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lunes, 18 de junio de 2018

Una agenda urgente para la Alianza Cívica.


Por Douglas Salamanca / Existe, hoy en día,  una grave discrepancia sobre la forma que ha de tomar la salida del dictador y su consorte. La ciudadanía en las calles pide la salida inmediata de Ortega y Murillo, tras las masacres perpetradas, pero otros sectores, profesionales y empresariales, piden elecciones  adelantadas. Eso es lo que pide también la comunidad internacional, y la iglesia católica.

La suspicacia de la población, en relación al diálogo nacional,  está plenamente justificada, pues conocemos los antecedentes marrulleros del dictador, que emplea el diálogo solamente para ganar tiempo. Sin embargo, se tiende a olvidar que esta vez están involucrados, de alguna manera, los Estados Unidos, que es el único rival con el cual el dictador no se atreve a jugar. La participación de Estados Unidos cambia por completo el panorama.

Policía malo /Policía bueno.

Muchas personas no se explican por qué un senador estadounidense manda a un representante a dialogar con Ortega mientras, por otro lado, se les quitan las visas a algunos funcionarios del régimen. Y también la congresista Ileana Ros-Lehtinen clama por nuevas sanciones contra Nicaragua. Ella propone que se apliquen la Nica Act y la Ley Magnitsky.

La aclaración es la siguiente. No hay ninguna contradicción. La política exterior estadounidense es sólo una, pero, antes de proclamarla, se permite a los legisladores mucha flexibilidad para explorar las diferentes opciones existentes. Viajan a terceros países, se entrevistan con los gobernantes, y la oposición, escuchan a los cabilderos, etc. En este caso Ileana representa una “línea dura” y propone una vía de sanciones drásticas, con las cuales coincido plenamente.

Por el otro lado, Bob Corker, presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, representa una línea más contemporizadora.

Dicho de otra manera, Corker representaría al “policía bueno”, que trata de lograr su objetivo a través de la persuasión. Ileana, en cambio, quien nació en Cuba, es enemiga jurada del castrismo y no cree en absoluto en convencer a los dictadores con buenas razones, es el “policía malo”. Ella está convencida, y con justa razón, que los dictadores asesinos sólo pueden ser sometidos por la fuerza. El poder de Ortega solo puede ser detenido por otro poder superior. Y eso es crucial tenerlo en cuenta, pues el dictador cuenta con un ejército que puede desatar contra  nosotros una mega-carnicería, con miles de asesinados.

El tirano, al parecer, vio en la visita de McCarry un endoso a su política represiva y ha continuado masacrando brutalmente a los activistas de la oposición, pese a los acuerdos alcanzados en el diálogo el 17 de junio.  Esto  nos confirma, sin discusión, que es Ileana, y no Corker, quien tiene la razón.  El sátrapa ve en Ileana Ros-Lehtinen al policía malo, y prefiere ampararse en el policía bueno, que sería el senador Corker, quien tiene el poder para impulsar o no las sanciones citadas arriba.

Corker debe convencerse de que está equivocado, y nosotros debemos ayudarle a comprenderlo. Es tiempo de que la oposición abandone su pasividad y empiece a cabildear en Estados Unidos en contra de Ortega y sus aliados de la empresa privada.
Hay que tener en cuenta que el Cosep es el segundo pilar de la dictadura, después del aparato represivo. Esto significa que, para derribar a Ortega, tenemos que obligar primero a la cúpula empresarial a retirarle el apoyo que le siguen brindando,  aunque solapadamente.

El determinante rol de los Estados Unidos.

En el fondo, lo que se da en los Estados Unidos son exploraciones y tanteos, para determinar si conviene aplicar, en  su política hacia  Nicaragua, una u otra modalidad de presión. Ellos  priorizan, ante todo, la salida del dictador, y que no se instale un orteguismo sin ortega, ya que les preocupa, ante todo, la alianza de este con gobiernos enemigos de los Estados Unidos.

Ingenuamente, algunos analistas en Nicaragua, incluyendo al obispo Baéz y  a Vilma Nùñez, siguen afirmando, junto con José Aguerri, que los nicaragüenses tenemos que resolver solos nuestros problemas y que los Estados Unidos no tienen que meterse en nuestros asuntos. Esas personas olvidan, o intentan ocultar, que ya estamos triplemente intervenidos, por Rusia, Cuba y Venezuela. La intervención de Estados Unidos sería una contra-intervención, para neutralizar las de los gobiernos totalitarios citados arriba.

En el fondo,  a los Estados Unidos les preocupa únicamente que el gobierno que se instale en Nicaragua cuente con el apoyo popular y sea aliado del coloso del norte. Pero esa aspiración coincide con la nuestra, por lo cual en este momento los Estados Unidos son nuestro aliado natural, y el más poderoso. También son el principal muro de contención, junto a los “Cascos Azules”, contra una represión indiscriminada que pueda desatarse por parte del ejército.

