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jueves, 9 de agosto de 2018

Cardenal Brenes sugiere conciliar cifra de muertos en crisis de Nicaragua.


El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes sugirió al Gobierno del presidente Daniel Ortega sentarse con los organismos humanitarios para conciliar las cifras de muertos registrados en el marco de las protestas contra el Ejecutivo que comenzaron el pasado 18 de abril.

"Sería bueno que un delegado del Gobierno, aquel que le ha pasado las cifras al señor presidente (Ortega), junto con un delegado de la Comisión de la Verdad, y otros de los organismos de derechos humanos, (se reúnan para) comenzar a depurar", dijo Brenes, también arzobispo de Managua, al ser consultado por periodistas.

"A través de ustedes (prensa), invitaría a las comisiones que tienen todas estas listas: sentarse un día con listas en mano y comiencen a depurar para ver quiénes son los que fallecieron durante estos días, como también aquellos que fallecieron en un accidente, como se dice, y así se vayan sacando", continuó.

El Gobierno de Nicaragua fijó este martes en 197 los muertos en el marco de las protestas contra el Ejecutivo, y acusó a los organismos humanitarios de manipular, con fines políticos, la cifra de fallecidos. Según el reporte oficial elaborado por la Policía Nacional, entre el 19 de abril y el 25 de julio han fallecido en Nicaragua 450 personas: 197 en el marco de las protestas y 253 "producto de actividad delictiva común".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifró en 317 los muertos en Nicaragua, entre ellos 21 policías y 23 niños, niñas o adolescentes, entre el 18 de abril y el 30 de julio.

En tanto, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua, criticada por diversos sectores que dudan de su trabajo y su independencia, contabilizó hasta el 31 de julio un total de 265 fallecidos, entre ellos 13 menores de edad. Mientras, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) reporta 305 personas muertas y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) 448 personas, cifras que no son reconocidas por el Ejecutivo.

Por su lado, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó este miércoles la posición del Gobierno de reconocer solo 197 muertos, 5 de ellos universitarios, y no una cantidad entre 317 y 448, establecida por organismos humanitarios. "La verdad es que un muerto es demasiado.

Debe cesar la violencia, no estamos hablando de mercancía", dijo el representante de los empresarios en la Alianza, José Adán Aguerri, a periodistas. El Gobierno, además estableció en 5 la cantidad de estudiantes universitarios muertos en las protestas, lo que también fue rechazado por la Alianza, que señaló el "asesinato" de 137 alumnos.

El informe brindado por el canciller Denis Moncada Colindres sobre la cifra de muertos durante las protestas en contra del régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, tiene como “propósito minimizar la responsabilidad del Estado” que “ya es grande” si se “acepta” la cifra de 197 ciudadanos, que registra el Ejecutivo, afirmó Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

De acuerdo con el informe gubernamental, entre las 197 personas fallecidas durante el “intento de golpe de Estado”, 191 fueron hombres y 6 mujeres. La cifra excluye a 253 ciudadanos que –según el Gobierno– murieron en esa misma fecha, pero por “delincuencia común (230), accidentes de tránsito (6) y otras causas (17)”.

“Hay una hegemonía de la violencia resumida en el uso de fusiles de guerra que portan los paramilitares. Teniendo un Ejército indiferente, una Policía Nacional y otro ejército armado se cometieron 230 homicidios. ¿Entonces en manos de quién estamos?”, cuestionó Carrión.

El director jurídico del Cenidh manifestó que el dato de las 230 personas que fallecieron por la delincuencia común, es una “mentira atroz”. Insistió en que “tan grande es la represión como la monstruosa ofensa con esas mentiras”, y que la afirmación del Gobierno es una “burla contra el dolor de las familias que no lograron enfrentar un duelo” porque velaron a los suyos en un contexto de represión.

Al excluir de la ecuación a 253 personas y reflejar tan solo 197 muertes, el informe del Estado queda corto respecto a los 317 que refleja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los 306 que registra el Cenidh,  y los 300 que tiene en lista la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH). Carrión expresó que el Ejecutivo continúa aplicando la lógica de “matar y negar, reprimir y negar”. Agregó que los daños de la brutal represión han sido negados desde el inicio, cuando afirmaron que los protestantes se “mataban entre ellos mismos”.

