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jueves, 29 de noviembre de 2018

Otra arbitrariedad contra feminista. Régimen cancela personería jurídica a CISAS y confisca sus bienes.


Tomado de Confidencial / La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, canceló la personería jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), dirigido por la activista feminista y defensora de los derechos humanos recién expulsada a Costa Rica, Ana Quirós, y ordenó que los bienes y acciones que pertenecen a la ONG “tendrán, previa liquidación y deberán ser entregados al Estado de Nicaragua”.

A Quirós le fue cancelada su nacionalidad nicaragüense, obtenida en 1997, y luego la expulsaron del país con una restricción de ingreso de cinco años, este lunes 26 de noviembre. La cancelación de la personería jurídica de CISAS tuvo 71 votos a favor y 16 en contra. La iniciativa para cancelar esta  ONG fue promovida por el diputado sandinista, Filiberto Rodríguez, señalado por estudiantes universitarios de León, de ordenar la represión de las turbas en la ciudad universitaria en abril.

“CISAS y sus integrantes desnaturalizaron el objetivo de la personalidad jurídica, dedicándose a la realización de otras actividades no previstas en sus fines y objetivos, para lo cual se constituyó ese organismo como persona jurídica sin fines de lucro”, dice parte del documento leído por el diputado sandinista.

El decreto aprobado por la Asamblea refiere que las instituciones financieras deberán abstenerse de autorizar cualquier movimiento a las cuentas que manejen a nombre de CISAS. Asimismo indica que la vigencia de la ordenanza será válido posterior a su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Desde Costa Rica, Ana Quirós relató a CONFIDENCIAL cómo las autoridades de Migración y de la Policía Nacional, le quitaron la nacionalidad nicaragüense y la expulsaron del país en el que había vivido durante 40 años. Acciones consideradas por defensores de derechos humanos como ilegales y tachadas como manifestaciones de “odio” de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Adentro, en una oficina, la asesora legal de Migración me leyó una resolución que decía que mi nacionalidad quedaba anulada porque tenía dos nacionalidades. La resolución decía que los nacionalizados no pueden tener dos nacionalidades a menos que sean originarios de países centroamericanos. 

Le pregunté si había habido algún cambio en la geografía regional, porque hasta donde entendía, Costa Rica era parte de Centroamérica. No me contestaron nada, no me entregaron la resolución. Luego me dijeron que siguiera a un oficial”, dijo Quirós.

De acuerdo a Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Dirección de Migración y Extranjería, tampoco cumplió con los procedimientos legales establecidos en la ley para justificar la pérdida de nacionalidad de Quirós.

La citatoria enviada a Quirós el sábado 24 de noviembre solo le informaba que debía presentarse a Migración el lunes a las 10:00 de la mañana. Vilma Núñez, directora del Cenidh, afirmó que el documento no tenía ningún valor legal y que para quitarle la ciudadanía a cualquier nacionalizado, lo primero que debía hacerse era un juicio previo, que evidentemente nunca ocurrió.

“Es una persecución dirigida contra todas las personas que respaldan los reclamos de los y las nicaragüenses”, enfatizó Núñez, quien agregó que otra ilegalidad en el proceso fue el rechazo por parte de las autoridades de Migración, de un recurso de revisión para frenar el retiro de la nacionalización y posterior expulsión de Quirós.

Diversos grupos feministas advirtieron al Gobierno que no callarán, luego que la Policía Nacional prohibió una marcha en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en defensa de los presos políticos, anunciada para este domingo.

La Policía denegó el permiso para que las feministas y opositores se sumaran a la marcha mundial de este domingo por considerar que se trata de personas que “realizan prácticas vandálicas en centros comerciales, con el único objetivo de dar continuidad a los actos terroristas”.

Aunque la marcha fue suspendida para evitar que los participantes sufrieran agresiones, las feministas afirmaron que no guardarán silencio frente al Gobierno de Daniel Ortega.

“Vamos a expresarnos y movilizarnos de distintas formas creativas, no vamos a estar calladas (…) el miedo que tiene este régimen es esa posibilidad de salir a las calles, de mostrar que queremos un cambio”, resaltó Jiménez.

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco negó una supuesta conspiración terrorista, argumento de la Policía Nacional para impedir una marcha de este domingo.

“Es absolutamente falso que la marcha tuviera como propósito promover ‘actos vandálicos y de terrorismo’ para afectar a las familias nicaragüenses en las merecidas celebraciones de las Purísima, Navidad y fin de año”, informó la Unidad, en un comunicado.

La declaración de la Unidad respondió así al argumento de la Policía para negar permiso de marchar. Por la Unidad Nacional solicitaron el permiso el director ejecutivo de la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro; el comentarista de televisión Jaime Arellano; la feminista Eveling Flores; y el empresario José Dolores Blandino.

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