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miércoles, 1 de agosto de 2018

Ortega asedia a médicos nicaragüenses: ‘Es la venganza por cumplir con nuestro deber’, denuncian.


Ser médico en Nicaragua en medio de la crisis sociopolítica que vive el país es casi tan peligroso como ser joven. Mientras el gobierno de Daniel Ortega reprime a los estudiantes a quienes responsabiliza del estallido social, los médicos que los asisten son tildados de terroristas y obligados a huir del país.

Médicos que se han negado a cumplir las órdenes del gobierno de no curar a los heridos corren un grave peligro, denunció en Miami el doctor Carlos Duarte, en entrevista con el Nuevo Herald.

“Esa orden fue rechazada contundentemente por nosotros. El deber moral de un médico es no aceptarla, porque se trata de un principio elemental de la profesión médica”, dijo, indicando que nunca han recibido esas instrucciones por escrito.

Cardiólogo pediatra sin filiación a una organización política, Duarte tuvo que salir de manera clandestina de Nicaragua el 14 de julio bajo amenaza del gobierno por haber curado a cientos de heridos.

Una semana después llegó a Miami, donde dijo que despidos, amenazas, cárcel y exilio es lo que enfrentan hoy en su país los profesionales de la salud que han respetado el juramento hipocrático.

La semana pasada fueron despedidos sin explicación, con una escueta carta, más de una decena de médicos especialistas del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales en la ciudad de León. También recibieron la misma represalia 40 trabajadores del Hospital Regional Santiago en Jinotepe.

“Los despidos son la revancha del gobierno contra todos aquellos que cumplieron con su deber y que brindaron ayuda a las personas necesitadas de atención médica”, precisó Duarte, secretario de la junta directiva de la Asociación Médica Nicaragüense, que abarca a 34 organizaciones de diferentes especialidades.

El médico, de 51 años, se sumó a los estudiantes de medicina y colegas que comenzaron a atender a los heridos en las protestas unos días después del estallido por la fallida reforma del Seguro Social, el 18 de abril.

“El gobierno decía que no se atendieran a los heridos porque eran delincuentes”, indicó. Este rechazo forzado en los hospitales públicos causó la muerte de personas que podían haberse salvado, como fue el caso del estudiante Alvaro Conrado, de 15 años, quien llegó al hospital Cruz Azul el 20 de abril, con una herida de bala en el cuello, y murió por falta de atencion médica.

La estrategia en los hospitales públicos cambió poco después. Las autoridades médicas permitieron que los heridos fueran atendidos pero luego llamaban a los paramilitares, que se los llevaban y los desaparecían, denunció Duarte.

Por su parte, los centros médicos privados, como el Hospital Bautista y el Vivian Pellas, en el que Duarte laboraba hasta su huida del país, gozan de más independencia y por ello han podido atender alrededor de 40 heridos diarios. Muchos llegan en estado crítico, con heridas de armas de fuego de alto calibre. “Se veía que algunos habían recibido disparos de francotiradores”, puntualizó Duarte.

También denunció que se están desviando las ambulancias del ministerio de Salud, que se deben emplear para auxiliar a los heridos, para trasladar a “paramilitares encapuchados con armas de guerra en mano”.

Duarte fue uno de los médicos que atendió a los heridos durante el ataque de las autoridades a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) el 13 de julio. Ese día, después de dos meses de permanecer atrincherados en la Universidad en protesta por la actitud colaboracionista de la rectora con el gobierno, los estudiantes acordaron salir del recinto.

“El gobierno, al darse cuenta que ellos se retiraban, inició el ataque al mediodía con paramilitares armados con fusiles y lanzagranadas antitanques”, recordó Duarte, que con otro colega médico, Ricardo Pineda, y 200 estudiantes buscaron refugio en la iglesia Divina Providencia, frente a la Universidad.

“Los estudiantes se defendían con piedras y morteros. Dos personas fallecieron y 15 fueron heridas de gravedad”, precisó Duarte. El asedio duró hasta el amanecer, y en una ocasión el tiroteo fue tan intenso y cercano que Duarte y Pineda se despidieron porque veían el desenlace inminente.

“Pensábamos que estaban cerca de entrar a la iglesia y que nos iban a asesinar a todos”, recordó Duarte, asegurando que les dio fortaleza la confianza que tenían en ellos los estudiantes.

Esa madrugada practicaron la “medicina de guerra” con pocos recursos. Aplicaron analgésicos y apósitos, estabilizaron heridos y entablillaron miembros con sillas desarmadas.

Al otro día, después que terminó el sitio por mediación de las autoridades eclesiásticas y fueron trasladados en buses hasta la catedral de Managua, Duarte recibió un mensaje de un amigo alertándolo de que vendrían a apresarlo.  “La ministra de Salud, Sonia Castro, dijo en su círculo que yo lo iba a pagar caro, porque había ayudado a salvar las vidas de los estudiantes.

El objetivo de la policía y los paramilitares era asesinarlos a todos”, contó Duarte, que se escondió en la selva y luego logró salir hacia Honduras, y de allí volar a Miami.
También tuvo que sacar a su familia del país porque el gobierno está utilizando la táctica de secuestrar a los seres queridos cuando quiere que alguien se entregue.

Duarte, que tenía 12 años en los últimos tiempos de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, considera que la actuación del gobierno de Ortega es una “réplica” de lo que sucedió entonces.

“En cuanto a la persecución, los asesinatos, la frialdad con la que actúan, estos son peores”, dice comparando la represión de Ortega con la de Somoza.

“Son criminales de verdad. La gente de Somoza respetaba a los médicos”, concluye, indicando que ahora sus colegas son detenidos en las calles, y enviados a la terrible prisión de El Chipote, y que alrededor de una veintena se esconde dentro de Nicaragua mientras otros como él y Ricardo Pineda tienen que escapar al exterior.

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