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martes, 3 de julio de 2018

Alianza Cívica convoca a plantón y marcha en Nicaragua.


La Alianza Cívica convocó a un plantón para este miércoles, 4 de julio, y a una marcha el sábado, de 7 julio, como parte de las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega. Además, demandaron la liberación de las personas que están en la cárcel de El Chipote, en la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua.

El plantón será de la rotonda Rubén Darío a la rotonda Jean Paul Genie, a la 11 am del miércoles, explicaron los organizadores. "Será un plantón nacional desde la rotonda Rubpén Darío a la rotonda Jean Paul Genie" en Managua, "que todas las personas dejen lo que están haciendo y que se sumen, que se sienten y participen", dijo Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica. En cuanto a la marcha, está programada para la 10 am del 7 de julio y tendrá réplicas en todo el país.

En esta marcha, los organizadores han pedido que los pobladores usen los colores patrios: Azul y blanco. En esta manifestación nacional se hará una denuncia a la violación de los derechos humanos, indicó la Alianza Cívica. Chamorro, en nombre de la Alianza Cívica, indicó que han solicitado a los organismos defensores de los derechos humanos supervisar el plantón que ha sido convocado.

La crisis sociopolítica de Nicaragua podría aumentar la migración del capital humano del país, algo que economistas consultados consideran grave para la economía nicaragüense, dijo el economista independiente Luis Murillo quien señaló que en Nicaragua actualmente hay una situación económica crítica que está empujando a la población a la migración. 

“Yo creo que si esta situación continúa hasta el final del año, vamos a tener una tasa de crecimiento negativa (o decrecimiento); y si eso se da y cierran, por ejemplo, las empresas maquiladoras tendremos unas 120,000 personas sin empleos, la mayoría de ellas jóvenes”, advirtió Murillo.

Murillo explicó que una de las fortalezas de Nicaragua hasta ahora es el llamado bono demográfico. “Eso quiere decir que una parte importante de la población es relativamente joven y esa es en parte la explicación de por qué tuvimos una tasa de crecimiento de más de 4% a 4.5% en los últimos años. 

Pero lo que puede suceder es que Nicaragua se va a quedar sin capital humano y va a seguir contribuyendo como lo ha hecho hasta ahora a por lo menos un tercio del PIB de Costa Rica. La gente nicaragüense que se va a trabajar a ese país, sobre todo, en el sector agropecuario levanta la economía tica, pero no la nicaragüense”, aseveró Murillo.

Mientras que la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), desde el 18 de abril (cuando empezó el conflicto en Nicaragua) hasta la segunda semana de junio, en el país se han perdido unos 215,000 empleos. Este centro del pensamiento económico estima que la economía tendrá un decrecimiento anual de 0.03%, si se resuelve la problemática en este mes de julio, pero será mayor (-5.6%), si no se llega a una solución rápida.

El equipo técnico de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde hace una semana se encuentra en Nicaragua como parte del Mecanismo de Seguimiento y apoyo al Diálogo Nacional, considera que los niveles de violencia represiva han disminuido durante su estadía en el país. O al menos eso percibe. 

El viernes, en una reunión sostenida con el Instituto de Medicina Legal (IML), dicha institución aseguró a la CIDH que, en comparación con los picos de violencia registrados antes, en los que en promedio a diario recibían de siete a nueve personas muertas, en esta semana se reportaron entre uno y dos fallecidos al día.

La responsable de la delegación, María Claudia Pulido, consideró que la reunión con el IML fue productiva, pues pudieron encontrar algunas claves para entender por qué difieren tanto las cifras estatales de asesinados, con las de la sociedad civil u organismos de derechos humanos. Mientras la CIDH registró 212 fallecidos, y el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (Cenidh) una cifra similar, con doce casos adicionales en proceso de verificación, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), hasta el 15 de junio, contaba 285 asesinados en dos meses de protestas.

