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martes, 10 de julio de 2018

Paramilitares sandinistas agreden a sacerdotes y periodistas.


Turbas orteguistas y paramilitares con el rostro cubierto provocaron el caos al ingresar por la fuerza a la Basílica San Sebastián, en Carazo, donde agredieron a obispos, sacerdotes, periodistas y defensores de derechos humanos, que viajaron en peregrinación convocada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), con el propósito de mediar para detener la sangrienta represión que desde el domingo ha desatado el gobierno de Daniel Ortega, en contra de manifestantes que demandan su salida del poder.

La represión gubernamental ha dejado un saldo preliminar de nueve asesinatos en el departamento de Carazo, de acuerdo con la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), el número de víctimas mortales podría ascender a los 20, durante el fin de semana.  El asedio en la localidad de Diriamba continuaba el lunes, donde las turbas atacaron la Basílica, donde se refugian 12 personas de los ataques paramilitares.  

Hasta ahí llegaron los representantes de la Iglesia Católica, acompañados por el nuncio apostólico, Stanislaw Waldemar Sommertag, para buscar una salida a la crisis en esa localidad. Pero las turbas respondieron con insultos y agresiones, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Baez, resaltó con heridas en el brazo derecho, y el sacerdote Edwin Roman, tambieen resultó lesionado.

La agresión incluyó a periodistas de medios independientes que fueron golpeados y heridos, entre ellos el periodista Jackson Orozco, de 100% Noticias. Los encapuchados arrebataron, destruyeron y robaron equipos de medios de comunicación como La Prensa, Canal 12, y 100% Noticias, cuyo director, Miguel Mora, denunció en su canal que es la tercera cámara que le roban desde que iniciaron las protestas, equipos que estan utilizando los medios en poder de la familia gobernante como el estatal Canal 6, y el 4 propiedad del Frente Sandinista.

Más de 320 personas han sido asesinadas desde que iniciaron las protestas en Nicaragua el pasado 18 de abril. La mayoría jovenes, entre ellos 25 menores de edad. Y aunque el gobernante Daniel Ortega propuso un diálogo nacional en abril pasado, el mismo permanece estancado ante la falta de voluntad gubernamental. 

Ortega no ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ni los compromisos de detener la represión gubernamental. Tampoco ha aceptado públicamente la propuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA), de adelantar elecciones para inicios del 2019.

Sin embargo, ante tanto violencia. el gobierno de Ortega anuncio la celebración del aniversario 39 de “el repliegue”, una fiesta del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que se cree podría causar más muertes en el país.

“Esta semana también está programado el repliegue, puro amor, amor y paz”, dijo la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del gobierno.

Tanto la influyente iglesia Católica, como organizaciones de derechos humanos, empresarios, productores, y otros sectores de la población de Nicaragua, han insistido al presidente Daniel Ortega en no celebrar “el repliegue”, debido a que agravaría una crisis que ha dejado más de 320 muertos en menos de tres meses.

Los malos augurios sobre “el repliegue” se deben a que este consiste en una caminata de unos 32 kilómetros, encabezada por Ortega, desde Managua hasta la comunidad indígena de Monimbó, en Masaya, donde los pobladores han prometido no dejar entrar al presidente.

Se trata de una lucha de fuerzas que por un lado tiene el orgullo de Ortega, y por otro un territorio que los indígenas consideran sagrado, donde no se acepta la presencia de quien ellos denominan “dictador”, tal como ocurrió con el presidente Anastasio Somoza Debayle, derrocado en julio de 1979.

En junio pasado las “fuerzas combinadas” del gobierno, compuestas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas ejecutaron un ataque con armas de guerra que permitió a Ortega retomar en parte el control sobre la ciudad de Masaya, salvo Monimbó, que costó la vida a decenas de personas.

Lejos de sembrar miedo entre los indígenas, estos advirtieron a Ortega y al FSLN abstenerse de ingresar a Masaya, y aunque el aviso pareció tener efecto la semana pasada, Murillo anunció este lunes su ejecución.

La vicepresidenta no dio fecha exacta del repliegue, pero se teme que sea planificado para cualquiera de los días jueves, viernes o sábado, cuando la población “autoconvocada” tiene previsto realizar actividades de protestas contra Ortega, lo que aumentaría el riesgo de muerte.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega por graves violaciones a los derechos humanos.

La CIDH ha señalado “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, lo que el gobierno de Nicaragua rechaza.

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