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viernes, 6 de julio de 2018

EEUU sanciona a tres altos cargos nicaragüenses cercanos a Ortega.


Washington  EEUU / EFE -  Estados Unidos anunció sanciones contra el jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, consuegro del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, así como contra el vicepresidente de la petrolera Albanisa, Francisco López; y Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua.

El objetivo de las sanciones es "enviar un mensaje" al resto de funcionarios nicaragüenses para que sepan que "apoyar a un Gobierno que instiga la violencia" tiene como consecuencia perder acceso al sistema financiero estadounidense, explicaron altos funcionarios de Estados Unidos, que pidieron el anonimato.

Los individuos sancionados verán congelados todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y tendrán prohibido hacer transacciones financieras en Estados Unidos.

En una rueda de prensa telefónica, los altos funcionarios precisaron que las sanciones son una "respuesta inmediata" a la crisis que vive Nicaragua, la más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, y que ha dejado más de 300 muertos y más de 2.500 heridos.

Los funcionarios describieron a Francisco Díaz como el "líder de facto" de la Policía Nacional de Nicaragua, a la que organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han acusado de haber cometido graves violaciones de derechos humanos en colaboración con grupos paramilitares.

Washington considera que, bajo las órdenes de Díaz, la Policía de Nicaragua ha llegado a cometer ejecuciones extrajudiciales. Sobre otro de los sancionados, Moreno Briones, las fuentes detallaron que su papel actual es de "enlace" entre los gobiernos municipales y el oficialista Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), aunque también ha actuado como "líder" de la Juventud Sandinista.

Washington asegura que, a principios de 2017, Moreno reclutó a motoristas para que ayudaran a reprimir manifestantes, una imagen que se ha visto en las actuales protestas.

Por otro lado, el Gobierno acusa a López de haberse embolsado "grandes cantidades de dinero" usando su posición como vicepresidente de Albanisa, la compañía que importa y vende productos petroleros de Venezuela, y como presidente de la estatal Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (Petronic). 

Albanisa está integrada por Petronic, que aporta el 49% del capital, y por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que contribuye con el restante 51%.  López, que también es tesorero del FSLN, supuestamente facilitó que altos cargos nicaragüenses usaran los fondos del propio FSLN y Albanisa para comprar estaciones de radio y televisión, hoteles, ranchos ganaderos, plantas de generación eléctrica y laboratorios farmacéuticos.

El detalle de las investigaciones norteamericanas para aplicar Ley Magnistky a funcionarios nicaragüenses. Para poder aplicar la Ley Magnitsky, la legislación nortamericana obliga a  Estados Unidos a tener evidencia creíble que involucre a los sancionados en serias violaciones a los derechos humanos y en actos de corrupción. 

Buscamos la versión completa del comunicado emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para conocer los detalles de las investigaciones realizadas a estos tres funcionarios del más cercano círculo de poder del Frente Sandinista, las revelaciones que hacen son serias.

“Francisco Díaz es comisionado de la Policía Nacional de Nicaragua  a quien se ha referido como el jefe de facto y ha dirigido el quehacer diario de la Policía. Bajo el mando de Díaz, la Policía Nacional ha participado en graves abusos contra los derechos humanos del pueblo de Nicaragua, incluidas ejecuciones extrajudiciales. 

En junio, pistoleros enmascarados acompañados de personas identificadas por testigos como policías nicaragüenses prendieron fuego a una casa familiar en Managua, matando a seis personas, incluidos dos niños pequeños.

Cuando los vecinos intentaron ayudar, la policía supuestamente disparó contra ellos, impidiendo que los socorristas llegaran a la familia. La policía nicaragüense se ha acercado a los líderes de las pandillas en Nicaragua para que los ayuden a atacar a los manifestantes antigubernamentales y han sido acusados ​​de disparar indiscriminadamente y matar a manifestantes pacíficos”.