Los desafíos de la Alianza Cívica.

La más reciente sesión del diálogo acordó discutir el tema de la democratización del país. Ese pareciera ser un avance, pero hay que ver ese acuerdo con el régimen con mucha suspicacia.

Se habla de adelantar las elecciones para el 31 de marzo del año 2019.  Al menos esa es la propuesta del clero. Esta posibilidad abre una serie de interrogantes, pero también un enorme reto. Este consiste en conciliar la posición de los activistas cívicos, que están en las trincheras, exponiendo el pellejo, y entregando su vida, y la posición de los ideólogos y líderes del movimiento, que están en sus casas viendo las noticias por televisión.

Los primeros piden una salida inmediata del dictador, mientras los segundos piden una solución negociada y “constitucional”. La insistencia en la constitucionalidad de la solución es triplemente absurda. Primero porque estamos en una emergencia, y a nadie le importa, en este momento, la constitución. El pueblo lo que quiere es quitar a un gobierno que lo está matando, y poner a otro gobierno que no lo mate. Y desea, con toda razón, que eso se haga cuanto antes.

En segundo lugar, la salida constitucional es más lenta, y  exige que Ortega coopere con su propia democión, y que la Asamblea corrupta y desprestigiada tenga un papel relevante.

En tercer lugar porque el dictador es ilegítimo e inconstitucional, pues fue “designado”, para usar la expresión de moda, por un poder electoral viciado, presidido por un funcionario corrupto, como lo es Roberto Rivas.

Un alacrán en la camisa.

Lamentablemente, al interior de la Alianza Cívica, los representantes del Cosep ejercen el liderazgo. Eso está más que comprobado. Los Cosepos llevan la voz cantante, y ellos dictan la tónica que prevalece en el diálogo.

Los preside nada menos que José Adán Aguerri, el líder de los empresarios corruptos que son el segundo pilar de la dictadura, después del aparato represivo.  Los empresarios son los más numerosos, están más cohesionados, tienen más experiencia política, más dinero, y  llegan al diálogo en sus carros, mientras los estudiantes llegan a pie.

Los Cosepos propugnan por una salida lenta, que no quiere el pueblo, para tener tiempo de finiquitar de manera ventajosa sus negocios con el régimen, y sacar la mejor tajada de la mega-piñata que se avecina. La única vía para que se imponga la salida rápida, por la cual propugnan las masas, es mediante la creación de un gobierno paralelo. O bien, como he dicho en otro artículo, de un gobierno paralelo que se convierta en gobierno provisional o de transición, cuando le llegue su momento, que parece estar ya a las puertas.

Y ese gobierno paralelo y/o de transición debe constituirse cuanto antes, para emplearlo como un arma contra la dictadura. Y para conformar esa junta de gobierno provisional y paralelo no necesitamos pedirle permiso a la dictadura.

Cada espacio conquistado en el diálogo nacional debe ser aprovechado por la Alianza Cívica para ganar nuevos espacios.

Ninguna dilación es admisible, ya que, de lo contrario, se crearía “un vacío de poder”. La existencia de un gobierno de transición ya constituido, con los nombres de sus integrantes, y sus discursos de aceptación de su nombramiento,  facilita y acelera la instauración del mismo.  Pero esta junta de gobierno provisional no caerá del cielo. La debe conformar la Alianza Cívica, trabajando audazmente  en conjunto con todo el resto de la oposición.

De hecho, la Alianza Cívica debe convocar a una mega-convención de toda la oposición, preferiblemente en un hotel capitalino. Y, en el curso de ese agitado cónclave, permitir la intervención de los representantes de todos los sectores de la oposición.  Pero, sobre todo, el objeto de la reunión sería crear una coalición opositora nacional, al estilo de lo que fue, en el pasado, la Unión Nacional Opositora, que derrotó al sandinismo, y llevó al poder a doña Violeta en 1990.

Esto podría darse al estilo en que se hizo con el Grupo de los Doce, en el tiempo del dictador Somoza. Es grupo ingresó en Nicaragua, tras la caída de Somoza Debayle, para asumir el poder, teniendo el respaldo de las armas del sandinismo. Con la gran diferencia de que el grupo de los Doce se constituyó en el exilio costarricense, dos años antes de entrar en acción. La Alianza Cívica, a la cabeza de una coalición opositora, podría elegir a algunos notables para que se conformen en un gobierno paralelo/provisional.

 Dicha junta de gobierno podría estar en Nicaragua o radicarse  en el exilio (preferiblemente, en Costa Rica), para evitar las embestidas del régimen. Ese gobierno en el exilio entraría triunfante al país, para tomar el poder, cuando llegue el momento indicado.

