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jueves, 12 de julio de 2018

Demoledor y contundente informe de la CIHD ante la OEA.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia el deterioro, profundización y diversificación de la represión en Nicaragua en la última semana. En la segunda semana de trabajo del equipo técnico del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), que llegó a Managua el 24 de junio de 2018, la CIDH observó en terreno nuevas formas de represión contra las personas participantes en las protestas y opositoras al gobierno y una afectación particular en niños, niñas y adolescentes.

Conforme fue documentado por la CIDH en su informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”, al inicio de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril, la CIDH reportó un patrón de uso desproporcionado de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y de detenciones masivas y arbitrarias ocurridas especialmente durante los primeros días de las protestas, en perjuicio de estudiantes, trabajadores y jóvenes que se encontraban en la zona de los incidentes, así como ataques dirigidos a instalaciones universitarias, medios de comunicación y algunos recintos específicos.

El 2 de julio de 2018, el MESENI documentó actos de represión selectiva por medio de detenciones arbitrarias, por medio de allanamientos ilegales de viviendas en busca de personas que participaron en protestas y tranques y opositores. Como consecuencia de estas acciones, un gran número de personas se han visto forzadas a huir de sus casas y esconderse, y desplazarse a otros lugares tanto dentro como fuera del país. La CIDH también refirió a una nueva modalidad de represión relacionada con la toma de tierras por parte de grupos organizados que ingresan a invadir propiedad privada como una forma de intimidación (comunicado de prensa Nro. 141).

En esta segunda semana de funcionamiento, el MESENI observó con preocupación una profundización y diversificación de las formas de represión contra la población manifestante y opositora, así como contra quienes se encuentran en los tranques y/o barricadas en forma de protesta y contra quienes colaboran de cualquier forma con ésta, incluyendo familiares y vecinos.

Asimismo, la CIDH condenó junto con la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, los hechos de violencia y agresiones contra integrantes de la iglesia católica. Según la información recibida, solo esta semana 34 personas fueron asesinadas en el contexto de la represión actual, múltiples personas resultaron heridas y la mayoría de personas entrevistadas manifestaron sentir temor por sus vidas.

Desde la visita de trabajo a Nicaragua realizada del 17 al 21 de mayo, la CIDH ha adoptado 12 resoluciones solicitando a Nicaragua la adopción de medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de 69 personas y sus núcleos familiares en varios asuntos.

Como hechos de especial preocupación, el MESENI recibió información sobre personas sitiadas, el 3 de julio, por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales en La Trinidad, Estelí, por lo que la CIDH instó al Estado a respetar y garantizar su derecho a la vida. El MESENI tomó conocimiento que los jóvenes que mantenían el tranque en la ciudad fueron atacados, resultando una persona muerta y, al menos tres personas heridas. Asimismo, se tuvo conocimiento que grupos paramilitares habrían retenido a sacerdotes que se dirigían a la ciudad para lograr una mediación.

La CIDH manifiesta su preocupación ante la información recibida sobre operaciones de orden público denominadas “operación limpieza”, iniciadas el 5 de julio por el Estado con el fin de desmontar tranques en diferentes ciudades del país. De acuerdo con información de público conocimiento, el Gobierno, a través de la Policía Nacional en actuación conjunta con grupos parapoliciales, realizó operativos en Suitaba, León, Wiwilí, Jinotega, Masatepe, Ometepe y Matagalpa, dirigidos a reprimir a las personas que mantienen los tranques y barricadas, así como a las comunidades que los apoyaban como forma de protesta y/o como medio de protección frente a las acciones de grupos pro gubernamentales. 

Como producto de estos operativos, varias personas habrían fallecido y resultado heridas. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), habría más de 160  personas detenidas, secuestradas y/o  desaparecidas en lo que va del mes de julio de 2018.

El 6 y 7 de julio se registraron ataques a jóvenes en Matagalpa y Sutiaba, registrándose una muerte y varios heridos. El MESENI también tomó conocimiento del ataque perpetrado el 8 de julio contra las ciudades de Jinotepe, Dolores y Diriamba, donde la población mantenía algunos de los principales tranques desde el inicio de las protestas. En esta localidad cerca de 200 camiones se encontraban retenidos hacía más de un mes. 

Según medios de comunicación e información recibida, existirían indicios del uso de armas de uso exclusivo del ejército, entre ellas lanzacohetes y granadas, en el proceso de levantamiento de los tranques. De acuerdo con la información disponible, como producto de los ataques, 20 personas fueron asesinadas. En el marco de estos operativos, la Policía Nacional informó sobre la muerte de dos agentes.