El día que el equipo de la CIDH llegó al país, ciudades como Nagarote, León, Diriamba, Jinotepe, Matagalpa y Juigalpa fueron atacadas por policías y paramilitares. Al menos dos personas resultaron muertas ese domingo. A diferencia de la visita que hicieran en mayo, en la que recogieron más de mil testimonios, “en esta oportunidad no estamos recibiendo testimonios, pero sí hemos sostenido reuniones muy importantes, tanto con autoridades como con organizaciones de la sociedad civil y hemos recibido información que estamos actualizando para entregar a la comisionada Antonia Urrejola”, explicó Pulido en el programa Esta Semana.

Sobre la negativa de las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial de no permitir este jueves, el ingreso a El Chipote al equipo de la CIDH, explicó que esto se debió a que la delegación no tenía contemplada la visita a centros de detención, pero que, motivados por las denuncias de los familiares de los detenidos, decidieron programarla. Al hacerlo “sobre la marcha”, no informaron oficialmente al Estado de Nicaragua. 

No debían pedir permiso, pero sí comunicarlo. “Ya enviamos la comunicación oficial correspondiente para realizar las visitas a este centro de detención, y a otros durante esta semana que arranca”, aseguró.

Pese a que no pudieron entrar a las celdas, consideró que las entrevistas que consiguieron con los familiares de los detenidos les proporcionaron información valiosa.   “El contexto es muy complejo porque cada vez se va cambiando. Sigue el temor, las personas se autoimpusieron un auto toque de queda, evitando salir a las calles de noche”, aseguró el secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrāo al presentar el informe en un foro de Naciones Unidas este viernes en Ginebra.

Abrāo y Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua, llegarán al país este domingo, para instalar el próximo martes el Grupo Independiente de Expertos Internacionales que en un plazo de seis meses investigarán las responsabilidades sobre los asesinatos  “La idea es que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes recoja testimonios pueda valorar estas pruebas y sobre todo establecer líneas de investigación qu sugieran a la autoridad competente (Ministerio Público) para que los expedientes que está adelantando se puedan avanzar. Su fin último es contribuir al establecimiento de la verdad”, explicó María Claudia Pulido en el programa televisivo Esta Semana.

Ella espera que la población confíe en el GIEI para que denunciar y así este mecanismo cuente con la información “válida, específica, concreta”, que le permita “generar líneas de investigación de tal solidez, que el Ministerio Público tenga la capacidad y la apertura de recibir para poder investigar de acuerdo a la ley y a su mandato constitucional”.  

Aunque el Gobierno de Nicaragua rechazó el informe final de la CIDH a través del canciller Denis Moncada, sí está implementando algunas de las recomendaciones contenidas en dicho documento. “El 30 de mayo firma con la Comisión Interamericana y con la Secretaría General la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que estará instalándose este martes”, resaltó Pulido.

Esto, consideró, son “señales muy importantes” de que el Estado está en “dirección del cumplimiento de las recomendaciones”.

Sin embargo, una de las observaciones claves del informe era el desarme y desarticulación de grupos parapoliciales que continúan reprimiendo y sembrando terror. “La respuesta de las autoridades es la misma: que la Policía Nacional está acuartelada y que no hay un control de parte del Estado de lo que sí aceptan que existen, que son terceros, desde su perspectiva, armados”, lamentó Pulido, quien insistió en que es deber del Estado desarticularlos.

“El punto de partida debe ser reconocer los errores y excesos en medio de la tensión social”, subrayó en entrevista con CONFIDENCIAL la comisionada Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Urrejola insistió en que es necesario reconocer que los grupos parapoliciales “existen y están afectando la vida de las personas. Están generando un ambiente de intimidación para distintos sectores de la sociedad, gobiernista y oposicionista. Es una obligación del Estado desmantelarlos y es una de nuestras 15 recomendaciones que el Estado debe asumir”.

