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martes, 7 de agosto de 2018

Régimen de Ortega ya está “agotado”.


Tomado de Confidencial / El deterioro de la credibilidad del comandante Daniel Ortega, ante el Gobierno de Estados Unidos, ha crecido en los últimos años, y tras la brutal represión oficial, que ha dejado 317 muertos confirmados desde abril, el ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Arturo Cruz, estima improbable que se produzca un entendimiento entre Ortega y el presidente Donald Trump, como ha sugerido el mandatario nicaragüense en sus entrevistas a la prensa internacional.

“Rara vez he visto tanto consenso en Washington sobre el tema de un país. Dentro de la Administración (Trump) no hay discrepancias, ni con el Senado, ni entre republicanos y demócratas y tampoco en la Cámara”, reveló el exembajador en entrevista con el periodista Carlos F. Chamorro, en el programa de televisión Esta Semana.

Según Cruz, la política de Estados Unidos sobre Nicaragua “es clara”, y “está totalmente detrás de las iniciativas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con un afán de aplicar la Global Magnitsky Act, de forma inusual, en comparación con otros países”. Además, detalla que las posibilidades de la aprobación de la Nica Act se han multiplicado.

En sus recientes e inéditas entrevistas con cadenas internacionales de noticias, que han incluido a Fox News, Euronews y CNN en Español, Ortega ha insistido en la relevancia de Nicaragua como un muro de contención contra el narcotráfico y el crimen organizado. Además, el mismo Ortega se ha autoperfilado como un “factor de estabilidad”. Sin embargo, Cruz considera que es “muy difícil” que Ortega pueda presentarse como tal.

“Creo que sí lo pudo haber alegado hace algún tiempo. Y en ese contexto podríamos decir que, independientemente de que su legalidad y su legitimidad eran dudosas, siempre él hacia alarde, y correctamente podríamos decir, de su efectividad. Pero hoy no es ni legal, ni legítimo ni efectivo”, advirtió el otrora embajador de Nicaragua ante Estados Unidos, entre 2007 y 2009, cuando Ortega volvió a la Presidencia, tras dieciséis años en la oposición.

Cruz subraya que el Gobierno de Ortega “está en una circunstancia sumamente difícil” y añade que “más bien” él tiene la impresión de que para Washington y todos sus actores “el factor de inestabilidad es precisamente Ortega”, y por esta razón Estados Unidos insiste en la propuesta de adelantar las elecciones como una salida a la crisis nicaragüense.

Las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua están previstas hasta noviembre de 2021, y la propuesta del Diálogo Nacional —ahora estancado— y de la Secretaría General de la OEA, es que las mismas se adelanten para marzo de 2019. 

Ortega regresó a la Presidencia en enero de 2007 y reformó la Constitución para poder reelegirse de forma continua en 2011, y en 2016 inhabilitó a la oposición para permanecer en el Poder, junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.
Cruz sostiene que desde 2016 “estamos en un franco deterioro” de las relaciones con Estados Unidos y “obviamente ahora” el Gobierno de Ortega tiene menos credibilidad.

“Desde junio de 2016, se empezaron a tomar una serie de medidas y acciones que fueron verdaderamente restándole toda credibilidad a las posiciones del Gobierno”, recordó Cruz, para quien la narrativa de Estados Unidos sobre Nicaragua “no coincide con lo que dice el Gobierno (de Ortega), y desde entonces su credibilidad prácticamente es nula”.

“Hay momentos en los que, independientemente de si hay o no hay vacío de autoridad en Nicaragua, en caso de que un régimen sea sustituido, el hecho es que si el régimen está agotado, simple y sencillamente va a tener que enfrentar, si fuese así, ese vacío de autoridad. Y creo que en Washington, independientemente de que no quisieran eso, cada vez más hay una voluntad de enfrentar ese vacío, porque al régimen ya lo vieron totalmente agotado”, destaca el exembajador.

En menos de un mes, la OEA publicó dos resoluciones de condena contra el régimen de Ortega, por la represión a las protestas antigobierno, que ya suma al menos 317 muertos, confirmados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque el mismo Ortega y su canciller, Denis Moncada, han intentado descalificar su trabajo.

El exembajador insistió en la importancia de tomar lecciones de la historia reciente de Nicaragua, y comentó que las posiciones en el Consejo Permanente de la OEA le recuerdan la experiencia de Nicaragua en los años setenta, cuando en 1978 se creó un grupo mediador con tres miembros destacados de Estados Unidos, República Dominicana y Guatemala, y el dictador Anastasio Somoza “aceptó que vinieran”.

