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viernes, 31 de agosto de 2018

Informe de la masacre va al Consejo de Seguridad de la ONU.


Tomado de Confidencial / El informe final de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que detalla el uso de la “fuerza letal” del Gobierno de Daniel Ortega y grupos paramilitares contra las “amenazas no letales” de los nicaragüenses que se levantaron en protesta, será elevado el cinco de septiembre al Consejo de Seguridad de la ONU, a pesar de que Ortega lo descalificó y acusó al organismo de ser “un instrumento de los poderosos que imponen su política de muerte”.

El informe sentencia que las acciones del Gobierno durante cuatro meses de protestas “fueron violatorias del derecho internacional de los derechos humanos”, y enumera entre estas el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, que en algunos casos se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, obstrucción del acceso a la atención médica, detenciones arbitrarias o ilegales, malos tratos, casos de tortura y violencia sexual, así como la criminalización de los líderes sociales, defensores de derechos humanos , periodistas y manifestantes críticos al Gobierno.

Guillermo Fernández Maldonado, coordinador de la Misión en Nicaragua para América Central del ACNUDH, dijo que con este informe, titulado “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, no se quiere polarizar la situación, sino tener información en el ámbito nacional e internacional, de tal forma que se pueda tratar de contribuir a salir de la actual crisis.

“Está prevista una reunión en la cual se vería el caso de Nicaragua el cinco de septiembre, esto aparece ya en el programa, y debe ser aprobado por el voto de nueve miembros del Consejo de Seguridad. Esto elevaría a la instancia del mayor nivel de Naciones Unidas donde van los aspectos de seguridad que preocupan más al mundo. Lógicamente este informe va a ser un insumo que van a leer los miembros del Consejo de Seguridad, para evaluar la situación”, explicó Fernández Maldonado.

También el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, advirtió que Nicaragua puede tener un futuro similar al de Venezuela con una economía debilitada, si no se detiene la represión contra la ciudadanía y se libera a los manifestantes detenidos.  “Debe liberarse a quienes nunca debieron ser detenidos por ejercer su derecho a reunirse pacíficamente”, agregó el Alto Comisionado de la ONU, quien dentro de dos días entregará el testigo a su sucesora, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.  

Existe la posibilidad de que un país solicite un debate urgente sobre la situación de Nicaragua y, según Fernández Maldonado, es posible que el Consejo de Derechos Humanos adopte una resolución sobre la situación en Nicaragua. “El informe puede servir como orientador a las discusiones que se puedan dar en dos de los órganos más importantes de Naciones Unidas”, expresó.

El informe resalta que existen claros indicios que elementos armados progubernamentales, incluidas las “fuerzas de choque”, actuaron con el beneplácito de las autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, muchas veces de forma conjunta y coordinada.

“Estos grupos participaron en redadas y ataques contra manifestantes y llevaron a cabo detenciones ilegales. Si bien el Gobierno ya no niega la existencia de estos elementos armados progubernamentales, aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad”, dice el documento, leído en Nicaragua por Fernández Maldonado.

Zeid, a quien se le reconocen sus posiciones claras en defensa de los derechos humanos más allá de presiones políticas, dijo que -como ocurrió al inicio de la crisis en Venezuela- en Nicaragua se acusa a los líderes de las protestas de terrorismo, cuando en realidad “están luchando por los derechos más básicos”.

Denunció “el grado tan intenso de represión” que han ejercido las fuerzas gubernamentales y grupos armados irregulares que las apoyan, en particular contra los estudiantes, muchos de los cuales están detenidos.

“La crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa y las autoridades siguen recurriendo a campañas de descrédito, amenazas de persecución penal, despidos arbitrarios de funcionarios públicos y otras formas de acoso e intimidación en contra de aquellos percibidos como críticos del Gobierno. 

Los líderes del Movimiento Campesino y de las organizaciones estudiantiles han sido blanco especial de estas campañas. Este patrón ha instaurado un clima de miedo y desconfianza en la población”, resaltó Fernández Maldonado en el documento.

El informe leído por Fernández Maldonado, refiere que el nivel de persecución de parte del Gobierno es tan alto que muchos ciudadanos que han participado en las protestas, se han visto forzados a esconderse o abandonar el país. De acuerdo con ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, se han recibido 23000 solicitudes (entre abril y julio) de asilo de nicaragüenses en Costa Rica.

Sobre la judicialización de ciudadanos que están siendo acusados por delitos de crimen organizado, asesinato o terrorismo, el informe dice que los juicios adolecen de serios vicios y no se desarrollan conforme a las garantías del debido proceso, incluyendo el principio de imparcialidad de los jueces y tribunales.

“El Gobierno ha atribuido la responsabilidad por todos los actos de violencia a aquellos que participaron en las protestas, incluidas las 197 muertes oficialmente reconocidas hasta el día 25 de julio. El Gobierno no ha reconocido ningún uso desproporcionado de la fuerza o acción ilegal por parte de los agentes de la policía”, reza el documento.

