Los principales enemigos de Daniel Ortega en Washington están
tratando de llamar más la atención sobre la crisis de derechos humanos que
abruma a Nicaragua, aunque reconocen que es muy poco probable que el presidente
Donald Trump tome medidas militares contra el gobernante izquierdista.
La
representante federal Ileana Ros-Lehtinen y el senador Marco Rubio, los dos de
Miami, lideran esfuerzos en la Cámara y el Senado, respectivamente, para
reprender públicamente los ataques de encapuchados armados vinculados con el
gobierno de Ortega, que han matado a 97 personas desde el 11 de julio. Esta
semana, la Cámara aprobó por unanimidad una resolución redactada por
Ros-Lehtinen que condena la violencia y pide que se impongan sanciones contra
individuos vinculados con las muertes. Rubio ha presentado una resolución
similar en el Senado.
Ros-Lehtinen,
que está por retirarse, dijo que la resolución fue el primer paso de un plan de
cuatro para penalizar a Ortega. Además, planea que el Senado apruebe su
proyecto de ley, que limita los préstamos estadounidenses al gobierno de Ortega
hasta que implemente reformas democráticas, más sanciones a individuos que
pueden ser vinculados con actos violentos contra manifestantes
antigubernamentales y echar atrás la decisión del gobierno de Trump de poner
fin a un programa que ha permitido a miles de nicaragüenses vivir y trabajar en
Estados Unidos sin temor a la deportación.
“No quisiera
comparar atrocidades, pero Nicaragua es un país más pequeño que Venezuela, con
menos población, y tuvieron casi 400 muertos y la comunidad internacional se
encoje de hombros”, dijo Ros-Lehtinen. “Si vamos a decir que la situación en
Nicaragua es terrible, ¿por qué entonces vamos a deportar a tantos
nicaragüenses cuando estamos diciendo que el país está en el caos político?”
El gobierno
de Trump decidió eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los
nicaragüenses en noviembre del 2017, una designación que se otorgó en 1998
después que el huracán Mitch mató a casi 4,000 personas y sacó a la superficie
una gran cantidad de minas explosivas en todo el país. Los nicaragüenses que han
estado viviendo en Estados Unidos con el TPS desde 1998 ahora tienen hasta
enero del 2019 para solicitar otra forma de residencia legal o tienen que
regresar a Nicaragua.
“Para el
próximo año los van a deportar”, dijo Ros-Lehtinen. “Son personas respetuosas
de la ley, están aquí legalmente, tienen permiso de trabajo, van a la escuela,
tienen licencia de conducción, ¿y ahora vamos a deportarlos al caos violento
que es Nicaragua? Eso no está bien”.
Una carta
enviada a Ros-Lehtinen a Trump para pedirle cambios en la designación del TPS
para Nicaragua fue firmada por cuatro de los cinco representantes federales de
Miami-Dade, entre ellos los republicanos Carlos Curbelo y Mario Díaz-Balart.
En
Miami-Dade vive aproximadamente una tercera parte de todos los nicaragüenses establecidos
en Estados Unidos. Rubio dijo que ya se está trabajando para sancionar a
individuos y entidades en Nicaragua responsables de la violencia. La reciente
decisión de Ortega de no adelantar las elecciones programadas para el 2021,
como le pidieron la comunidad empresarial y la Iglesia católica, hizo que
Ortega haya cruzado el punto de no retorno a los ojos de Rubio.
“Estados
Unidos tiene un interés de seguridad nacional directo en buscar un regreso a la
democracia y la estabilidad en Nicaragua”, dijo Rubio en un comunicado. “El
mensaje de Estados Unidos al régimen de Ortega fue muy claro: convocar
elecciones adelantadas y permitir comicios legítimos. Eso no sucedió. En
momentos que Nicaragua sigue el peligroso camino de Venezuela, Estados Unidos
debe estar preparado para tomar más medidas con nuestros aliados regionales
para abordar la amenaza del régimen de Ortega”.
Hace unos
días, Ortega concedió una entrevista a Fox News, Trump, la cadena de cable
preferida de Trump, donde alegó falsamente que las protestas pacíficas no eran
el objetivo de los encapuchados armados, y dijo, también falsamente, que los
paramilitares son financiados por narcotraficantes y opositores políticos, no
por su gobierno.
“Salió en
Fox para decir mentiras”, dijo Ros-Lehtinen. “¿Por qué escoge esa cadena por
encima de todas las solicitudes de entrevista que le han hecho? Porque la
audiencia a la que quiere llegar es una persona. El mensaje era para el
presidente Trump y lo que Ortega no entiende es que Trump no va a aceptar sus
mentiras”.
Rubio, a
quien el presidente escucha sobre asuntos latinoamericanos, ha hablado con el
secretario de Estado, Mike Pompeo, y con el asesor de Seguridad Nacional, John
Bolton, sobre cómo poner fin a la violencia en Nicaragua. “Mi mayor temor sobre
Nicaragua es que, a diferencia de Venezuela, la posibilidad de que se llegue a
las armas, que haya una guerra civil, es real”, dijo Rubio en CNN. “Eso
provocaría una crisis migratoria. Eso socavaría nuestros esfuerzos
antinarcóticos en la región”.
Pero
Ros-Lehtinen dijo que a pesar de las preocupaciones de seguridad nacional, no
ha habido discusiones serias sobre el uso de fuerzas militares estadounidenses.
“Yo sé que a
muchos les gustaría ver a los marines desembarcando en Nicaragua, en la Bahía de
La Habana y también llegar a Caracas, y se pudiera decir que hace falta que
algo así suceda, ¿pero es algo probable? Yo creo que es poco probable”, dijo
Ros-Lehtinen. “No veo la posibilidad de una acción militar, no importa lo
limitada de que sea, no importa lo justificada que pueda estar”.
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