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sábado, 7 de julio de 2018

Deportan a mujer nicaragüense 20 años después de su arresto en un caso de marihuana en Miami.


Miami Florida / BBC Mundo - El gobierno federal no se olvida de nada. Si tienen dudas, pregúntenle a Fanny Lorenzo. Lorenzo vivía legalmente en Estados Unidos cuando agentes la arrestaron como parte de una operación de cultivo de marihuana de su esposo en el sur de Miami-Dade. Eso fue en 1997. Lorenzo se declaró culpable, cooperó con los fiscales y cumplió la probatoria de 5 años a la que la condenaron.

Lorenzo mantuvo y renovó su residencia, se divorció, compró una casa móvil y crió a un hijo que es soldado del Ejército de Estados Unidos. Nunca más la arrestaron. Incluso viajó varias veces a su natal Nicaragua para visitar a familiares.

Pero entonces, el otoño pasado, cuando Lorenzo regresaba a Estados Unidos de visitar Nicaragua, agentes de la Aduana en el Aeropuerto Internacional de Miami la pararon, citando el caso de marihuana de tantos años atrás. Al final la dejaron entrar, pero a las pocas semanas las autoridades le revocaron la tarjeta verde, la arrestaron y la enviaron a un centro de detención, donde estuvo más de cuatro meses.

Finalmente, el mes pasado, Lorenzo fue deportada a Nicaragua, un país abrumado por la violencia, un resultado asombroso para ella porque pensaba que el caso de marihuana era algo que sucedió hace mucho tiempo. Pero bajo la línea dura en materia de inmigración del presidente Donald Trump, los residentes legales permanentes con casos penales como el de Lorenzo son objeto de una ofensiva de deportación, que los críticos dicen afecta a comunidades de inmigrantes como el sur de la Florida.

"Nunca pensé que me fueran a deportar. Yo no soy una delincuente", dijo Lorenzo, de 50 años, en una conversación telefónica desde Managua. "Pensé que esto había sucedido hace 20 años, y si ven mis antecedentes, son impecables". Su abogada, Evelyn Alonso, dijo: "El caso de Fanny es único porque el delito que llevó a la deportación ocurrió hace unos 20 años".

El cumplimiento más estricto de las leyes de inmigración ha sido característico del gobierno de Trump, que también implementó una política de "cero tolerancia" en los cruces en la frontera y que llevó al enjuiciamiento de los indocumentados en vez de deportarlos de inmediato. Eso llevó a la separación forzosa de padres e hijos en la frontera, y a los menores los enviaron a centros de detención en todo el país, algo que indignó al público.

Las deportaciones han continuado con premura, incluso a países abrumados por la violencia y la pobreza, como Nicaragua y Venezuela. Además, el Departamento de Seguridad Nacional creó un equipo especial dirigido a ciudadanos naturalizados que cometen delitos o mienten sobre sus antecedentes penales al solicitar la ciudadanía.

Por otra parte, las autoridades también persiguen a residentes legales permanentes, como Lorenzo, que tienen en su historial delitos que pueden llevar a la deportación.

Según información compilada por el centro no partidista de investigaciones TRAC, entre mayo del 2013 y febrero del 2017, más de 75 por ciento de los casos en los tribunales de inmigración fueron de personas que llevaban poco tiempo en Estados Unidos. 

Eso coincidió con el gobierno del presidente Barack Obama, que enfrentado a grandes atrasos en esos tribunales, priorizó la deportación de indocumentados que habían llegado al país hacía poco tiempo.

Pero una vez en la presidencia, Trump emitió una directiva para perseguir esencialmente a toda persona que estuviera ilegalmente en el país. La información del centro TRAC muestra un aumento en los casos contra personas que han vivido en Estados Unidos al menos dos años.

Por ejemplo, en marzo de este año, 43 por ciento de todos los nuevos casos de inmigración presentados por el Departamento de Seguridad Nacional eran de personas que llevaban más de dos años en el país. 

Eso es un gran contraste con el último mes del gobierno de Obama, cuando solamente 6 por ciento de los nuevos casos eran de personas que llevaban por lo menos dos años en el país, según información del TRAC, que se compila a través de la Universidad de Syracuse.

Esta directriz le quita a las autoridades de inmigración cualquier grado de discreción, dijo Royce Bernstein Murray, director de Políticas del American Immigration Council, que se opone a las posturas de Trump.