Ante la pregunta de si la CIDH jugará un papel de mediadora para detener acciones represivas, como lo ha hecho la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Pulido aseguró que la Comisión “no tiene mandato, una capacidad de pacificación y de poder interceder frente a una situación de fuerzas de choque o violencia que se esté dando, tampoco tiene elementos para negociar entre dos partes, no está dentro de sus facultades”, pero que sí puede atender “el llamado de la Mesa de Verificación y Seguimiento”, para acompañar, verificar y monitorear la situación de derechos humanos.

Este viernes, por ejemplo, la CIDH acompañó a Jinotepe a la Comisión de Verificación y Seguridad en las negociaciones para que furgoneros varados en Carazo, pudieran finalmente llegar a sus destinos, luego de permanecer “trancados” en la zona durante casi un mes. Esto respondiendo a “una solicitud de carácter humanitario, de parte de gobiernos de países hermanos del área centroamericana” que recibió la CEN.

Según la relatora especial Antonia Urrejola, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) del que forma parte el equipo que llegó hace una semana, permitirá “un monitoreo permanente de lo que está ocurriendo en el país en materia de derechos humanos, obtener información en tiempo real, y en base a ello, adoptar las medidas que correspondan de conformidad a nuestro mandato y hacer seguimiento a la implementación de todas nuestras recomendaciones plasmadas en el Informe Final”. El Meseni estará bajo la supervisión de Urrejola y del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.

Desde el martes una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) ha sostenido en Nicaragua encuentros con representantes de organizaciones humanitarias y movimientos de la sociedad civil, y el Gobierno. Esto es parte de una primera etapa que consideran “exploratoria” y que permitirá establecer una misión permanente durante tres meses para brindar ¨acompañamiento, asistencia técnica y monitoreo de la situación de derechos humanos”.

“La situación es muy preocupante, esperamos el cese de la violencia”, dijo la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Alicia Londoño, después de una de las reuniones.esde el martes una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) ha sostenido en Nicaragua encuentros con representantes de organizaciones humanitarias y movimientos de la sociedad civil, y el Gobierno. 

Esto es parte de una primera etapa que consideran “exploratoria” y que permitirá establecer una misión permanente durante tres meses para brindar “acompañamiento, asistencia técnica y monitoreo de la situación de derechos humanos”.

Amnistía Internacional: violencia en Nicaragua puede juzgarse en tribunales internacionales. La directora de Aministía Internacional para las Américas, Ericka Guevara Rosas, dijo hoy que los actos de violencia que ocurren en Nicaragua podrían ser juzgados por tribunales locales o de otros estados.

“La simulación del gobierno del Presidente Ortega con el diálogo continua siendo parte de su política de represión, como se refleja en los episodios de violencia del fin de semana. Las familias nicaragüenses no deben seguir contando muertos ni un día más. 

Son hechos inaceptables que deben ser debidamente investigados y juzgados por los tribunales nicaragüenses o por tribunales de otros estados bajo el principio de jurisdicción universal”, expresó Guevara en un comunicado publicado en la página web de la organización.

La directora de AI, apoyó la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lo destacó como una esperanza para el pueblo de Nicaragua y para todas las víctimas de la violenta represión ejercida en las protestas cívicas, iniciadas desde el pasado 18 de abril.

“Las autoridades nicaragüenses deben asegurar las condiciones para que el trabajo del GIEI contribuya a la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho las víctimas.”, apuntó la experta. Guevara sostuvo que es deber del gobierno de Ortega parar la represión y darle el derecho a la población de poder expresarse libremente, sin temor a perder la vida.

“En lugar de garantizar el cese a la represión y los derechos humanos de toda la población, el gobierno del Presidente Ortega parece estar empeñado en sumar casos a la larga lista en los que deberá trabajar el GIEI. La población debe poder ejercer su derecho a la libertad de expresión sin temor a perder la vida” advirtió.

Al concluir el comunicado, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, pidió al gobierno materializar las 15 recomendaciones de la CIDH en los barrios y calles de Managua.

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