“Fidel Moreno es el principal enlace entre los gobiernos municipales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional y también ha actuado como líder de la Juventud Sandinista, la organización juvenil del FSLN. La Juventud Sandinista ha sido implicada en numerosos abusos graves contra los derechos humanos relacionados con las protestas en curso contra el gobierno nicaragüense, incluidos las golpizas a los manifestantes en abril de 2018 y su presunta participación en el ataque de junio, que mató a una familia de seis personas en Managua.

Moreno se ha visto personalmente implicado en ordenar ataques contra manifestantes desde 2013, cuando ancianos y jóvenes que protestaban pacíficamente por la reducción de las pensiones de jubilación fueron desalojados violentamente de su campamento por miembros de la Juventud Sandinista. 

En 2013, Moreno también orquestó el uso de motociclistas para atacar violentamente a personas que protestaban por la falla de un programa del gobierno nicaragüense, y a principios de 2017 reclutó a otros para que se unieran a un grupo de motociclistas para tomar medidas contra las marchas antigubernamentales. Moreno ha sido acusado de robar grandes sumas de dinero de los proyectos municipales de Managua, así como de usar fondos municipales para pagar las actividades del partido FSLN.”

“Francisco López es el vicepresidente de ALBANISA, la compañía que importa y vende productos petrolíferos venezolanos, y el presidente de la petrolera estatal nicaragüense Petronic. López ha tenido acceso a grandes cantidades de fondos recaudados por el gobierno en forma de impuestos y multas que podría explotar, incluso para el uso personal de líderes nicaragüenses.

Cuando participó en proyectos de infraestructura, López desviaría fondos mediante la negociación de tarifas personales, ha colocado a numerosas personas en todo el gobierno que lo han ayudado a robar millones de dólares anualmente, y ha utilizado su posición en beneficio de él y de su familia mediante el uso de compañías personales para ganar contratos gubernamentales.

ALBANISA es propiedad en un 49% de Petronic y en un 51% en manos de la empresa petrolera nacional de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA). Altos funcionarios del gobierno nicaragüense y del FSLN han utilizado los fondos de ALBANISA para comprar estaciones de televisión y radio, hoteles, ranchos ganaderos, plantas de generación eléctrica y laboratorios farmacéuticos”.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que los responsables de la violencia y la corrupción en Nicaragua "continuarán rindiendo cuentas", en referencia a la aplicación de la Ley Magnitsky a tres altos funcionarios, muy cercanos al mandatario Daniel Ortega.

"Los Estados Unidos están del lado del pueblo de Nicaragua y continuarán haciendo rendir cuentas a los responsables de la violencia y corrupción patrocinada por el gobierno (de Daniel Ortega)", dijo Pence en un tuit.

Estados Unidos dio a conocer que aplicó  la Ley Magnitsky al jefe policial, Francisco Díaz; al máximo representante de Albanisa y tesorero del FSLN, Francisco López; y al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.
La Ley Magnitsky se aplica a personas vinculadas con violaciones a los derechos humanos y por actos de corrupción.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, a Díaz y Moreno se les impuso la Ley Magnitsky por violaciones a los derechos humanos, mientras que a López por actos de corrupción, mediante Albanisa, la filial en Nicaragua de la venezolana PDVSA.

Esta ley estadounidense congela bienes a las personas directamente afectadas y también sanciona a todas aquellas que tengan algún tipo de relación económica o patrimonial.

La Ley Magnitsky ya se había aplicado en diciembre pasado al entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas.

Mientras, Pence se ha referido a la crisis en Nicaragua en varias ocasiones, responsabilizando de forma directa al mandatario Daniel Ortega por los actos de represión y de violencia.

Los organismos defensores de los derechos humanos, locales e internacionales, han acusado al Estado de reprimir a los protestantes.

La crisis en Nicaragua, que comenzó el 18 de abril, ha cobrado la vida a más de 310 personas.  Este jueves en León han muerto cuatro personas, en un operativo para derribar barricadas; también hubo otro muerto en Carazo.

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