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jueves, 11 de octubre de 2018

Cómo se cocinan las sanciones contra Daniel Ortega en el Congreso de los EEUU.


Tomado del diario Nica/ Congresistas estadounidenses impulsan dos proyectos de ley en conjunto para que su Gobierno imponga sanciones al Gobierno de Nicaragua como una medida de presión para que este encauce sus acciones por la senda de la democracia y el respeto a los derechos humanos.

El primer proyecto legislativo es la Nicaraguan Investment Condicionality Act (Nica of 2017), o en español, Ley de Condicionamiento a la Inversión Nicaragüense; el segundo, la Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018 (Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018).

¿Por qué la Nica Act? Esta surgió ante la falta de transparencia fiscal, corrupción sistemática, abusos de derechos humanos, así como la falta de libertad y elecciones justas en Nicaragua durante la administración del presidente Daniel Ortega, quien está en el poder desde el 2007, según refiere el documento original.

¿Para qué? Por ello, tiene como finalidad que se realicen elecciones libres, justas y transparentes, monitoreadas por observadores nacionales e internacionales creíbles; promover la democracia, además de un sistema judicial y electoral independiente; fortalecer el imperio de ley y respetar el derecho de libertad de asociación y expresión.

Así mismo, se propone combatir la corrupción, incluyendo investigar y procesar a oficiales gubernamentales de los que se alegue con credibilidad si son corruptos, y proteger el derecho —de operar sin interferencia— de los partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil.

¿Cómo? El proyecto legislativo establece que Estados Unidos use su voz, voto e influencia para que cada institución financiera internacional (el BID, BANCO MUNDIAL y el FMI, por ejemplo) le niegue cualquier préstamo a Nicaragua, excepto por razones humanitarias, o para promover la democracia.

Cabe mencionar que Nicaragua depende en gran medida del financiamiento de organismos multilaterales para la ejecución de proyectos para el desarrollo (salud, educación, combate a la pobreza, infraestructura, etc.).

¿Cuándo? La Nica Act —cuyos autores son la congresista Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires— la introdujeron 25 congresistas ante la Cámara de Representantes el 05 de abril del 2017; luego la presentó el senador republicano Ted Cruz ante el Senado el 27 de abril de ese mismo año.

LEY DE DERECHOS HUMANOS Y ANTICORRUPCIÓN DE NICARAGUA 2018

Este proyecto legislativo fue propuesto por el senador Bob Menéndez el 18 de julio de este año con el respaldo de otros diez senadores, tanto republicanos como demócratas, ante la represión del régimen del presidente Daniel Ortega contra civiles desde el 18 de abril, lo que ha desembocado en centenares de muertos, heridos, encarcelados y torturados.

¿Para qué? Pretende imponer sanciones contra los responsables de la represión (mandatario nicaragüense y sus cómplices) y las consecuencias derivadas de ella. Del mismo modo, ofrece un apoyo para una solución negociada a la crisis sociopolítica a través del Diálogo Nacional y la celebración de elecciones anticipadas.

¿Cómo? Las sanciones comprenden el bloqueo de activos, la prohibición de realizar transacciones de propiedades o intereses en una propiedad que estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos; también, la negación o revocación de visas u otra documentación para ingresar a ese país y la aplicación de penalidades económicas establecidas en los incisos (b) y (c) del artículo 206 de la Ley de poderes económicos de emergencia internacionales (50 U.S.C. 1705) de EE.UU.

En ese sentido, las sanciones a funcionarios son similares a las que contempla la Ley Global Magnitsky Act, con base en la cual han sido sancionados cuatro funcionarios del Gobierno nicaragüense: Francisco Díaz, director de la Policía; Francisco López, tesorero del FSLN; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua y secretario político del FSLN; y Roberto Rivas, expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE).

La lista de otros sancionados, por el momento, pero únicamente con la revocación de visas, se extiende a autoridades de la Policía Nacional, gobiernos municipales y otros funcionarios y sus familiares..

La propuesta de Ley establece, por otra parte, que los servicios de inteligencia de Estados Unidos elaboren informes sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua —incluidos los miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el Poder Judicial— en violaciones de los derechos humanos, actos de corrupción significativa y lavado de dinero.

Del mismo modo, plantea, como la Nica Act, que Estados Unidos use su voz, voto e influencia para que cada institución financiera internacional (el BID y el FMI, por ejemplo) le niegue cualquier préstamo a Nicaragua.

¿Qué es lo que viene?

El 26 de septiembre el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó fusionar ambas iniciativas legislativas, por lo cual el siguiente paso es que ambas se discutan como una sola en el pleno del Senado, y una vez aprobadas en conjunto, regresen a la Cámara de Representantes para que esta también las ratifique lo cual puede ser a través de una comisón bi cameral para expeditar su aprobación.   Terminado el proceso de aprobación en el Congreso, la iniciativa de ley unificada será remitida al presidente de Estados Unidos, quien tendrá 10 días para firmarla o vetarla.

Según expertos del tema , estas leyes podrían quedar aprobada por el congreso y ratificadas por el ejecutivo antes que finalice el año dado el interés demostrado por algunos de los senadores que la están impulsando.

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