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sábado, 28 de julio de 2018

Legisladores de Miami planean penalizar públicamente a Daniel Ortega por la violencia en Nicaragua.


Los principales enemigos de Daniel Ortega en Washington están tratando de llamar más la atención sobre la crisis de derechos humanos que abruma a Nicaragua, aunque reconocen que es muy poco probable que el presidente Donald Trump tome medidas militares contra el gobernante izquierdista.

La representante federal Ileana Ros-Lehtinen y el senador Marco Rubio, los dos de Miami, lideran esfuerzos en la Cámara y el Senado, respectivamente, para reprender públicamente los ataques de encapuchados armados vinculados con el gobierno de Ortega, que han matado a 97 personas desde el 11 de julio. Esta semana, la Cámara aprobó por unanimidad una resolución redactada por Ros-Lehtinen que condena la violencia y pide que se impongan sanciones contra individuos vinculados con las muertes. Rubio ha presentado una resolución similar en el Senado.

Ros-Lehtinen, que está por retirarse, dijo que la resolución fue el primer paso de un plan de cuatro para penalizar a Ortega. Además, planea que el Senado apruebe su proyecto de ley, que limita los préstamos estadounidenses al gobierno de Ortega hasta que implemente reformas democráticas, más sanciones a individuos que pueden ser vinculados con actos violentos contra manifestantes antigubernamentales y echar atrás la decisión del gobierno de Trump de poner fin a un programa que ha permitido a miles de nicaragüenses vivir y trabajar en Estados Unidos sin temor a la deportación.

“No quisiera comparar atrocidades, pero Nicaragua es un país más pequeño que Venezuela, con menos población, y tuvieron casi 400 muertos y la comunidad internacional se encoje de hombros”, dijo Ros-Lehtinen. “Si vamos a decir que la situación en Nicaragua es terrible, ¿por qué entonces vamos a deportar a tantos nicaragüenses cuando estamos diciendo que el país está en el caos político?”

El gobierno de Trump decidió eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los nicaragüenses en noviembre del 2017, una designación que se otorgó en 1998 después que el huracán Mitch mató a casi 4,000 personas y sacó a la superficie una gran cantidad de minas explosivas en todo el país. Los nicaragüenses que han estado viviendo en Estados Unidos con el TPS desde 1998 ahora tienen hasta enero del 2019 para solicitar otra forma de residencia legal o tienen que regresar a Nicaragua.

“Para el próximo año los van a deportar”, dijo Ros-Lehtinen. “Son personas respetuosas de la ley, están aquí legalmente, tienen permiso de trabajo, van a la escuela, tienen licencia de conducción, ¿y ahora vamos a deportarlos al caos violento que es Nicaragua? Eso no está bien”.

Una carta enviada a Ros-Lehtinen a Trump para pedirle cambios en la designación del TPS para Nicaragua fue firmada por cuatro de los cinco representantes federales de Miami-Dade, entre ellos los republicanos Carlos Curbelo y Mario Díaz-Balart.

En Miami-Dade vive aproximadamente una tercera parte de todos los nicaragüenses establecidos en Estados Unidos. Rubio dijo que ya se está trabajando para sancionar a individuos y entidades en Nicaragua responsables de la violencia. La reciente decisión de Ortega de no adelantar las elecciones programadas para el 2021, como le pidieron la comunidad empresarial y la Iglesia católica, hizo que Ortega haya cruzado el punto de no retorno a los ojos de Rubio.

“Estados Unidos tiene un interés de seguridad nacional directo en buscar un regreso a la democracia y la estabilidad en Nicaragua”, dijo Rubio en un comunicado. “El mensaje de Estados Unidos al régimen de Ortega fue muy claro: convocar elecciones adelantadas y permitir comicios legítimos. Eso no sucedió. En momentos que Nicaragua sigue el peligroso camino de Venezuela, Estados Unidos debe estar preparado para tomar más medidas con nuestros aliados regionales para abordar la amenaza del régimen de Ortega”.

Hace unos días, Ortega concedió una entrevista a Fox News, Trump, la cadena de cable preferida de Trump, donde alegó falsamente que las protestas pacíficas no eran el objetivo de los encapuchados armados, y dijo, también falsamente, que los paramilitares son financiados por narcotraficantes y opositores políticos, no por su gobierno.

“Salió en Fox para decir mentiras”, dijo Ros-Lehtinen. “¿Por qué escoge esa cadena por encima de todas las solicitudes de entrevista que le han hecho? Porque la audiencia a la que quiere llegar es una persona. El mensaje era para el presidente Trump y lo que Ortega no entiende es que Trump no va a aceptar sus mentiras”.

Rubio, a quien el presidente escucha sobre asuntos latinoamericanos, ha hablado con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y con el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, sobre cómo poner fin a la violencia en Nicaragua. “Mi mayor temor sobre Nicaragua es que, a diferencia de Venezuela, la posibilidad de que se llegue a las armas, que haya una guerra civil, es real”, dijo Rubio en CNN. “Eso provocaría una crisis migratoria. Eso socavaría nuestros esfuerzos antinarcóticos en la región”.

Pero Ros-Lehtinen dijo que a pesar de las preocupaciones de seguridad nacional, no ha habido discusiones serias sobre el uso de fuerzas militares estadounidenses.

“Yo sé que a muchos les gustaría ver a los marines desembarcando en Nicaragua, en la Bahía de La Habana y también llegar a Caracas, y se pudiera decir que hace falta que algo así suceda, ¿pero es algo probable? Yo creo que es poco probable”, dijo Ros-Lehtinen. “No veo la posibilidad de una acción militar, no importa lo limitada de que sea, no importa lo justificada que pueda estar”.

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