Asimismo durante esta semana, en el marco de cobertura de hechos de violencia, se registraron agresiones físicas a periodistas por parte de grupos parapoliciales, robo y rotura de equipos, lo que ha afectado el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.  Por otra parte, la CIDH fue informada sobre allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias en diferentes ciudades del país, facilitadas por los Consejos de Poder Ciudadano (CPC). La información recibida indica que las personas detenidas habrían sido víctimas de violencia, malos tratos e incluso tortura antes de ser trasladadas al Auxilio Judicial de la Policía Nacional, conocido como Chipote.

El MESENI recibió información recurrente que indica que las detenciones se realizan sin orden judicial, no se les informa a las personas detenidas sobre la causa de detención, no son puestos a disposición de juez y no tienen acceso a familiares o defensa. Una vez la persona se encuentra detenida ilegalmente se imputarían cargos falsos, sin ser la familia y/o representante legal informada oportunamente de la audiencia preliminar. En este sentido, el 4 de julio, la CIDH fue informada que al CENIDH y la CPDH no se les permitió representar a las personas que se encontraban en audiencia preliminar a pesar de encontrarse en el recinto, y en su lugar asignaron defensa pública.

El Estado de Nicaragua tiene la obligación de informar inmediatamente a la persona detenida, sus familiares y representantes, sobre los motivos y razones de la detención. También debe de informar el lugar de privación de libertad. La incomunicación de las personas detenidas y falta de control judicial constituye una violación al derecho a la integridad personal, a la vez que constituye un incumplimiento del Estado de su deber reforzado de garante de las personas privadas de libertad.

Además, la falta de acceso a la defensa y la ausencia de supervisión judicial constituye un incumplimiento de Nicaragua a su deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho al debido proceso y al acceso a la justicia de los detenidos de conformidad con los estándares internacionales en la materia. El incumplimiento de estos deberes además refleja la arbitrariedad con la que se practican las detenciones realizadas a partir de los hechos ocurridos desde el 18 de abril, en una práctica generalizada de criminalización de la protesta social.

Preocupa especialmente a la CIDH la situación de adolescentes que se encontrarían privados de libertad. En ningún caso los adolescentes pueden ser detenidos o privados de libertad junto con adultos, tal como la CIDH lo ha indicado reiteradamente. Se deben considerar medidas socio-educativas en el marco de un modelo de justicia restaurativa que no implique la privación de la libertad, y cuando sea necesaria la privación de la libertad, se debe realizar en centros adaptados para adolescentes, con personal especializado y programas socio-educativos que cumplan con esta finalidad rehabilitadora.

Asimismo, en relación con niñas, niños y adolescentes, el MESENI recibió información preocupante de organizaciones nacionales e internacionales respecto a la particular situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. De acuerdo con la información recibida, las niñas  se ven especialmente afectadas por situaciones de abuso y violencia sexual, en especial después de ser detenidas; en el contexto de inseguridad y violencia en el país, niñas, niños y adolescentes estarían expuestos a situaciones de desplazamiento interno, migración forzada y separación de familias; también existirían denuncias sobre niños, niñas y adolescentes desaparecidos.

Según información allegada a la CIDH, hasta el 6 de julio, se registrarían 25 niños, niñas y adolescentes asesinados, 8 adolescentes estarían detenidos y 4 judicializados; y 44 niños, niñas y adolescentes habrían perdido a sus padres y/o madres. Adicionalmente, la CIDH fue informada sobre el reclutamiento de adolescentes que participaban en un programa de reinserción de pandillas implementado por la Policía Nacional para actuar en este contexto. 

La Comisión también fue informada sobre la falta de respuesta y atención de las instituciones nacionales encargadas de la protección de niñas, niños y adolescentes en el país. La CIDH y las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales especializadas en la materia coordinarán esfuerzos para continuar monitoreando la especial afectación a los derechos de niñas, niños y adolescentes en Nicaragua.

Por otra parte, la CIDH ha recibido 17 comunicaciones y notas de prensa del Estado de Nicaragua resaltando ataques contra fuerzas policiales y contra ciudadanos simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Entre los hechos de violencia comunicados del 30 de junio al 8 de julio resaltan siete asesinatos, cuatro de miembros de las fuerzas policiales, y tres de miembros o simpatizantes del FSLN.  Asimismo, el Estado informa sobre cinco casos de secuestro, entre los cuáles se encuentra el secuestro comunitario de once ciudadanos, quienes fueron liberados ese mismo día. 

La CIDH también fue informada por el Estado de la participación de agrupaciones con armas en tranques, las cuales han atacado y lesionado a ciudadanos y funcionarios públicos en los departamentos de Carazo, Matagalpa y Managua. La Comisión también fue informada de tomas de tierras y ocupaciones ilegales entre los meses de mayo y junio.