A propósito de la falta de voluntad del Estado para realizar investigaciones expeditas, imparciales, exhaustivas e independientes sobre las alegaciones de violaciones de derechos humanos y abusos, el documento dice que esta inacción pone en grave peligro los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y a una reparación efectiva.
“La falta de independencia del Poder Judicial y las irregularidades reportadas respecto del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal, plantean serias preocupaciones en términos de rendición de cuentas”, revela el informe.

El equipo de la OACNUDH en Nicaragua, denunció que ha enfrentado obstáculos para desarrollar su labor de monitoreo, sin embargo, Maldonado afirmó que continúan solicitando acceso completo y sin restricciones a todo el país, incluido los centros de detención, y se encuentran plenamente disponible para avanzar en el diálogo con el Gobierno, incluyendo en relación con la cooperación técnica.

Respecto a la postura del Gobierno del presidente Daniel Ortega, el informe dice que en lugar de reconocer su responsabilidad por los actos en la crisis, el Estado ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, y ha denominado “violencia golpista” a las manifestaciones pacíficas.

El presidente Ortega rechazó la tarde de este miércoles el informe presentado por ACNUDH aduciendo que es un “instrumento de los poderosos que imponen su política de muerte”. Ortega, visiblemente enojado, resaltó que el medio millón de firmas que reunió con el “pueblo que exige justicia” serán entregadas a “los ciegos de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas”.

“Para ellos estas víctimas no existen. Si el torturado es sandinista no existe. Una comisión manejada ya sabemos por quiénes, por los poderosos, por los que se han adueñado de continentes enteros, por los que han cometido genocidios sobre pueblos enteros, esos son los dueños de esta comisión de derechos humanos de Naciones Unidas, que vienen a Nicaragua, porque los invitamos, y en sus informes, estos asesinados, estos torturados, no existen”, dijo un enfadado Ortega.

El mandatario sandinista expresó que para ACNUDH los “terroristas golpistas” son unos angelitos que no torturaron a nadie y que el mundo no les cree, pues se convierten en instrumentos de los poderosos.   

“De los que imponen su política de muerte sobre los pueblos, son los mismos que convirtieron en esclavos a pueblos de continentes enteros… que los transportaron desde África para que trabajaran, son los mismos, los mismos colonialistas que han invadido y siguen invadiendo y destruyendo a pueblos enteros, estos organismos, el de Naciones Unidas en este caso, no es más que un instrumento de política de muerte, de terror, de mentira, de infamia, son infames y es bueno que los nicaragüenses los vayamos conociendo mejor”, reiteró, iracundo.

Ortega culpó de la crisis sociopolítica que afecta al país a los “golpistas asesinos”, pues según él, rompieron la tranquilidad, mataron a trabajadores del Estado y a sandinistas, también destruyeron hospitales, escuelas y la economía del país y la seguridad social.

“Golpistas asesinos que vinieron a destruir la economía para que desaparezca la seguridad social, por eso se lanzaron con tanta rabia como perros rabiosos buscando como destruir a Nicaragua”, insistió, casi gritando, Ortega.

Luego el mandatario regresó a su discurso de paz. Señaló que “gracias a Dios”, se ha logrado recuperar la estabilidad, el trabajo, aunque no en la forma en que se “venía desarrollando”, pero la sociedad ha “agarrado el premio más importante” que es la seguridad en la casa, el barrio o la playa.

“Y no vamos a permitir que se le arrebate jamás al pueblo nicaragüense. Si hay paz, si hay seguridad, entonces se logra trabajar y se lograr mejorar y crecer económicamente y habrá cada día más trabajo. El que quedó desempleado podrá encontrar empleo… por eso es que ellos están desesperados, por eso todos los días hablan de tranques. Tienen trancada la mente”, manifestó el dictador en tono sarcástico, aunque todavía molesto.

Aunque no se refirió a la solicitud de parte de la Alianza por la Justicia y la Democracia, y de los obispos de la Conferencia Episcopal, Ortega afirmó que no existe mejor diálogo que el que sucede en el barrio, en la comunidad, en los que supuestamente se desarrollan las prácticas de la reconciliación en la que no excluyen a nadie.

“Pensemos que peleando entre nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos, a Nicaragua, y que reconciliándonos como lo habíamos logrado desde 2007 hasta el 18 de abril, Nicaragua pudo crecer, progresar. Ese es el camino, la ruta, y ese es el diálogo más efectivo que puede existir, el diálogo que practica el pueblo con el pueblo, la familia con la familia”, dijo ya más relajado Ortega.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, basado en los hallazgos contenidos en el informe, recomendó al Gobierno de Nicaragua poner fin inmediato al acoso, intimidación, estigmatización, criminalización (incluido a través del uso de legislación anti-terrorista), y cualquier otro tipo de represalias en relación con la participación en las protestas, incluidas contra los manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas y otros.

Insistió en desmantelar inmediatamente a los paramilitares, para proteger a la población de ataques y otros actos ilegales y violentos. Asimismo asegurar que se realicen investigaciones independientes, imparciales, efectivas, completas y transparentes en relación con todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos, especialmente en las ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas de personas, arrestos y detenciones arbitrarias o ilegales.

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