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miércoles, 25 de julio de 2018

BID: “estamos vigilando Nicaragua”.


En tres días de mayo y junio, mientras el país sufría por la violenta represión de las protestas, la Asamblea Nacional aprobó la aceptación de seis préstamos por más de 230 millones de dólares otorgados por cuatro instituciones financieras internacionales, que no presentaron objeción alguna ante las graves violaciones a los derechos humanos provocadas por la represión del Estado al que le facilitaban sus recursos.

Los que sí han expresado objeciones, son los gobiernos de Holanda, Luxemburgo y Estados Unidos. Los dos primeros, que congelaron temporalmente sus programas de ayuda a Nicaragua, mientras que el secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, declaró a periodistas que “en general (…) no comentamos sobre futuras sanciones (…) pero es razonable pensar que es algo que consideraremos”.

Entre el 22 y 23 de mayo, mientras el país lloraba la muerte de más de 70 ciudadanos, los diputados aprobaban cinco préstamos por un poco más de 200 millones de dólares, supuestamente destinados a financiar proyectos de salud, agua y saneamiento, construcción de caminos, y derechos de propiedad.

El siete de junio se aprobaba un préstamo más, este por 30 millones de dólares aportados por el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), destinados –en teoría- al desarrollo de caminos rurales. En ese momento, la lista de asesinados, en su mayoría por el régimen, superaba los 170.

La entidad más generosa de todas es la Asociación Internacional de Desarrollo (IDA, por sus siglas en inglés), perteneciente al grupo del Banco Mundial, que es fuente de tres préstamos por 145 millones de dólares. Le sigue el Banco Centroamericano de Integración Económica, (BCIE), que aportó 38.8 millones de dólares provenientes de recursos externos de Corea; el Fondo OPEP, con 30 millones, y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con 16.3 millones.

La mayor parte de los préstamos son para proyectos, pero también hay recursos de libre disponibilidad que entran directamente al Tesoro de la República en concepto de apoyo presupuestario por 65 millones de dólares, “que en términos del PIB equivale a 0.4%, siendo el Banco Interamericano de Desarrollo el principal financiador de esta modalidad”, según el Marco Presupuestario de Mediano Plazo, que forma parte del Presupuesto 2018. No se conoció que ninguna de las instituciones multilaterales que otorgó los créditos hubiera expresado reserva alguna al momento de aprobarse los préstamos, aunque es posible que eso pudiera cambiar en el futuro inmediato.

Según una declaración que un vocero del Banco Mundial hizo llegar a Confidencial, “como institución dedicada a erradicar la pobreza y crear oportunidades para todos, nos preocupa la escalada de violencia en Nicaragua y el impacto del deterioro de las condiciones de la población, especialmente los pobres”.

“En el contexto de la crisis actual, hemos revisado nuestra cartera de proyectos y reforzado las medidas para garantizar que los recursos del Banco se utilicen para los fines previstos. No se han aprobado nuevos préstamos desde el inicio de la crisis y las futuras operaciones dependerán de que existan condiciones apropiadas para la efectiva implementación de los proyectos en beneficio del pueblo de Nicaragua”.

Por su parte, una fuente vinculada al Banco Interamericano de Desarrollo, (BID), indicó que están “vigilando de cerca los acontecimientos en Nicaragua, y apoyando los llamados a encontrar una solución pacífica del conflicto”.

Explican que la cartera activa de préstamos de inversión en Nicaragua tiene un saldo disponible de 624 millones de dólares, y que “la situación en los últimos dos meses ha retrasado la ejecución y desembolsos correspondientes de varios proyectos”.

“La Junta de Directores Ejecutivos del Banco, donde están representados los 48 países miembros del BID, tiene la máxima autoridad para suspender los desembolsos a un gobierno. A partir del 10 de julio de 2018, esta cuestión no ha sido tomada por la Junta”, aclaran.

Confidencial pidió información al BCIE sobre sus proyectos activos y el monto de desembolsos efectuados en 2018, pero una vocera del Banco informó desde Tegucigalpa, donde tiene su sede, que la única información que podían ofrecer es la que está en su sitio web, cortada al 31 de diciembre de 2017.

En su afán por cumplir metas de colocación de préstamos, los bancos internacionales no hacen distinción entre los niveles de gobernabilidad democrática y el desempeño financiero de un gobierno en cuestión, opina Melba Castillo, vicepresidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua.

“Las organizaciones de financiamiento como el BID, Banco Mundial e inclusive el BCIE, son bancos cuyo interés es colocar fondos. Y los colocan básicamente con los gobiernos, por tanto, su principal interés es mantener buena relación con los gobiernos. Eso explicaría en parte su silencio frente a las masacres producto de la represión gubernamental en Nicaragua, ya que podría enturbiar esas relaciones”, señaló.

El economista Enrique Sáenz, que trabajó por una década en un organismo multilateral, recuerda que después del fraude en las elecciones municipales de 2008, la Unión Europea suspendió los fondos de libre disponibilidad que entregaba al país, mientras que Estados Unidos canceló la participación de Nicaragua en la Cuenta Reto del Milenio (CRM).

Lo que debió haber sido un hueco financiero difícil de llenar para la entonces aún reciente administración Ortega, no lo fue de ninguna manera, no solo porque el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ofreció los 50 millones de dólares para construir el tramo de carretera Nejapa–Izapa que retiró la CRM, sino por lo que hicieron los bancos multilaterales.

“Ese año fue cuando más recursos llegaron al país por parte del BID, BM y FMI. Mientras gobiernos caracterizados retiraban sus fondos en respuesta al atropello a los derechos de los nicaragüenses, las instituciones financieras multilaterales neutralizaban el impacto de esa decisión”, dijo Sáenz.