Adicionalmente, en comunicado de prensa del 9 de julio, el Estado de Nicaragua informó que desde el 18 de abril de este año, la población ha padecido “la violencia de terroristas que han asesinado, torturado y secuestrado a centenares de ciudadanos, los mismos que han incendiado destruido y saqueado viviendas familiares, edificios públicos, pequeños y medianos comercios.” El Estado anunció que la Policía y todas las instituciones  actuarán conforme a Ley para garantizar el derecho de las y los ciudadanos a vivir en paz, con seguridad y en respeto a los derechos humanos.  

El Estado asimismo reiteró su “plena disposición de escuchar todas las propuestas e iniciativas, dentro del marco constitucional, institucional y las leyes que rigen a nuestro país, a fin de que se puedan consensuar para su aprobación, incluyendo previamente los puntos que tienen que ver con la paz, la seguridad, la tranquilidad de todas las familias nicaragüenses; el cese del terrorismo, el libre tránsito de las personas y del transporte público y privado que es vital para la sobrevivencia de todas las familias nicaragüenses”. 

Al respecto, frente a los operativos que viene realizado el Estado a través de la “operación limpieza”,  el MESENI llama la atención que el mismo se viene realizando de forma unilateral fuera del marco del Dialogo Nacional y de la Comisión de Verificación y Seguridad, en particular.

La CIDH recuerda que el uso de la fuerza debe ajustase a los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por otro lado, la Comisión subraya que los funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.

La Comisión ha indicado que la repetición de declaraciones estigmatizantes puede contribuir a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que pudiera acarrear una afectación a la vida e integridad personal del defensor o defensora, aumentando su vulnerabilidad. Lo anterior, debido a que autoridades públicas o sectores de la sociedad podrían interpretarlas como instrucciones, instigaciones, autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos contra su vida, seguridad personal, u otros derechos.

El MESENI tiene como una de sus funciones acompañar y asistir a la Comisión de Verificación y Seguridad (CVS) de la Mesa de Diálogo Nacional. Esta semana, el MESENI estuvo liderado por la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua y el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão. Durante esta semana, el MESENI acompañó cuatro misiones de liberación de personas detenidas por medio de a la Comisión de Verificación y Seguridad con la Conferencia Episcopal (CEN) como testigo. En total, 52 personas fueron liberadas en Managua, Estelí y León. 

En las dos misiones de Managua, la CIDH se entrevistó de manera individual y reservada con las personas liberadas del Auxilio Judicial el Chipote sobre las condiciones de su detención y trato recibido. Asimismo, el 6 de julio el MESENI participó en una Misión de Observación en Masaya, acompañando a la Coordinación Técnica de la CVS y la Conferencia Episcopal (CEN) como testigo para verificar la situación de los tranques y las amenazas constantes a la población de Monimbo. Una casa fue incendiada el 4 de julio por grupos parapoliciales en Masaya. En esta Misión a Masaya, también se realizó una reunión con dirigentes del Instituto Tecnológico Nacional de Masaya (INATEC) en las instalaciones de la Policía Nacional, que solicitaron apoyo para el reingresar a las instalaciones supuestamente tomadas por los líderes de los tranques y para retomar las clases.

Asimismo realizó una visita de observación al Auxilio Judicial el Chipote, recorrió las instalaciones, realizó entrevistas con personas detenidas y se reunió con las autoridades del Centro. Desde la visita de la CIDH, las autoridades del Auxilio Judicial se comprometieron con la liberación de visitas de familiares. La Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para el país, advirtió que “se debe poner fin inmediato a la represión y las detenciones arbitrarias, así como a todas las violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando.” Asimismo agregó que “el Estado debe respetar las garantías judiciales de todas la personas detenidas conforme a los estándares interamericanos.”

La CIDH reitera a Nicaragua su obligación de garantizar la integridad de todas las personas y la protección a cualquier forma de represalia. Asimismo, cualquier acto de violencia debe ser investigado por el Estado con debida diligencia conforme a los estándares interamericanos.  En cualquier acción realizada, el Estado debe informar detalladamente el número de personas asesinadas, heridas y detenidas y permitir el acceso a las organizaciones de derechos humanos a los centros de salud y/o de salud en los que éstas se encuentran, así como garantizar su acceso a la justicia. Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, reafirmó su disposición a través del MESENI de “seguir acompañando este proceso, en especial para velar por la protección a la vida y la integridad física de las personas y defensa de las víctimas”.

El Estado de Nicaragua debe ofrecer el listado de todas las personas fallecidas y heridas en estos operativos y realizar de forma inmediata, expedita y debida una investigación de los responsables por estos hechos. Las organizaciones internacionales de derechos humanos estamos a la espera de la información solicitada sobre las personas detenidas y el acceso a los centros de detención para verificar su integridad personal y las garantías de acceso a la justicia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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