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sábado, 27 de octubre de 2018

La politización de la gestión de riesgos.


Por Félix Maradiaga / Es muy doloroso ver que con cada periodo de lluvias, nos llegan noticias de la muerte de personas vulnerables. Solo en el mes de octubre, las lluvias provocaron 21 muertes. 

Ese tipo de vulnerabilidad ha sido un  problema histórico en Nicaragua, que sin embargo —y contrario a la propaganda oficial— se ha profundizado bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tristemente, las malas decisiones políticas siempre tienen un mayor peso en las personas más vulnerables, y eso es especialmente cierto en contextos de gestión de riesgos.

Nicaragua es uno de los países del Hemisferio Occidental con mayor vulnerabilidad al cambio climático. A la par de la vulnerabilidad ambiental, se suma la ausencia de la infraestructura adecuada y las políticas públicas extractivas del régimen político actual, especialmente en materia forestal, minería a cielo abierto, manejo de reservas naturales y urbanismo.

Adicionalmente, la geografía montañosa, las 21 cuencas hidrográficas y 7 volcanes activos, contribuyen a la alta vulnerabilidad de Nicaragua frente a las amenazas naturales. Esta vulnerabilidad se ve magnificada por el avance de la frontera agrícola, junto con la falta de acceso de los productores para apropiarse de las tecnologías productivas para la agricultura en laderas, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra y erosión.

Por otra parte, la tala de árboles contribuye a los cambios en el régimen de caudales de las cuencas afectadas, aumentando la probabilidad de inundaciones en zonas bajas. Más de 650.000 hectáreas de bosque se perdieron en Nicaragua durante la última década, lo que  representa una tasa de deforestación anual de más de 1.5%, de las tasas más altas del hemisferio. Para nadie es secreto el comportamiento depredador de empresas como Alba Forestal.

Los retrocesos en materia de mitigación de desastres son lamentables ya que eran el resultado de costosos aprendizajes. Después del Huracán Mitch en 1998—que tomó al país con bajos niveles de preparación—Nicaragua inició un proceso de mejoramiento de sus capacidades de prevención, mitigación y atención de desastres que llevaron a la eventual creación de un Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (SINAPRED).

A pesar de sus limitaciones, ese sistema venía funcionando bien. Como era ampliamente reconocido por agencias especializadas, una de las principales fortalezas del sistema en Nicaragua era que contaba con una amplia participación de diversas expresiones del estado, de la sociedad civil y de la comunidad, sin criterios partidarios. La sociedad civil organizada y cientos de organizaciones comunitarias incluso las afines al FSLN, tenían una participación activa dentro del sistema. 

Nadie era excluido de las acciones de prevención y atención de desastres en función de su ideología política. Esa decisión trascendental de inclusión política, permitió mejorar extraordinariamente las capacidades del SINAPRED. A partir del 2007 el criterio de apartidismo en la gestión de riesgos, cambió radicalmente.

Muchos podrían pensar que los desastres naturales son “actos de Dios” que están fuera de nuestro control, pero eso es solo parcialmente cierto. El Estado tiene una responsabilidad esencial en la prevención y mitigación de desastres. Una parte central de esa responsabilidad es elevar las capacidades de respuesta y la gestión de riesgos de la mano de las comunidades más afectadas, sin hacer exclusiones políticas.

Sin embargo, la prevención de desastres se ha convertido en uno de los ámbitos de política pública más altamente politizados y controlados por el gobierno. Paradójicamente, es común escuchar a los operadores políticos del régimen, culpar a los gobiernos anteriores por las vulnerabilidades existentes. No obstante, cuando un partido en el poder tiene once años gobernando—con ingresos sin precedentes—ya no le luce seguir culpando a sus antecesores. La gestión de riesgos no es una excepción.

Una de las grandes tragedias de Nicaragua frente a los desastres naturales, es que el FSLN al llegar al poder en el 2007, decidió politizar todo el sistema de prevención y mitigación de desastres. Además, los comités de prevención de desastres a nivel comunitario (COMUNPRED) y municipal (COMUPRED) en la práctica fueron sustituidos por los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Lo que antes era una red robusta y diversa de prevención de desastres a nivel comunitario, fue desmontada para convertirse en redes totalmente controladas por el FSLN.

El FSLN no solo desmotó las estructuras comunitarias imparciales que sostenían al SINAPRED a nivel local, también convirtió la atención de desastres es una constante oportunidad para la propaganda política. Por esa razón les era conveniente sacar de los Comités de Prevención a en todos sus niveles, a todos los actores locales que son simpatizaban con el gobierno. 

Como resultado, políticamente les resulta conveniente que ningún líder social independiente participe de la gestión de riesgos.

A la vez, ese control partidario ha sido fatal para la población más vulnerable, ya que las capacidades de respuesta se ven disminuidas cuando la comunidad en general no puede participar libremente por tener total dependencia política de las decisiones de los operadores políticos a nivel local. Los operadores políticos no siempre son los mejores preparados para responder a las emergencias. 

Aún así, en muchos municipios, hasta los bomberos voluntarios han sido excluidos. Adicionalmente, el uso político del sistema de atención de desastres eleva el riesgo de que parte de la población vulnerable que no es afín al gobierno, pueda queda fuera de los servicios de atención ante desastres o incluso decida autoexcluirse.

Otro serio problema es que durante once años de gobierno ha perdido la oportunidad de invertir con seriedad en capacidades de atención de desastres. El mejor ejemplo es la famosa compra de 80 tanques de guerra rusos, en vez de equipos como helicópteros ambulancias, etc. Es una vergüenza que el orteguismo, con su total control del aparato público, se trate de lavar sus manos de la responsabilidad que les corresponde.

Naturalmente, el principal reto en la gestión de riesgos en Nicaragua sigue siendo la falta de sensibilización y conocimiento de parte de la población de las vulnerabilidades de sus municipios y comunidades y cómo reaccionar ante ellas. Esa sensibilización no es un tema político-partidario. 

La politización de la gestión de riesgos en Nicaragua es una decisión política errada del gobierno del FSLN ya que,  al excluir a otros actores sociales en la prevención y atención de desastres naturales, se han disminuido las capacidades de respuesta. 

Esa actitud anti ética de hacer política con la tragedias debe ser corregida urgentemente, antes de que un desastre natural de mayores proporciones nos sorprenda con este régimen que se ha demostrado incapaz de gobernar en pro del bien común.

El autor es director ejecutivo del IEEPP y exsecretario general del Ministerio de Defensa.

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