“Si esa es irresponsabilidad, si esa es complicidad, le toca a cada quien calificar. Yo solo cito el hecho. Aunque las instituciones financieras multilaterales no lo dijeron de esa manera, ellos posibilitaron que el gobierno prácticamente se burlara de esas sanciones”, insistió.

Sáenz recuerda que el Fondo Monetario Internacional presentaba exigencias al Gobierno de Nicaragua, y ante cada nuevo incumplimiento, su reacción era volver a pedir que les cumplieran y poco más, pese a que podían condicionar la entrega de nuevos desembolsos, por ejemplo.

El economista es más crítico al evaluar al BID, al decir que “puedo señalar que si ha habido un cómplice, ha sido la administración del BID. Incluso hay base para denunciar a funcionarios del BID por prácticas de dudosa transparencia”, sentenció.

Argumenta que “aquí se ha aprobado con forma de créditos, lo que es apoyo presupuestario directo”.  El último de ellos, por 65 millones de dólares, fue para trasladar el subsidio a las empresas generadoras -con Albanisa a la cabeza- y a la empresa distribuidora.

Recuerda que el argumento inicial del gobierno es que el BID imponía la condición de eliminar el subsidio a las tarifas eléctricas, a cambio del crédito de 65 millones de dólares, dinero que se usaría para reparar las líneas, reducir pérdidas técnicas, etc., pero la realidad es que los 65 millones eran para apoyo presupuestario.

“Eso no solo fue el año pasado, sino que viene ocurriendo en los últimos años. Allí sí creo que hay base, por lo menos para pedir una investigación de cuál ha sido la rigurosidad de la administración del Banco en la gestión de esos fondos”, reclamó.

Por su parte, el también economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades) explica que los flujos de préstamos no se pueden detener por razones políticas, sino que solo por el incumplimiento del proyecto. “Para pedir un nuevo desembolso, tienen que haber cumplido las fases del primero”, explicó.

“El BM es el único multilateral que toma en cuenta el tema de la gobernabilidad, y puede suspender un financiamiento si hay problemas en ese sentido. El FMI no lo hace: financia a cualquier país de cualquier tendencia, dictatorial o democrático, siempre que cumpla las metas de ajuste macroeconómico y las reformas estructurales, como Chile en los 70”, indicó.

El economista Edmundo Jarquín también conoce de cerca el funcionamiento de los multilaterales, de los que señala que “al prestar atención solo al desempeño macroeconómico del Gobierno de Ortega, haciendo caso omiso del hecho que Ortega había revertido y pervertido el proceso democrático, terminaron siendo socios de un proceso de crecimiento económico autoritario, y del régimen antidemocrático que lo tutelaba”.

“Ese modelo de crecimiento económico autoritario, sin Estado de Derecho democrático, estaba expuesto a una crisis política. Esa crisis llegó y se revirtieron todos los indicadores económicos que tanto satisfacían a los organismos financieros”, añadió.

“El accionar represivo del gobierno de Ortega, además de revertir los logros económicos del crecimiento autoritario, también mina cualquier forma de recuperación del crecimiento, pues las tomas de tierra, la persecución a los bancos, y la modificación de los tipos penales en cuanto a lavado de dinero y terrorismo que terminan con el secreto bancario, hace imposible recuperar la confianza de los inversionistas”, graficó.

“¿De qué sirvió, para el desarrollo del país, la complacencia de los multilaterales con el crecimiento autoritario de Ortega? De nada, o de muy poco. Al final, tenemos un país más endeudado y sin capacidad para pagar ese endeudamiento”, concluyó Jarquín.

Holanda decidió suspender por dos meses, los 18.4 millones de euros (21.6 millones de dólares al cambio en este momento), ofrecidos a Nicaragua en concepto de cooperación para construir un hospital en Bilwi, Región Autónoma del Caribe Norte, “debido a las graves violaciones de derechos humanos cometidos por oficiales del gobierno y grupos parapoliciales”, según el sitio web oficial “Los Países Bajos y Tú”.

“El Reino de los Países Bajos [nombre oficial de Holanda] está preocupado debido a la violencia, represión, detenciones arbitrarias y la falta de libertades fundamentales en Nicaragua que ha venido sucediendo desde el 18 de abril”, declara la publicación.

“Esta decisión también se tomó debido a las quejas sobre la obstrucción y la grave demora en el acceso a la atención médica para los manifestantes en Nicaragua”, añade en referencia a los reportes de los ciudadanos, en el sentido que los hospitales públicos se han negado a recibir a los manifestantes heridos por las balas del régimen.

“Al comunicar esta decisión a las autoridades nicaragüenses, el Reino de los Países Bajos, en línea con declaraciones realizadas por la Unión Europea”, llama a la “implementación de las 15 recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluida la investigación de las denuncias de obstrucción a la asistencia médica, el cese inmediato de la violencia, y el desmantelamiento de los grupos paramilitares”.

Por su parte, “el Gran Ducado de Luxemburgo anunció que congelaba los desembolsos al Gobierno de Daniel Ortega, lo que incluye la suspensión “del proceso de firma del nuevo Programa Indicativo de Cooperación”.

La nación europea señaló además que está “fortaleciendo su apoyo a la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos en el terreno”, y que decidió “apoyar financieramente los instrumentos de la CIDH teniendo como objetivo contribuir a una solución pacífica de la crisis en Nicaragua, en particular apoyando al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de Nicaragua (GIEI-NIC)”.

El siguiente cuadro muestra los préstamos que han sido aprobados por la Asamblea Nacional en el transcurso del año. Los primeros cinco, incluyen 494.7 millones aprobados antes de la Rebelión de Abril, y los siguientes seis, suman 230.1 millones aprobados después de iniciada la matanza.

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