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viernes, 2 de noviembre de 2018

Represión entorpeció el cabildeo “para frenar la Nica Act”.


Tomado de Confidencial / La brutal represión del régimen orteguista contra las protestas cívicas frenó los esfuerzos de un grupo de empresarios nicaragüenses, que cabildeaban para “detener” o “suavizar” las sanciones económicas contenidas en la Nica Act, según Diego Vargas, ex presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham).

“El esfuerzo de AmCham lo tuvimos que frenar de manera abrupta ante este proceso de crisis. No podíamos estar frente a senadores (estadounidenses) hablando que frenaran las sanciones para Nicaragua o aprobaciones de ley, cuando en Nicaragua estaba en medio de una crisis de represión”, dijo Vargas, en el programa Esta Noche, que se transmite por canal 12.

Vargas estuvo al frente de ese proceso por AmCham, que fue liderado por el empresario Carlos Pellas, tras contratar al Carmen Group en la capital norteamericana, y explicó que el cabildeo era básicamente para evitar sanciones económicas para Nicaragua.  “Habían otras sanciones por tema de corrupción y derechos humanos, pero eso era un punto aparte, donde nosotros no tuvimos nada que ver. Pero las sanciones económicas sabíamos lo sensible que eran para Nicaragua”.

A finales de septiembre pasado, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. aprobó la fusión de la Nica Act y la Ley para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción en Nicaragua, conocida como la “Ley Magnitsky nica”, que prevé sanciones para el régimen orteguista.

“Debido al proceso de crisis, la represión y la brutalidad con la que se atacó a la gente a las calles, estoy seguro que se le agregaron (a la Magnitsky nica) una serie de cosas y así es como probablemente va a ser aprobada”, comentó el empresario. Fuentes del senado norteamericano aseguran que la ley será aprobada en las próximas semanas, después de las elecciones del seis de  noviembre en Estados Unidos.

En su discurso de despedida, el lunes pasado, la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua,  Laura Dogu, dijo que “por ley, no podemos publicar nombres de personas, pero tenemos en la mira no solo a los funcionarios del gobierno sino también a aquellos que no forman parte del gobierno y que se han beneficiado, facilitado o participado en la corrupción”.

Yalí Molina Palacios, expresidente de AmCham, comentó que el Gobierno estadounidense debe tener a gente del sector privado “en mente”, aunque aclaró que prefiere llamarlos “particulares”, que de “alguna manera están involucrados en acto de corrupción”.

La diplomática resaltó que “a través de estas sanciones, Estados Unidos está demostrando que responsabilizará de sus acciones a los funcionarios que autorizan el uso de violencia y abusos. Como dijo la Casa Blanca en julio, esto es solo un comienzo a posibles sanciones, no el fin”.

Para Vargas, el principal problema con las sanciones es que al convertirse en ley podrían marcar una diferencia en la relación entre Nicaragua y Estados Unidos, que es el principal socio comercial del país. “Son leyes que se tienen que cumplir de manera indiscutible”.

La represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha causado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, mantiene una atroz persecución contra los opositores.

La exembajadora recordó que antes del 18 de abril, los empresarios abogaban por “sacrificar” algunos derechos fundamentales porque “Nicaragua no estaba en guerra, ni sufría violencia”. Al mismo tiempo, les advirtió que el modelo de las élites y el caudillo debe terminar, “eso puede sonar aterrador para algunos de ustedes, pero será la clave para construir un futuro sostenible para el país”.

Vargas manifestó que en toda crisis buscamos culpables y el sector privado, de alguna manera, ha sido marcado como tal. “No podemos decir que el único culpable de esto es Daniel Ortega, creo que todos hemos tenido un grado de culpabilidad”.

Molina enfatizó que “aquí todos somos responsables, por acción o por omisión, de una manera u otra”. Por eso cuando se trata de inculpar a la empresa privada, prosiguió, se tiene que valorar el papel que jugaron los políticos que querían su diputación. “Esto es un aprendizaje para todos nosotros”.

“Realmente trabajamos fuerte por la economía del país y se logró avanzar durante 10 años, en eso no se le puede restar méritos al sector privado y el gobierno”, destacó Vargas, quien aclaró que “en temas de democracia, institucionalidad y separación de poderes no podemos decir la misma historia. 

Ahí realmente nos hizo falta. Tampoco hay que echarle la culpa al gobierno, desde un inicio tuvimos (los empresarios) que haber marcado la política de cómo se hacen las cosas”.

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