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sábado, 21 de julio de 2018

La CIDH ve al Estado como "único responsable" de la violencia en Nicaragua.


El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, cree que el Estado es el "único responsable" de la violencia en Nicaragua, porque ha usado a sus fuerzas de seguridad para "reprimir, matar, provocar lesiones y detenciones arbitrarias".

En una entrevista con Efe, Abrão alertó de los intentos del Gobierno de Daniel Ortega para "retomar el control del país por la fuerza desmedida, ignorando la vía del diálogo y los protocolos internacionales" mediante la llamada "Operación Limpieza", que ha llevado al ataque de feudos opositores como la ciudad de Masaya.

En el marco de ese operativo, el Gobierno retomó el martes Masaya en una acción destinada a eliminar barricadas, pero que derivó en agresiones por parte de policías y paramilitares a la población. La CIDH ha denunciado asaltos contra otros bastiones de la oposición como Diriá, Diriomo, Catarina y Niquinohomo, donde se mantenían bloqueos en las calles. "Para nosotros hay un único responsable, el Estado.

El Estado en su deber de proteger a los ciudadanos en contra de la violencia. Y el Estado en su deber de no utilizar su monopolio del uso de la fuerza para reprimir, para matar y generar y provocar lesiones y detenciones arbitrarias", afirmó Abrão.

Para el secretario ejecutivo de la CIDH, "las cifras hablan por sí mismas" con 277 muertos documentados por la Comisión, de los que 19 son miembros de la policía, pero el resto población civil, mientras otro organismos humanitarios cifran los fallecidos en más de 350. "Eso demuestra efectivamente dónde está la fuerza en este conflicto", apuntó Abrão.

En paralelo a esos ataques, la CIDH ha detectado un "proceso de criminalización" de los manifestantes con la apertura de causas penales en su contra, así como una "campaña de estigmatización" contra la Iglesia católica, mediadora en el diálogo nacional entre el Ejecutivo y la sociedad civil.

"Hemos visto una campaña de estigmatización a los miembros de la Iglesia como actores imparciales en la conducción de la mesa de diálogo nacional", advirtió Abrão. "Preservar el rol de la Iglesia es fundamental para generar las condiciones para la continuidad del diálogo, ellos son los actores clave porque son los mediadores de ese proceso, desprestigiarlos significaría enflaquecer la vía del diálogo", consideró.

Como parte de ese proceso de diálogo, la Conferencia Episcopal de Nicaragua propuso a Ortega que adelantara a marzo de 2019 los comicios fijados para 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección; pero el pasado 7 de julio el mandatario rechazó esa iniciativa.

Durante un acto ayer para conmemorar el 39 aniversario de la revolución sandinista, Ortega llamó "golpistas" a los obispos y les consideró cómplices de las fuerzas internas y externas que, a su juicio, buscan derrocarlo.

Esos ataques a la Iglesia "reducen la perspectiva" de una vía de diálogo para solucionar la crisis, pero Abrão espera que Ortega reanude el diálogo ante la creciente presión internacional. Mientras tanto, según Abrão, la CIDH ha seguido detectando "el mismo patrón de violencia" con manifestantes que han sufrido impactos de bala en cabeza, cuello y tórax, lo que evidencia un intento deliberado de acabar con su vida.

Abrão precisó que algunos de los estudiantes que se refugiaron en la parroquia de la Divina Misericordia, cercana a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en Managua, recibieron disparos en la cabeza.

Mientras tanto, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia manifestó su respaldo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, tras las declaraciones del presidente Daniel Ortega que los acusa  de ser “parte de un plan golpista”.

“Queremos expresar nuestro querido respaldo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua en su labor de mediador y testigo del diálogo nacional. El dialogo es la salida a esta crisis política, económica y social en la que esta sumado el país desde hace tres meses. Estamos listos para retomar la agenda de democratización y justicia  sin dilaciones, ni retazos”, detalla el comunicado.

La Alianza Cívica también manifiesta que repudian que se intente criminalizar a los obispos por parte del Gobierno. “Repudiamos todo intento de boicot al dialogo nacional por parte del régimen de Ortega Murillo. No permitiéramos se criminalice el actuar de la Conferencia Episcopal y sus obispos en su rol de mediadores y testigos y se les tilde de golpistas”, informó la Alianza cívica.

La alianza cívica también reiteró sus exigencias mínimas para continuar en el diálogo nacional: cese a la represión, intimidación tortura y asesinatos. La liberación de presos políticos y manifestantes, en especial Medardo Mairena y Pedro Mena, ambos miembros del Moviente Campesino, la desarticulación de grupos parapoliciales, grupos de choque y turbas a fines del gobierno y el abordaje de la agenda de democratización que propone adelanto de elecciones.

 “Llamamos al pueblo de Nicaragua a seguir en la lucha cívica a manifestarse pacíficamente”, reitera en su comunicado la Alianza Cívica.

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