El Consejo
Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep) denunció este jueves ser
víctima de acoso por parte del régimen de Daniel Ortega, a través de la
retención de bienes, repuestos y maquinaria, en medio de la crisis
sociopolítica que ha dejado muertes y un impacto económico negativo.
"Esta
situación, atribuida a los fallos de sistema, es un claro incumplimiento a la
ley y se constituye en una medida más de presión contra el sector privado
nicaragüense, desde que iniciaron las protestas cívicas en demanda de justicia
y democracia en nuestro país", denunció el Cosep en un comunicado.
Según la
denuncia, "desde hace más de un mes se encuentran retenidas en aduana
materias primas, insumos, repuestos, partes y accesorios para maquinaria y
productos, destinados al uso de máquinas agropecuarias, comerciales e
industriales".
La retención
ya causa impacto en la actividad productiva de los sectores agropecuario,
comercial e industrial, de acuerdo con el Cosep, pese a lo cual, el Gobierno ha
informado que la producción agrícola se desarrolla de manera
"satisfactoria".
La cúpula
empresarial más importante de Nicaragua advirtió que "de no solucionarse
esta problemática por el régimen, se pone en riesgo la seguridad alimentaria de
la población nicaragüense".
Y "se
provocaría un inminente desabastecimiento y encarecimiento de los productos de
la canasta básica, que afectará a la población en general", agrega. El
Banco Central de Nicaragua (BCN) redujo el 4,5 por ciento al 1 por ciento su
previsión de crecimiento de la economía nicaragüense en 2018, como producto de
la crisis, en la que han muerto entre 295 y 448 personas en 100 días.
La agencia
de calificación de riesgo Moody's rebajó las expectativas de crecimiento
económico de Nicaragua para este año a un máximo de un 1 por ciento y a un
mínimo de -1 por ciento. La firma calificadora Standard & Poor's (S&P)
Global Ratings también degradó la calificación de deuda soberana de largo plazo
en moneda nacional y extranjera de Nicaragua, de "B+" con perspectiva
estable, a "B" con perspectiva negativa.
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado al Gobierno de
Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos,
posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la
población mayoritariamente joven del país". Nicaragua está sumergida en la
crisis más sangrienta desde la década de los años de 1980, también bajo la
presidencia de Ortega.
Las
protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se
iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se
convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once
años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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