"Es otra historia trágica, resultado de la forma en que este gobierno maneja el cumplimiento de las leyes de inmigración", dijo Murray. "Nadie se beneficia cuando alguien que lleva mucho tiempo viviendo en el país y no es un peligro para la seguridad pública es deportado. No hay un enfoque o prioridad en la seguridad pública".

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) declinó comentar debido a las leyes de privacidad, pero afirmó que, en general, con la "misión de seguridad nacional crítica" de la CBP, los agentes pueden tomar en cuenta varios criterios a la hora de determinar si alguien puede entrar al país, incluidas condenas penales pasadas.

Lorenzo nunca pensó que su condena por un delito no violento llevaría a su deportación 20 años después. Lorenzo vino a Estados Unidos desde Nicaragua a finales de los años 1980, huyendo de la guerra civil en ese país centroamericano. 

Cruzó ilegalmente en Brownsville, Texas, y poco después llegó a Miami, donde ya vivían muchos nicaragüenses. Se hizo residente permanente en 1995 después de casarse con Endy Lorenzo, un ciudadano estadounidense de origen puertorriqueño.
Dos años más tarde, agentes federales arrestaron a los Lorenzo y a otras ocho personas por dirigir una operación de cultivo clandestino de marihuana dentro de viviendas en el sur de Miami-Dade. Lorenzo dijo que la operación fue planeada por su esposo y que ella quedó involucrada.

Fanny Lorenzo cooperó de inmediato con los fiscales federales. Debido a su participación mínima en la operación de marihuana, no fue enviada a prisión y aceptó una probatoria federal de 5 años.

"Yo era joven, no sabía", dijo Lorenzo. "No creía que era culpable. Mi esposo era el culpable". El esposo de Lorenzo cumplió 5 años de prisión. El abogado defensor de Lorenzo en esa época no respondió a una solicitud de comentario.

Hoy, debido a los cambios en la ley, los abogados y jueces están obligados a informar a sus clientes que pueden enfrentar la deportación si se declaran culpables en una negociación de cargos. Pero a finales de los años 1990, ese no era siempre el caso, y Lorenzo no lo pensó dos veces antes de declararse culpable para no ir a prisión.

"El gobierno hizo un acuerdo con una mujer. Ella cumplió su parte y pagó por su error", dijo el abogado defensor Philip Reizenstein, quien no participa en el caso. "Hace 20 años nadie sabía que este país se convertiría en una sociedad regulada por el odio y el temor a los inmigrantes. Que puedan deportar a una mujer que hizo todo lo correcto por corregir su error es cruel e inhumano".

Lorenzo reconoce que ella no sabía. "Pensé que no habría problemas porque no fue a prisión", dijo. Durante los 20 años siguientes, Lorenzo se dedicó a rehacer su vida con su hijo, llamado como su padre, Endy Lorenzo. Trabajó varios años en un almacén de ropa, al tiempo que ahorraba dinero para comprar un lugar en el Li'l Abner Mobile Home Park, una comunidad de clase trabajadora de Sweetwater.

Ahora con 23 años, su hijo se graduó de secundaria en Puerto Rico y se alistó en el Ejército de Estados Unidos. Hoy está destacado en Fort Bliss, Texas, como parte de la Oncena Brigada de Defensa Antiaérea.

Lorenzo también estudió y obtuvo una licencia de técnico dental en la Florida. Trabajó más de 10 años para el mismo dentista e incluso solicitó la ciudadanía estadounidense en el 2014, que le rechazaron por su condena por el delito de marihuana.

Pero el gobierno no trató de deportarla hasta octubre, cuando viajó a Nicaragua por una emergencia en la familia. Al regresar, dijo Lorenzo, la detuvieron más de ocho horas antes de dejarla entrar al país en Miami. En el pasaporte le pusieron un cuño que decía "en libertad condicional".

Le dieron una cita para que fuera a una inspección con la CBP en el propio aeropuerto en diciembre. Lorenzo dijo que le informaron que no necesitaba un abogado. Lorenzo tuvo que regresar para una segunda inspección el 29 de enero, y ahí la detuvieron.

Lorenzo pasó la mayor parte de los cuatro meses siguientes en el centro de detención de Belle Glade. Se intentó infructuosamente conseguirle asilo. De regreso en Nicaragua, se está quedando con familiares y vive de las remesas de su familia en Miami.

"Le he dado mi vida y mis años a este país", dijo su hijo, quien será enviado con su unidad militar a Japón. "Es frustrante que de repente se llevan a la única persona que me respalda desde que me alisté".

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