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martes, 6 de noviembre de 2018

CIDH: “hay 400 presos políticos”.


Tomado de Confidencial / El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) calcula que el Gobierno de Daniel Ortega tiene 400 presos políticos diseminados en los distintas cárceles y penales del país. 

Luego de casi seis meses de misión y constantes denuncias de maltratos en las celdas, el mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha podido corroborar el estado de salud físico y psicológicos de los privados de libertad, quienes son acusados de los presuntos delitos de “golpismo y terrorismo” por participar en las protestas cívicas y demandar justicia y elecciones anticipadas.

Ana María Tello, coordinadora del Meseni para Nicaragua, dijo que están preocupados por el estado de salud de los presos políticos; en especial y más recientemente, por las 17 mujeres encerradas en la cárcel La Esperanza, cuyos familiares denunciaron que fueron vapuleadas la noche del 26 de octubre por sujetos vestidos de negro.

El Meseni intentó ingresar a La Esperanza el martes 30 de octubre para constatar el estado de las presas políticas. Sin embargo, las autoridades carcelarias impidieron el acceso a la penitenciaría. No hubo mayores explicaciones. Tello encabezó la visita y señaló en el programa Esta Semana que no es la primera vez que al Meseni le impiden la entrada a una cárcel.

“No es una situación nueva para el Meseni. La CIDH ha hecho numerosas peticiones al Gobierno para ingresar a las cárceles, pero no han sido respondidas”, reveló Tello. “Hay sucesiva correspondencia oficial para que el Meseni entre a las cárceles, pero no hemos podido constatar el estado de los presos”, insistió.

La denuncia de las 17 presas en La Esperanza resulta grave para el Meseni ya que los testimonios de los familiares son muy fuertes, y no se tiene información sobre Irlanda Jerez, la comerciante que —según su esposo Daniel Esquivel— fue puesta en confinamiento solitario.

 “El Meseni ha recibido numerosas denuncias de organizaciones y familiares, incluso de niños de quince años detenidos que son sujetos de malos tratos. No lo hemos podido comprobar, pero tenemos un número importante de testimonios que son cruzados por nuestro equipo de abogados”, relató Tello. “El hecho de que no nos permitan constatar el estado de los presos en las cárceles, nos permite pensar en los malos tratos denunciados”.

La única respuesta del Gobierno ante el alud de denuncias y la insistencia del Meseni ha sido publicar en sus medios oficiales una serie de fotografías en la que se muestran a los presos políticos recibiendo visita de familiares y paquetes alimenticios. Sin embargo, los familiares de los detenidos alegaron que se trataba de una manipulación echada a andar por el viceministro de Gobernación Luis Cañas. 

Según el alegato, las fotografías mostradas por primera vez correspondía a la visita obligatoria que los reos deben tener cuando son trasladado a los sistemas penitenciarios. Luego de eso, las visitas son irregulares en los penales.

Tamara Zamora, madre de Amaya Coppens, dijo que ella no ha podido comprobar el estado físico de su hija tras la denuncia de otros familiares y del abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, de la golpiza recibida en La Esperanza.

La coordinadora del Meseni alertó también sobre el estado de salud de la presa política Brenda Muñoz, quien sufre un cáncer terminal. “No hay información de su estado de salud. Padece un serio problema, una enfermedad crónica. El Meseni tuvo acceso a su récord médico, y su situación es grave… y, eventualmente, terminal. Apelamos a un acto humanitario del Gobierno, dejarla estar en un centro médico”, sostuvo Tello.

La represión desatada para sofocar la protesta cívica ha causado más de 325 muertos y miles de heridos. Pese a las abundantes pruebas visuales que involucran a policías y paramilitares, el Meseni no identifica entre los 400 presos que contabiliza a ningún oficial de la policía, ni parapolicía, que haya sido detenido o este siendo investigado o procesado.

“No conocemos sobre la detención de paramilitares. Uno de los compromisos del primer informe de la CIDH, es que el Estado debe desmontar a estos paramilitares; desmovilizar a las fuerzas que no son coercitivas del Estado, y la Policía debe actuar en apego al derecho nacional e internación”, instó Tello.

El Meseni —al igual que el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI)— ha informado que el Gobierno de Daniel Ortega y sus instituciones no colaboran para que ellos puedan realizar su mandato en el país. No les brindan acceso a información vital, como expedientes judiciales ni siquiera les permiten el ingreso el acceso a los juicios públicos de los detenidos.

“No tenemos acceso a los expedientes judiciales. Con los paramilitares no alcanza con admitir el hecho (de que cometieron delito) sino que se debe aplicar justicia, identificar y juzgar a los responsables”, dijo Tello. “Tampoco tenemos información sobre los heridos ni muertos de los afines al gobierno. No tenemos información sobre sus estados de salud”.

El régimen ha informado que alrededor de 50 personas han sido condenadas. Pero el Meseni no ha podido, pese a que lo ha solicitado a la Fiscalía, brindar seguimiento al tratamiento de los casos y no se ha cumplido con el debido proceso.

La coordinadora del Meseni señaló que el GIEI recomendó la creación de una Fiscalía Especial, una figura que se ha usado en distintos países con situaciones de violaciones sistemáticas a los derechos humanos similares a la que atraviesa Nicaragua. “Estas fiscalías son espacios de confianza para que las víctimas pueden acercarse a nuevas instituciones”, aseguró Tello.

El último comunicado del Meseni da cuenta de que las situaciones de violaciones a los derechos humanos persisten, como son las detenciones arbitrarias de ciudadanos que son previamente identificados. “Hay una preocupación por el deterioro de las condiciones de salud de los presos con enfermedades crónicas”, enfatizó Tello.

El Meseni, al margen del argumento del régimen de lo que sucedió en Nicaragua fue una intentona golpista, documentó “un carácter violento” para reprimir la rebelión cívica, la cual, a juicio de los expertos, fue desproporcionada.

La coordinadora del Meseni también llamó la atención de la situación de precariedad en la que viven los nicaragüenses que han huido hacia Costa Rica. Según las cifras más actuales, más de 40 mil nicas han atravesado la frontera sur en busca de refugio.

“Los nicaragüenses en Costa Rica no tienen trabajo, comida y los que no tienen familia están durmiendo en la intemperie. Hemos visto una voluntad del Gobierno de Costa Rica para atender la situación, pero esa respuesta está ligada a la disponibilidad de fondos y el trabajo que se puedan hacer con otros organismos como Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)”, narró Tello.

Aunque el régimen impide al Meseni Ejercer su mandato de forma plena, Tello dijo el instrumento tiene la labor de recopilar información tal cual lo hacen organismos de derechos humanos para luego ponerla al servicio de la justicia y la reparación. “El Meseni se ajusta a recolectar información, dar seguimiento y hacer recomendaciones de forma permanente”, explicó Tello.

Contrario al GIEI que solo tiene un mandato de seis meses, la coordinadora del Meseni recordó que su labor en Nicaragua es indefinida. Desde que se instaló en Nicaragua, el Meseni ha podido documentar la evolución de la represión, que ahora ha cobrado un carácter selectivo a través de la judicialización.

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