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viernes, 12 de octubre de 2018

Dictadura conforma peligroso y criminal aparato de espionaje político y Financiero.


La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, que la dictadura de los Ortega-Murillo ha completado la instauración en Nicaragua de un enorme sistema policial y de espionaje similar al de un Estado fascista, contra la ciudadanía, los organismos no gubernamentales y la empresa privada, con la reciente emisión de los reglamentos de la Ley 976, de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y de la Ley 977, contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que violentan varios artículos de la Constitución Política.

La UAF tiene acceso a los datos personales, movimientos salariales detrabajadores y empleadores, e información de las ONG (s) y de las empresas y podrá actuar discrecionalmente y sin ningún control. Esta súper institución de espionaje político no queda obligada por ley ni por reglamento a informar previamente a las personas o empresas que sus datos serán revisados cuando al órgano quiera, por ser sospechosa o investigada por el delito de lavado o financiamiento al terrorismo.

Con los reglamentos decretados por la dictadura orteguista, se amenaza la estabilidad de la libre empresa, ya que la UAF puede cerrar todo negocio de manera temporal o definitiva cuando  considere que ha incumplido con las normas de prevención o sospeche que está relacionado con el delito del narcotráfico. 

La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil alerta acerca de que esta institución tiene tal poder, que podrá detener las operaciones de
bancos, financieras, correduría de seguros, comercializadoras de vehículos, empresas de remesas, joyerías, y organizaciones no gubernamentales, entre otras.

La dictadura le confiere a la UAF la potestad inconstitucional de violar el sigilo bancario al tener acceso directo a los datos de los usuarios de los bancos a través de la Central de Riesgo de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif). Todo esto crea también una gran incertidumbre e inseguridad jurídica para cualquier
inversionista.

La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil denuncia que las leyes 976 y 977, junto a la 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, y los reglamentos decretados, conforman el temible aparato policial y de espionaje político llamado Sistema Nacional de Seguridad Soberana establecido en la Ley No. 919, Ley de Seguridad Soberana. 

Este aparato, equivalente a una Dirección General de la Seguridad del Estado, se complementa con una extensa red de control social por medio de los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y Comités de Liderazgo Sandinista (CLS), integrados por militantes al servicio de los Ortega-Murillo.

La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil rechaza este gigantesco dispositivo represivo que violenta derechos constitucionales, y que permite el control del Estado de información de la ciudadanía a través de ocho instituciones estatales: INSS, Aduanas, Dirección General de Ingresos, Migración y Extranjería, Superintendencia de Bancos,  Consejo Supremo Electoral, Policía y Poder Judicial. Los reglamentos decretados el 3 de octubre, también lepermiten a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acceder a información
de las ONGs y de la empresa privada, para la represión política.

Hacemos ver con extrema preocupación que el espionaje político y financiero ha quedado institucionalizado y ha alcanzado el terrible rango  de política de Estado. La UAF es un temible brazo represivo de la dictadura orteguista para cuya actuación no requiere orden judicial. Con los reglamentos decretados, el Estado considera a todos los ciudadanos sospechosos de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.

Se violenta el artículo 25 de la Constitución sobre el derecho a la seguridad de los datos de los nicaragüenses, así como el 26, que en su acápite tres dice que  toda persona tiene derecho “a conocer toda información que sobre ella se haya registrado en las entidades de naturaleza privada y pública, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad se tiene esa información”. La ciudadanía está harta de
tanta represión, de tantas personas muertas y heridas, desaparecidas, secuestradas, capturadas y torturadas.

Como Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, exigimos que los Ortega-Murillo se vayan del poder. No queremos más sufrimiento para el pueblo nicaragüense. La Unidad Nacional Azul y Blanco potenciará la lucha de la ciudadanía y hará que esté más próximo el momento de la victoria por la libertad, la democracia y la justicia. Llamamos a profundizar las diversas formas de resistencia cívica y pacífica y demandar en las calles el ejercicio del derecho a la protesta ciudadana.

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