La existencia de una junta de gobierno ya constituida, con integrantes de reconocida integridad y militancia anti-orteguista, sería también un estímulo y un aliciente para la lucha, entre los activistas.

La secuencia de los hechos (blueprint)  sería la siguiente. La directiva de la Alianza Cívica da un “golpe de timón”, para disminuir en su seno  la influencia dominante del Cosep, sustituyéndola por la de los estudiantes, campesinos y sociedad civil, actuando en forma coordinada. Una vez hecho eso, ellos piden que la directiva recompuesta sea refrendada por el pueblo, convocando a una mega-convención de toda la oposición nacional.

Durante la celebración de ese cónclave, que se celebraría con toda fanfarria, ellos proclamarían la plataforma consensuada del gobierno provisional, que tendría un carácter democrático. No habrá, probablemente, quien se atreva a objetar a eso, a excepción acaso del Cosep, que intentaría boicotear el proceso. Pero esos esfuerzos serían neutralizados por los otros sectores involucrados. En caso de que el Cosep se oponga, la Alianza Opositora buscaría la forma de combatirlo, apoyándose en la población.

También se proclamaría, durante esa misma sesión, a la Junta de Gobierno Provisional, la cual  sería aclamada por mayoría. Esta pasaría, desde ese momento, a ejercer sus funciones.

Una vez convertida la Alianza Cívica en Coalición Opositora suprapartidaria, esta entidad se vería considerablemente empoderada, y adoptaría los atributos que tiene todo partido político, como lo son: un comité central, una estructura jerárquica, una cadena de mando y un conjunto de subsedes regionales.

Con esta nueva estructura reforzada, la Alianza Cívica/ Coalición Opositora estaría en capacidad de captar enormes recursos, hoy en día subutilizados, en términos humanos, materiales y logísticos, que le permitirían alcanzar mayores niveles de organización y de movilización popular, que harían más efectiva la lucha. Se podrían crear departamentos, encargados de diversas tareas, como crear brigadas médicas, captar suministros de medicinas y alimentos, recaudación de financiamiento, gestionar la ayuda internacional, etc.

Todas esas tareas son de enorme importancia, pero están hoy en día desatendidas, pues la  Alianza Cívica carece de recursos y de la experiencia política requeridos.
Dentro de este escenario, la presión de las nuevas acciones, mejor coordinadas, con una efectividad multiplicada,  aunada a la presión de los tranques, harían que la situación resulte insostenible para el régimen.

En un determinado momento, la presión interna, conjugada con la presión externa, principalmente las sanciones impuestas al régimen por  los Estados Unidos, obligaría al  dictador a renunciar o a huir. El Cosep se vería obligado a replegarse, y a someterse a la voluntad de las masas insurrectas. El ejército y la policía, que ciertamente son, en todo sentido, una “papa caliente”, tendrían que  desbandarse o negociar con la nueva junta de gobierno, una salida a la crisis.

En ese momento, los líderes de la Coalición, previamente legitimados por su actuación en la lucha,  intentan conquistar la aprobación de la comunidad internacional, establecen acuerdos entre sí con todos los sectores políticos relevantes, a nivel nacional,  para trabajar juntos en la “carpintería del relevo” y  asumir el control del aparato estatal,  y se encaminan audazmente a la toma del poder.
Es importante señalar que aquí no cabe la improvisación, y que todos los pasos deben estar planificados de antemano.

Debe quedar absolutamente claro que la naturaleza de la solución a la crisis depende de la correlación de fuerzas existente entre el gobierno y la oposición. Mientras mayor sea el poder de la oposición, reforzada por nuestros amigos foráneos, mayor es la probabilidad de doblarle el brazo al tirano. 

Es por eso que una buena estrategia pasa por el empoderamiento de la oposición. También hacen falta grandes dosis de audacia, de maquiavelismo y de pro-actividad. Esto significa que debemos ser visionarios, y anticiparnos siempre a los acontecimientos.

Por un sentido de responsabilidad ante nuestro pueblo, estamos comprometidos a contemplar siempre todos los escenarios posibles, incluso los más dantescos. No existe ninguna base para suponer que el dictador, al sentirse acorralado, no reaccionará de una manera aún más brutal. Por eso la oposición debe, obligatoriamente,  tomar desde ahora  todas las medidas posibles para hacerle frente a esa aterradora eventualidad.

Finalmente, cabe señalar que nuestra lucha cívica no puede ser sólo cívica, sino también semi-cívica, dada la represividad del enemigo. Entre los recursos a emplear deben estar, entre otros, la infiltración, el chantaje, el sabotaje, el espionaje y el clandestinaje. También los informantes, dentro del aparato estatal, deben ser reclutados para que brinden información que sea útil para el movimiento.

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