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martes, 21 de agosto de 2018

Freedom House cuestiona el hermetismo de Daniel Ortega.


El director de Freedom House en América Latina, Carlos Ponce, asegura que los obstáculos del gobierno de Daniel Ortega a la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y al impedir el ingreso al país del Grupo de Trabajo para Nicaragua, dos organismos de la Organización de Estados Americanos (OEA), es porque tiene mucho que esconder y evita incriminarse por su participación en la organización de grupos paramilitares, y en las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos contra el pueblo nicaragüense.

Ambos organismos fueron creados a través de resoluciones en el Consejo Permanente de la OEA, para contribuir en las investigaciones a las violaciones de derechos humanos y buscar una salida a la crisis que vive Nicaragua desde hace cuatro meses.

“Es imposible que estos paramilitares no estén directamente coordinados con Ortega y Rosario (Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua), él quiere ocultar eso, que directamente incitó a algunos militares y a los grupos paramilitares para reprimir a la gente, obviamente por eso no va a permitir que las investigaciones avancen”, aseveró.

La represión gubernamental contra los manifestantes ciudadanos ha ocasionado entre 317 y 448 muertos, cerca de tres mil heridos y más de un centenar de presos políticos desde el pasado 18 de abril, revelan informes de organismos de derechos humanos internacionales y locales.

A juicio de Ponce, es imposible que los parapolicías porten armamento de uso exclusivo del Ejército sin el respaldo de sectores de las fuerzas armadas y sostiene que la forma de organización y de operar de estos grupos es militar.

El Ejército negó en una nota de prensa, el pasado 10 de julio, su involucramiento en actividades que llamó de orden público y sostuvo que tiene “control absoluto de su personal; armamento y medios de todo tipo”.

“No creo ese cuento que dice el Ejército que se mantiene totalmente imparcial, el tipo de entrenamiento que tienen la gran mayoría de los paramilitares es militar, (tienen) la capacidad para el uso de cierto tipo de armamento de uso militar, no es posible que un militar retirado o combatiente retirado tenga la capacidad y mantener la pericia para manejar ese tipo de armamento”, manifestó.

“Creo que el Ejército tiene que pensárselo mucho sabiendo que sus fondos de retiros están en Estados Unidos, sabiendo que muchos familiares del alto mando militar están en Estados Unidos. Creo que el Ejército tiene que pensarlo mucho y convencer a Daniel Ortega de que es momento de abrir una verdadera puerta hacia una negociación”, dijo.

El GIEI fue formado para coadyuvar en la investigación de hechos violentos ocurridos en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de mayo. Tras siete semanas de permanencia en el país, los expertos siguen a la espera que el Gobierno les provea la información oficial.

Ponce sostiene que la decisión de Ortega de impedir la labor del GIEI no es beneficiosa para Nicaragua.

Según él, en cuanto a la posibilidad de más sanciones estadounidenses contra el régimen, anunciado recientemente, “el problema que tiene Daniel Ortega es que no va a evitar las sanciones, ya las sanciones directas del Global Magnitsky Act arrancaron, hay un interés del Congreso de seguir ampliando las listas”, añadió.

Carlos Ponce valoró que, a diferencia de Venezuela, donde la mayoría de funcionarios del régimen chavista enfrentan sanciones de EE.UU., el impacto para el gobierno de Ortega no es comparable. 

“La diferencia es que Venezuela, por tener petróleo tenía mayor capacidad para buscar apoyo internacional; además, por su posición geoestratégica le permite ser un centro de lavado, producción y distribución de drogas, de oro y de otros minerales que le permiten al régimen mantenerse en el poder”, dijo.

“Nicaragua es diferente porque su actividad (económica) depende en su gran mayoría de los EE.UU. (su principal socio comercial)”, explicó.

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