De acuerdo al documento gubernamental, en Managua se reportan 84 víctimas, 25 en Masaya, 24 en Carazo, 13 en Matagalpa, 11 en Estelí, 8 en León, 6 en Río San Juan, 5 en el Triángulo Minero, 5 en Jinotega, 4 en Puerto Cabezas, 4 en Chinandega, 4 en Chontales, 2 en Granada, 1 en Bluefields y 1 en Boaco. Durante la presentación del informe, Moncada Colindres insistió en que las cifras que los organismos de derechos humanos han presentado, fueron “manipuladas por los golpistas… para desprestigiar, difamar y dañar la imagen de nuestro Gobierno”.

Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, dijo en su acostumbrada comunicación de mediodía que “todos sabemos que las cifras han venido siendo manipuladas, porque aquí a la par de la muerte, de la sangre que impusieron en nuestra Nicaragua durante casi tres meses de secuestro nacional, hay un plan malvado, perverso, para difamar, para desprestigiar, para dañar la imagen del gobierno de Nicaragua”.

Al respecto, Carrión afirmó que el Gobierno ha mentido desde el 19 de abril, y que el cinismo del Estado se visibiliza en las acusaciones de más de cien personas que enfrentan un proceso por terrorismo, asesinato y crimen organizado.

“Es importante señalar que en nuestro informe nosotros tenemos 306 nombres de personas, plenamente identificadas. Nunca habíamos tenido, en 28 años del Cenidh, que cuantificar tantas víctimas. El Estado no ha desvirtuado con lista en manos nuestro informe, aunque este no es un tema de listas, sino de personas asesinadas”, refirió Carrión.

Marcos Carmona, director de la CPDH, explicó que lo que busca el Gobierno con este informe que refleja un número menor de muertos, es desacreditar y minimizar a los organismos de derechos humanos. Manifestó que a pesar de que el presidente Ortega les ha llamado terroristas o golpistas, la obligación que tienen es decir la verdad al pueblo y pues no “podemos estar ocultando el dolor de las familias, de muchas madres, no tenemos porqué estar inventando muertos”.

“En primer lugar como CPDH, las 300 muertes que nosotros tenemos documentadas en el contexto de las protestas, son datos que hemos comprobado a través de familiares y visitas in situ, con ayuda de nuestra red de promotores voluntarios. Dentro de nuestra objetividad y responsabilidad, no está eso de inventar muertos, de crear inestabilidad en el país. Estamos documentando cada una de las denuncias que se han presentado en nuestra institución”, dijo Carmona. 

El director de la CPDH destacó que este organismo está consciente que otras personas han fallecido fuera del contexto de las protestas, y estas no han sido incluidas en el informe preliminar que presentaron a los medios de comunicación. Por ejemplo, el cineasta guatemalteco Eduardo Spiegler, quien falleció cuando cayó sobre él un “árbol de la vida”, no fue registrado en el documento de los 300 muertos.

“A él no lo hemos considerado porque fue un accidente. De igual forma el hijo de la capitana de la Policía, que denunció que fue despedida por cuestionar la función del Gobierno… su hijo falleció en un accidente de tránsito y hemos comprobado que no tiene que ver con las muertes en el contexto de las protestas. Estamos en disposición de compartir nuestra información con el Gobierno. Eso sí, estamos seguros que son 300 muertos dentro del contexto de protesta”, expresó Carmona.

El director de la CPDH, manifestó que sin importar la cifra de caídos durante los meses de protestas, todas son lamentables y debe haber acceso a la justicia y condenar a los responsables de estos crímenes.  “Parece que para el Gobierno 197 personas es poco, sin embargo, es una cantidad exagerada en un país tan pequeño, donde la población es de 6 millones de habitantes. En Venezuela, en cinco meses de protesta hubo 150 muertos, con una población de 32 millones.”, recordó Carmona.

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