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martes, 11 de septiembre de 2018

‘Responsabilizo al dictador Ortega por agresión’, denuncia desde Miami hermano de párroco de Masaya.


El sacerdote Edwin Román Calderón tuvo que bajar del púlpito cuando oficiaba misa por las almas de los difuntos el 9 de septiembre en la iglesia de San Miguel Arcangel, en Masaya, porque los altavoces con música orteguista en el exterior de la iglesia no lo dejaban llevar su mensaje.

Solo pidió silencio, pero la respuesta fue una avalancha de insultos, agresiones y amenazas hasta apuntarle con armas largas, denunció en Miami su hermano, el periodista Rodolfo Román. “Las turbas de Ortega lo acusaron de terrorista, asesino y golpista. Lo insultaron y agredieron”, dijo Román a el Nuevo Herald.

La policía actuó bajo las órdenes del comisionado general de Masaya Ramón Avellán, a quien la oposición culpa por la represión en esa ciudad del oeste del país, precisó Román.  “Responsabilizo al dictador Daniel Ortega, a su vicepresidente Rosario Murillo, y a todas las fuerzas armadas bajo su mando en Nicaragua en caso de seguir reprimiendo e intentando asesinar a mi hermano”, añadió.

Por su parte, el párroco de Masaya, de 56 años, denunció en vivo, haber sido empujado por Avellán, durante una transmisión del sitio de noticias Artículo 66.  “Fui agredido por Avellán, que me empujó”, dijo el sacerdote, que luego fue víctima de “una jauría, que me empezó a insultar con palabras que no las puedo publicar”.

“Me vi rodeado por los antimotines, pero no tengo miedo”, dijo enviando un mensaje a sus feligreses de que no dejen de orar porque “el mal no puede prevalecer”.  “Cómo es posible que interrumpan la misa en la iglesia, mi hermano no conoce lo que es un arma”, afirmó Román, quien a su vez destacó que en medio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, el padre Edwin Román ha servido de mediador para salvar vidas de masayenses, incluyendo la de muchos policías.

“Mi hermano ayudó a proteger a varios militares que el pueblo tenía detenidos. Se los entregó en el comando militar a Avellán sin un rasguño”, destacó Rodolfo Román.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó en julio medidas cautelares para proteger la vida de Edwin Román Calderón, que ha sido amenazado en varias ocasiones con mensajes de texto y también fue atacado por turbas sandinistas en julio cuando llegó a mediar a favor de manifestantes autoconvocados que fueron asediados en la Basílica Menor de San Sebastián, en Diriamba. En esa ocasión los paramilitares agredieron a miembros del clero y la prensa.

También en Miami, el opositor José Dávila denunció las agresiones al párroco de Masaya y definió como “una represión continúa” la actitud del régimen de Ortega desde que estallaron las manifestaciones populares en abril ante el descontento por una reforma al Seguro Social.

“Nicaragua está empantanada en una crisis y Ortega se niega a buscar una solución política y pacífica. No acepta diálogo nacional ni quiere adelantar elecciones”, apuntó Dávila.  El analista, ex embajador de Nicaragua en Alemania del 1994 al 1997 durante el mandato de Violeta Chamarro, indicó que el gobierno de Ortega pasó de asesinar a los jóvenes y criminalizar las protestas a evitar toda manifestación cívica.

Los manifestantes tienen que resistir los ataques constantes de Rosario Murillo, que los califican como “restos”, puchitos y “chingaste”, que en la jerga popular se refiere a los residuos de una bebida, contó.  También reciben las constantes provocaciones de los paramilitares, que tratan de desencadenar peleas durante las marchas pacíficas opositoras.

“Enseñan sus armas, se infiltran entre los manifestantes, queman vehículos, para justificar los disparos”, ejemplificó.  Otra estrategia represora ha sido la aprobación de una ley sobre terrorismo el 17 de julio, que permite que las personas sean apresadas y mantenidas en prisión sin ser juzgadas. Pueden ser condenadas hasta a 20 años de cárcel por este delito, que se define en términos muy amplios por la ley.

“Se inició una cacería contra los jóvenes. Los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) los delatan, señalan las casas donde vive, y están a la espera de que salgan para capturarlos”, dijo Dávila.  La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) responsabiliza al gobierno de “más de 300 muertos”, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Este 10 de septiembre fueron detenidos los líderes manifestantes Yubrank Suazo y Mohamed Gómez. Se trasladaban en un automóvil en la ciudad de Chichigalpa, a 122 kilómetros al noroeste de Managua, cuando fueron capturados por un civil y luego entregados a la Policía Nacional, según los familiares, que pidieron no ser identificados.

Suazo, uno de los líderes más visibles de Masaya, se hizo conocido en Nicaragua cuando leyó una proclama en junio pasado, en la que declaró dicha ciudad “libre del dictador”, en referencia al gobernante Daniel Ortega. Un mes después la vivienda de Suazo fue calcinada y este tuvo que pasar a vivir en la clandestinidad. 

En el caso de Gómez, líder de los manifestantes de Chichigalpa, su vivienda fue atacada a tiros en agosto.  Dávila denunció que en Nicaragua el “tejido social está deshecho” porque muchos tienen que salir huyendo del país, la economía se deteriora cada vez más y la zozobra predomina en las calles. 

“Es imposible un proceso de recuperación bajo este régimen, que tiene 400 jóvenes detenidos, la mitad de ellos próximos a juicios, acusados de terroristas por exigir democracia. El gobierno pretende acallar las voces, pero el pueblo sigue resistiendo en las calles”, concluyó Dávila.

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