Sin embargo, la misma no funcionó y lo que siguió fue la histórica resolución en la que la OEA pidió la “inmediata y definitiva sustitución del régimen somocista”.

“Ahí básicamente pudimos haber tenido una salida inteligente para el país, y evitarnos toda la desgracia que posteriormente vino en términos de muertos”, valoró Cruz.

Según el exembajador, para el Gobierno de Ortega “definitivamente es un error, desde el punto de vista inclusive de los intereses vitales de este país y su Gobierno, por ponerlo así, rechazar esa oferta de la OEA”.

“El problema con los autócratas —reflexionó— es que siempre hacen lo correcto cuando es demasiado tarde, y si vos lo ves, Somoza estaba dispuesto a hacer cosas que ya para entonces su ausencia total de legitimidad no lo permitía”.

Bajo este contexto, Cruz explica que las posibilidades de las sanciones de la Nica Act, se han capitalizado.

“Hasta hace tres o cuatro meses, esa ley no tenía ninguna probabilidad, porque se iba a quedar estancada en la gaveta del senador (Bob) Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores. (Pero) hoy nadie, en el Senado, está dispuesto a obstaculizar esa ley, lo que significa, entonces, que si fuese al plenario, no habría ninguna discusión (objeción) y lo que pudiera terminar ocurriendo es que la misma esté en el escritorio del presidente Trump en los próximos meses, porque pasaría algo que se conoce como el mecanismo de consentimiento unánime”, explicó Cruz.

Además, el exembajador restó importancia a las quejas del Gobierno de Ortega sobre la nueva versión de la Nica Act, que cuenta con el apoyo de senadores republicanos y demócratas.

“Creer que es solamente un pequeño grupo de legisladores de la Florida, que incluiría a (Robert) Menéndez (de New Jersey) me parece que es un error”, criticó Cruz, tras resaltar que la misma cuenta con el apoyo de senadores de enorme peso y gran credibilidad, que se caracterizan por su liberalismo.

Según Cruz, la Nica Act “va a pasar”, porque a su juicio “tiene grandes probabilidades”.

La iniciativa condicionaría el apoyo de Estados Unidos a los préstamos de los organismos internacionales, un efecto que también es altamente probable si Nicaragua fuese suspendida de la OEA, por el incumplimiento con la Carta Democrática Interamericana.

Al respecto, Cruz recordó que tras el golpe de Estado de 2009, en Honduras, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) suspendieron sus desembolsos ya aprobados para el país, que entonces eran de unos 200 millones y 270 millones de dólares, respectivamente. “Y eso incluso fue antes de que se suspendiera temporalmente de la OEA a Honduras”, dijo.

En el caso de Nicaragua, el porcentaje de estos préstamos en la cooperación internacional ha crecido del 24% al 62% o 68%, a partir de la disminución de la cooperación venezolana, que cayó de unos 500 millones de dólares anuales a solo 31 millones, en 2017.   También la Nica Act ya no es la única sanción posible de Estados Unidos al Gobierno de Ortega en Nicaragua. Entre diciembre de 2017 y mayo de 2018, Nicaragua sumó cuatro funcionarios sancionados por la Global Magnitsky Act, una sanción que nació de forma exclusiva para Rusia.

El ahora expresidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, fue sancionado por corrupción y violación de los derechos humanos, tras ser señalado por su enriquecimiento inexplicable y paralelo al colapso de un sistema electoral fraudulento. 

Luego, tras la brutal represión desde el pasado 18 de abril, que sigue sin detenerse, fueron sancionados el director de facto de la Policía Nacional y consuegro de Ortega, Francisco “Paco” Díaz; el secretario general de la Alcaldía de Managua y uno de los principales operadores políticos del FSLN, Fidel Moreno; y el vicepresidente de Albanisa y tesorero del FSLN, Francisco “Chico” López.

Tras recordar estas sanciones, el exembajador Arturo Cruz advirtió que “el año no ha terminado” y agregó que “lo interesante de la Magnitsky es que viene evolucionando como instrumento de presión o de política exterior”, pues al inicio eran solo dos listas por año y ahora pueden introducirse a otros individuos a lo largo de este.

Además, Cruz indicó que una iniciativa conocida como la “Magnitsky para Nicaragua”, ya tiene número y referencia para el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y tiene cero posibilidades de objeción, aunque explicó que por introducirse en el segundo período de la legislatura (como ocurrió con la primera versión de la Nica Act, en 2016) tiene el tiempo “no tan favorable”.

En este caso, dijo, “podríamos tener una lista (de sancionados) exclusiva, como la de Rusia, solo para nicaragüenses”, aunque tendrá que pasar en el Senado, por consentimiento unánime, y en la Cámara por suspensión de la regla.

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