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martes, 3 de julio de 2018

Sector privado insiste: Ortega debe renunciar.


Si la gente en las calles está pidiendo la renuncia de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, a la presidencia de la República, sus representantes en el Diálogo Nacional a través de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia – estudiantes, empresarios, campesinos, y sociedad civil–  también están pidiendo lo mismo. 

Los delegados del sector privado, Cosep, Amcham, Funides, y los grandes empresarios, que durante muchos años tuvieron una relación privilegiada con la pareja presidencial, están reclamando lo mismo.

Lo dijo la semana pasada la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la empresaria Lucy Valenti, al señalar que Ortega debe dejar el poder. Lo reiteró Juan Sebastián Chamorro, director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), y delegado del sector privado en el Diálogo Nacional, este domingo  en el programa Esta Semana.

“En la mesa del Diálogo se anunció desde el primer día. Nosotros hemos dicho la importancia de que esta sea una mesa para la salida del presidente. Y desde el inicio estamos ofreciendo una salida cívica, pacífica, dialogada”, afirmó.

“La permanencia de Ortega en el gobierno debe debatirse a la luz de los 285 muertos que ha habido en el país. En ningún país civilizado, ningún presidente cuya fuerza policial es responsable de tanta muerte, como lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tiene razón de estar en la oficina”, sentenció el economista.

El problema en Nicaragua es que Ortega quiere mantenerse en el poder “por la fuerza y a través de la violencia. Eso está clarísimo. El tema de las elecciones adelantadas es que, de acuerdo al calendario actual, la solución democrática institucional sería en el 2021, y eso no es sostenible en ningún escenario”, rechazó.

Chamorro expresó que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demanda, junto con la renuncia del presidente, la realización de elecciones “lo antes posible. Si tuviéramos un Consejo Supremo Electoral más o menos aceptable, podríamos hacer las elecciones antes, pero con este no se puede”, declaró.

También explica que pese a la matanza y la represión continua, la Alianza se plantea seguir en las calles, llamando para esta semana a realizar una jueva marcha similar a la ‘Marcha de las Flores’, con la esperanza de que la presencia de tantos expertos y representantes de organismos mundiales de derechos humanos, se convierta en una suerte de ‘vigilancia internacional’, “por lo menos como garantía de que no se cometan más actos represivos”.

Se refiere a la instalación en el país de una representación permanente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; de la Comisión Interdisciplinaria de Expertos Independientes, y de Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH.

Chamorro considera que el Gobierno se acerca a un problema muy serio en términos fiscales, “en un escenario donde además, las calificaciones de riesgo están disminuyendo de categoría, y eso imposibilita que el Gobierno emita deuda”, porque nadie se la compraría.

“Si el frenazo del sector comercio, que es el rubro principal de nuestra economía, ronda los 600 a 700 millones de dólares, la caída de la recaudación del IVA al comercio andará por los 100 millones de dólares”, lo que agravará la situación fiscal, que ya era precaria antes de la crisis.

“Recordemos que el INSS ya significaba un hoyo de 100 millones de dólares, y que el Sector Público No Financiero solo tenía 140 millones de dólares en depósitos antes de la crisis, y que probablemente ya los están gastando”, además que tuvieron que echar mano de una línea de crédito del BCIE por 50 millones de dólares. “La situación fiscal es bastante apremiante, porque este frenazo en la actividad económica hace que la recaudación caiga casi en la misma proporción”, señaló Chamorro.

El director de Funides refiere que “se está inyectando líneas de crédito a la banca privada, para que la banca tenga liquidez. Eso está bien, pero esa posibilidad no es ilimitada: acaban de usar 50 millones de la línea de crédito con el BCIE, cuando la salida de depósitos está ocurriendo en magnitudes bastante altas”.

“La situación en la que estamos es muy riesgosa, porque si bien es cierto todavía se nota un cierto grado de liquidez, el Banco Central no tiene capacidad ilimitada de recursos para inyectar liquidez”, insistió.  A partir de ello, considera que sería muy irresponsable darle mucho tiempo a este problema sociopolítico, que es la causa de la crisis económica. “La matriz productiva está prácticamente intacta, salvo algunas destrucciones, pero si se resuelve lo político, la actividad económica podría retomar su curso, tal vez no de la misma manera, pero sí más rápido que en 1979”, señaló.

Funides publicó un reporte en el que detalla la pérdida total o parcial de 215,000 empleos; el hecho que 1.3 millones de ciudadanos está en riesgo de caer en pobreza, y la posibilidad real de que la economía decrezca a -5.6%, lo que ya se refleja en miles de personas tratando de salir del país.

“En los últimos 40 años nunca habíamos visto una caída tan grande”, como la que implicaría pasar de crecer 4.9% en 2017, a caer a -5.6% al año siguiente. Chamorro rememora que la última vez que ocurrió algo así fue en 1978, el año de la insurrección, “de tal manera que estamos hablando de un impacto económico de magnitudes históricas”.

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