictadura, sin contemplar los intereses populares,
lo cual rechazamos de la manera más enérgica, comprometiéndonos a
evitarla por todos los medios pacíficos a nuestro alcance.

En la Declaración aprobada este martes, se insiste en el protagonismo de
la OEA para observar las elecciones que se efectúen y en fortalecer las
“instituciones democráticas”, por cierto inexistentes en Nicaragua, y a
la vez no menciona el clamor nacional que demanda que los dictadores
Ortega y Murillo dejen el poder inmediatamente. No podemos dejar de
señalar que en nuestro país cada día que pasa el régimen asesina a más y
más nicaragüenses desarmados, cuyo sacrificio no debe ser ignorado por
la OEA y la comunidad internacional.

Asimismo, la Declaración habla de un diálogo inclusivo, que puede
encubrir la incorporación de partidos políticos que, como sabemos, han
pactado con el orteguismo y no representan los intereses del pueblo.
Llama la atención que tampoco se aclara el rol de los obispos católicos,
que han jugado un papel tan destacado al lado de las aspiraciones
populares.

Esta Declaración, que Amnistía Internacional calificó de “vergonzosa e
irresponsable”, se produce en momentos en que se profundiza y avanza la
insurrección cívica del pueblo nicaragüense, que controla casi el 70 por
ciento del territorio nacional, que ha liberado casi en su totalidad la
ciudad de Masaya, que tiene cerca de cien tranques en todo el país,
sobre todo en el Oriente (Rivas, Carazo, Granada y Masaya) así como en
Nueva Guinea, Chontales y Boaco, León, Chinandega, Nueva Segovia y
Madriz; que tiene a los comerciantes del enorme Mercado Oriental en
desobediencia civil, y a pobladores levantando barricadas en varios
barrios de Managua.

Llamamos al pueblo nicaragüense a consolidar su organización, a formar
en cada barrio comités de trabajo, por ejemplo, de Logística, Salud,
Defensa y Seguridad, Comunicación, y Organización. Exhortamos a toda la
población (jóvenes, campesinado, comerciantes, artesanos y artesanas,
obreros y obreras y población en general) a fortalecer su coordinación,
compartir iniciativas y emprenderlas juntos.

Por ejemplo, levantar tranques y construir barricadas al interior de los barrios,
asentamientos, repartos y residenciales de las ciudades. En este
esfuerzo reconocemos las capacidades de todas las generaciones y
demandamos el compromiso de todas y todos para  prevenir todo tipo de
violencia, acoso, abuso y violaciones sexuales en contra de  las niñas y
mujeres.

Sigamos profundizando la lucha, aumentando nuestro control sobre las
carreteras, caminos y barrios, generalizando la desobediencia civil y no
pagar ningún tipo de impuestos ni los servicios de agua y luz, así como
trabajar a desgano, todas acciones que empujen a los Ortega-Murillo a
dejar el poder, iniciando la ruta a una democratización profunda del
país, garantizando la seguridad, la independencia y división de poderes,
y el establecimiento de un sistema electoral que permita elecciones
justas, libres y transparentes, una amplia participación ciudadana,  así
el respeto a las tres autonomías: municipal, universitaria y del Caribe.
Borraremos todo vestigio del orteguismo, fundando un Estado comprometido
con la justicia, la libertad y la democracia.

En Nicaragua hay ciudadanos honestos, mujeres y hombres que pueden
desempeñar la función pública a conveniencia de los intereses populares.
Los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil no
negociaremos la necesaria e indispensable salida del poder de los
Ortega-Murillo.

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