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sábado, 8 de septiembre de 2018

Secuestrados por paramilitares en Nicaragua.


Tomado de Confidencial / Tras terminar un partido de baloncesto contra un equipo de la Alcaldía de Managua en el parque Luis Alfonso Velásquez, Carlos Humberto Silva expresó: “Cuando ganemos, le vamos a cambiar el nombre a este parque”. 

Esta afirmación fue motivo suficiente para que la Policía Nacional lo detuviera ilegalmente, lo trasladara a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y luego lo acusara de ser el “cabecilla” de un grupo terrorista “que mantenía tranques en las cercanías de la UNAN-Managua”.

Silva fue capturado el pasado 25 de agosto y fue presentado el cuatro de septiembre por la Policía a los medios oficialistas.  “Nos asustó ver a mi hermano con una ropa que no es de él, y siendo expuesto como un delincuente, terrorista, y nosotros no somos terroristas, otros son terroristas, pero mi hermano no. ¿Acaso pensar diferente es ser terrorista?”, afirmó su hermana Elisa Silva, quien antes de la captura de su familiar, decía ser fiel al Gobierno de Daniel Ortega.

En esta etapa de la crisis sociopolítica que afecta el país, el régimen Ortega Murillo se ha lanzado a detener ilegalmente, con apoyo de sus paramilitares y la Policía, a los ciudadanos que se oponen a su Gobierno. Son perseguidos por los agentes y encapuchados, luego trasladados a El Chipote y posteriormente acusados de terrorismo, asesinato, crimen organizado, daño a la propiedad pública, tenencia ilegal de armas, entre otro cúmulo de delitos.

La detención de Carlos Silva, al igual que la de otros ciudadanos, se dio en el marco de la ilegalidad. Vladimir Miranda, abogado de Silva, explicó que hasta el martes cuatro de septiembre, no existía ninguna acusación en los juzgados de Managua en contra de su defendido. Insistió que esto mismo sucede en otros casos, como el de los siete estudiantes detenidos en León, a quienes se les capturó y luego se les trasladó a la DAJ.

“La detención se da por flagrante delito o por una orden judicial. Y tenemos más que claro y entendido que no existe ninguna de las dos en el caso de Carlos. Desde ese día hasta la fecha la Policía no ha presentado ninguna acusación en los juzgados de Managua”, manifestó Miranda.

En el caso de Silva, y en el de otros ciudadanos, como Medardo Mairena y Pedro Mena, líderes campesinos acusados por el asesinato de cuatro oficiales de la Policía en Morrito, Río San Juan, no existía constancia judicial alguna que indicara que se requería a los ciudadanos para una investigación policial. 

Esto, según Miranda, comprueba la detención ilegal.  “Hicimos todas las vías legales que manda nuestra ley, se acudió de amparo, se nombró un juez ejecutor, fuimos a El Chipote, nos presentamos con el juez ejecutor y ni siquiera lo hicieron pasar”, lamentó Miranda.
El abogado agregó que los ciudadanos están siendo acusados injustamente y no existe una opción que les vaya a hacer valer su derecho. Manifestó que la Fiscalía, el Ministerio Público, la Policía, los jueces, están coludidos.

El sábado 25 de agosto fuerzas de la Policía Nacional y paramilitares del régimen Ortega Murillo, realizaron una redada de detenciones ilegales contra manifestantes y líderes universitarios que pretendían participar en una marcha de protesta en León. 

Ese día fueron detenidos ilegalmente siete dirigentes universitarios: Yaritza Mairena, Levis Rugama y Victoria Obando. También Luis Arnulfo Hernández, Juan Pablo Alvarado Martínez, Cristofer Nahiroby Olivas y Byron José Corea.

“Después que terminó la marcha se los llevaron en una patrulla violentamente. No es posible que se lleven a muchachos inocentes de esa manera”, lamentó Amaya Coppens, miembro del Movimiento 19 de Abril de León.  

A pesar de que los ciudadanos autoconvocados de León protestaron con un masivo plantón frente a la estación policial exigiendo la liberación de los siete jóvenes, el padre Silvio Selva, párroco de la iglesia San Felipe, confirmó que los jóvenes habían sido trasladados a El Chipote, en Managua.

Los jóvenes fueron presentados por la Policía cuatro días después de la detención. A Olivas y Corea, la Fiscalía los acusó de la muerte de Cristhiam Emilio Cárdenas, quien murió calcinado el 20 de abril en un incendio en el Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN), de León. También se les señala de terrorismo, incendio, daño agravado y robo agravado en el CUUN, las instalaciones de la Lotería Nacional en León y otros siete negocios.

