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miércoles, 3 de octubre de 2018

Universitarios advierten que seguirán protestando contra el Gobierno de Ortega.


La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), que aglutina a estudiantes que se oponen al Gobierno de Nicaragua, advirtieron hoy que seguirán protestando contra las autoridades, a pesar de que la Policía Nacional llame "ilegal" cualquier manifestación de oposición.

"Seguimos decididos como pueblo a continuar manifestando nuestro repudio y desconocimiento al gobierno, a través de la movilización pacífica", informó la AUN, en un comunicado.

Al igual que los sectores intelectuales de la población nicaragüense, la AUN considera que la Policía Nacional se extralimitó el viernes pasado al considerar "ilegal" cualquier protesta contra el Gobierno, ya que la Constitución de Nicaragua garantiza el derecho a manifestarse, incluso sin permiso de las autoridades.

La AUN resaltó que "esta insurrección cívica no tiene ninguna comandancia ni dirección nacional", ante el anuncio emitido por la Policía el viernes pasado, de arrestar a quienes llamaran a protestar contra el Gobierno, pues los manifestantes son "autoconvocados", según los estudiantes.

El anuncio de la AUN llegó luego de que ayer el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrão, avisó que el Gobierno de Nicaragua parece estar "estableciendo un régimen de prohibiciones en el país, (que) parece apuntar a una transformación de un Estado de derecho a un estado de excepción".

Los estudiantes han sido afectados, no sólo por el asesinato de decenas de ellos en las manifestaciones, sino también con el retiro definitivo de la matrícula en las universidades estatales a quienes participan en las protestas y la destitución de académicos que los apoyan, según los integrantes de la AUN.

Las protestas contra el gobierno nicaragüense se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de renuncia.

La crisis en Nicaragua  ha dejado entre 325 muertos según la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), más de 450 según organismos locales de derechos humanos y 199 según el gobierno.

Un grupo de civiles encapuchados secuestraron al universitario Álvaro Briceño la tarde del lunes, luego de que este participara en una manifestación junto a otros estudiantes en un plantón frente a la Universidad Centroamericana (UCA), confirmaron vecinos del lugar donde fue detenido.

Dos camionetas doble cabina rodearon al joven cuando estaba en una acera del barrio Largaespada, en Managua, a eso de las 2:30 p.m. cuando varios encapuchados se bajaron y lo persiguieron para capturarlo, revela un video grabado de una cámara de seguridad de un establecimiento cercano.

De acuerdo con las versiones de los testigos del hecho, los hombres lograron capturar a Briceño, lo golpearon y encañonaron, además de apuntar a los vecinos con las armas para que no grabaran con los teléfonos ni interfirieran en la captura.

“Cuando vio que lo venían siguiendo, el joven corrió y se subió al techo de una casa, que fue donde lo capturaron y lo golpearon. Lo encañonaron, había mucha gente gritando para que no le hicieran nada, pero los mismos encapuchados nos apuntaron a los vecinos”, declaró una de las testigos del hecho, quien pidió no ser identificada.

La fuente aseguró que los hombres también llegaron en motocicletas y carros pequeños, mientras que en una camioneta doble cabina estaban dos policías que los acompañaban, pero estos no salieron del vehículo.

Briceño era estudiante de quinto año de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua  (UNAN-Managua), sin embargo, la semana pasada fue expulsado de esta casa de estudios por haber estado involucrado en la toma del recinto entre mayo y julio pasado.

Este lunes, el joven participó junto a otros estudiantes en un plantón frente a la UCA para demandar respeto a la autonomía universitaria, según sus compañeros de clase.
Hasta la tarde de ayer no se había interpuesto ninguna denuncia sobre la detención de Álvaro Briceño en organismos de derechos humanos locales, no obstante, Pablo Cuevas, funcionario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), explicó que el caso lo están tipificado como una desaparición, porque se desconoce su paradero.

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