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viernes, 31 de agosto de 2018

Nicaragüeneses se manifiestan en favor de las víctimas del régimen de Ortega.


Cientos de manifestantes autoconvocados de Nicaragua realizaron ayer una cadena humana en Managua, en apoyo a los "desaparecidos políticos" que atribuyen al régimen del presidente Daniel Ortega y a pesar del que han calificado como "acecho" de la Policía Nacional.

Los autoconvocados formaron una cadena humana de cerca de un kilómetro de extensión en el centro actual de la capital nicaragüense, en un ambiente que denominaron como "acto de intimidación" por parte del Gobierno.

Con la denominada "Cadena humana por nuestros desaparecidos políticos" los autoconvocados mostraron su solidaridad con cientos de personas que no se sabe si están en las cárceles o fueron víctimas de "ejecuciones extrajudiciales", según los organismos humanitarios.

"No tenemos miedo" o "Asesinos" fueron algunas de las consignas que dedicaron los manifestantes a los agentes de la Policía Nacional.

La cadena humana, que se desarrolló de manera pacífica, fue programada este jueves para coincidir con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, celebrado por la ONU cada 30 de agosto desde 2011.

Según organismos humanitarios locales, en Nicaragua existen unos 400 a 500 "reos políticos" desde el estallido social de abril contra Ortega.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) responsabiliza al Gobierno de Nicaragua por "desapariciones forzadas", así como "detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado" y "uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realiza señalamientos similares al Gobierno nicaragüense, apoya las conclusiones de la Acnudh. El organismo mundial también lo señaló de la "criminalización y persecución de todas aquellas personas que participaron en las protestas o que son de alguna forma percibidas como opositores al gobierno".

La represión en Nicaragua ha dejado más de 300 muertos, según la Acnudh, y 322 de acuerdo con la CIDH, mientras organizaciones locales calculan hasta 448.  Sin embargo, Ortega ha enfatizado que solo son 198 las víctimas.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

Por su parte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) ha compartido su pronunciamiento sobre las acusaciones del régimen en contra de los jóvenes que marchaban pacíficamente en León.

La ACJD está conformada por un grupo de organizaciones y ciudadanos diversos y heterogéneos, entre ellos estudiantes, integrantes del sector empresarial, movimiento campesino, académicos, activistas de derechos humanos y ciudadanos de regiones autónomas convocados.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reprueba las acusaciones infundadas de las cuales están siendo víctimas Byron José Corea Estrada, Christopher Nairobi Olivas Valdivia, Luis Arnulfo Hernández Quiroz, y Juan Pablo Alvarado Martínez, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León); así como Yaritza Yudith Rostrán Mairena, Víctor Manuel Obando Valverde y Levis Josué Artola Rugama, de la UNAN Managua.

La Policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó hoy a estos jóvenes públicamente como delincuentes, acusándolos desmesuradamente de los delitos de terrorismo, homicidio, secuestro y robo con intimidación, tras haberlos detenidos injusta y arbitrariamente el pasado sábado mientras marchaban pacíficamente por la ciudad de León.

Sabemos que la Policía Nacional ha perdido total credibilidad entre los nicaragüenses por estar parcializada a los intereses del régimen Ortega-Murillo antes y durante esta crisis, por lo que sus dictámenes como órgano investigador son incoherentes, inconsistentes y de total nulidad.

Condenamos una vez más el hecho que las autoridades orteguistas quieran criminalizar la protesta cívica y con ello someter a sus líderes. Admiramos la valentía con que los estudiantes en defensa de sus derechos, han sostenido esta lucha por más de 4 meses.

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