A Mairena, Rugama, Obando y Hernández, los acusan de entorpecimiento de los servicios públicos, secuestro extorsivo, portación o tenencia ilegal de arma de fuego, robo con violencia e intimidación agravada en grado de frustración.  “Detuvieron a los muchachos arbitrariamente. Pero vamos a luchar por ellos, no los vamos a abandonar. Sabemos que los están golpeando, los están maltratando, pero ellos son fuertes, y nosotros los vamos a seguir apoyando” dijo Jackeline Valdivia, madre de Nahiroby.

Valdivia destacó que las acusaciones realizadas a su hijo, son falsas, y tiene la forma de comprobar que su hijo el día de la quema del CUUN, estuvo con ellos a partir del mediodía, pues era la celebración de su cumpleaños.  El abogado Miranda manifestó que desde el punto de vista jurídico, no existe ninguna alternativa para las personas que han sido detenidas ilegalmente, pues “está más que claro” que el Estado de Derecho en Nicaragua es vulnerable, y aunque se interpongan “mil” recursos de amparo o de exhibición, “todo lo que la ley dicta en este momento está en papel mojado”, lamentó Miranda.

El informe sobre “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, concluyó que en Nicaragua las detenciones fueron arbitrarias y que en muchos de los casos no se garantizó el debido proceso.   

“Estas han sido percibidas como castigo por el legítimo ejercicio de los derechos humanos, en particular la libertad de opinión y expresión y a la libertad de reunión pacífica”, dice el documento.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó en su informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”, que a partir del 18 de abril el Gobierno hizo uso desproporcionado de la fuerza, traducido en ejecuciones ilegales y detenciones masivas y arbitrarias en perjuicio de estudiantes, trabajadores y jóvenes opositores al régimen Ortega Murillo.

“El 2 de julio de 2018, el MESENI documentó actos de represión selectiva por medio de detenciones arbitrarias, por medio de allanamientos ilegales de viviendas en busca de personas que participaron en protestas y tranques y ciudadanos opositores. Como consecuencia de estas acciones, un gran número de personas se han visto forzadas a huir de sus casas, esconderse, y desplazarse a otros lugares tanto dentro como fuera del país”, dice parte del informe de la CIDH.

La reciente detención de Edwin Carcache, líder del Movimiento Estudiantil 19 de Abril, se suma a las capturas arbitrarias realizadas por la Policía y los paramilitares. Carcache fue apresado, junto a cinco jóvenes más, y luego trasladado a El Chipote.

El comisionado mayor Farlen Roa, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, acusó a Carcache de ser el líder de una banda “terrorista” que cometió robo agravado, obstrucción de funciones, facilitación de evasión, portación ilegal de armas de fuego, tentativa de homicidio, lesiones gravísimas e incendio en perjuicio del Estado de Nicaragua.  

El padre del líder universitario, Edwin Carcache, negó que su hijo cometiera flagrante delito o que tuviera una orden judicial. Y aseguró que quienes realizaron la detención ilegal fueron paramilitares acompañados de oficiales de la Policía.

“Mi hijo es inocente. Lo acusan de todos esos delitos, pero él no los cometió. Yo estoy con él y lo voy a apoyar. Edwin es toda Nicaragua y por eso pido a la gente que se siga manifestando en las calles”, expresó Mercedes Dávila, madre de Edwin.  

Al respecto Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), destacó que las detenciones realizadas por la Policía Nacional son ilegales porque no cumplen con los requisitos de ley y porque regularmente la autoridad policial las ejecuta en compañía de otros civiles que están encapuchados.

“Estas personas (encapuchados) van acompañados por agentes que pertenecen al cuerpo policial. 

Es una medida administrativa aplicada por ellos como órgano investigador, pero es una retención violatoria a la persona, pues en muchas ocasiones son esos civiles los que detienen a los ciudadanos”, explicó Montenegro.

Miranda agregó que los casos de detenciones ilegales son el inicio de una etapa, pues esta continúa con una acusación viciada de parte del Ministerio Público, y luego un juicio parcializado, que culmina con una sentencia de culpabilidad, pese a que los implicados son inocentes, como sucedió en el caso de Brandon Lovo y Glen Slate. 

“Los ciudadanos están siendo acusados injustamente y no existe una opción que les vaya a hacer valer su derecho”, afirmó Miranda.

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