
La
formación del “grupo de trabajo” fue incluida en una resolución aprobada el
jueves en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo, con
sede en Washington.
En
un principio, ocho países (EE.UU., Canadá, México, Colombia, Chile, Perú,
Brasil y Argentina) habían impulsado la creación de una “comisión especial”,
pero decidieron cambiar la denominación para lograr un mayor respaldo a la
iniciativa, que fue rechazada por el gobierno del presidente nicaragüense,
Daniel Ortega.
La
resolución recibió el respaldo de 20 de los 34 países que son miembros activos
de la OEA, mientras que cuatro votaron en contra (Nicaragua, Venezuela, Bolivia
y San Vicente y las Granadinas), ocho se abstuvieron y dos estuvieron ausentes.
La iniciativa necesitaba 18 votos para ser aprobada.
Según
el texto, el “grupo de trabajo” tendrá el objetivo de “contribuir a la búsqueda
de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en
Nicaragua”, y añade que eso se hará “incluso por medio de consultas por el
gobierno de Nicaragua”, una frase que no había sido incluida en la propuesta
original.
Además,
ese grupo entregará mensualmente al Consejo Permanente un informe sobre “sus
gestiones y progresos” sobre Nicaragua. Una de sus misiones más importantes
será contribuir al diálogo nacional en Nicaragua, que comenzó en mayo con la
mediación de la Iglesia Católica y que se encuentra estancado debido al rechazo
del gobierno a adelantar las elecciones fijadas para 2021, principal reclamo de
la oposición.
En
concreto, apunta la resolución, el “grupo de trabajo” dará su apoyo al diálogo
con “medidas de apoyo, acompañamiento y verificación”, en coordinación con los
esfuerzos en curso de la OEA, así como del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), organismo que se baraja como nuevo garante del diálogo.
Los
miembros del “grupo de trabajo” serán designados como tarde el 10 de agosto,
según la resolución.
Las
protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril y han dejado 317 muertos, de
acuerdo a las últimas cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), mientras otras organizaciones humanitarias contabilizan 448 víctimas
mortales y el Ejecutivo, 195.
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