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miércoles, 28 de noviembre de 2018

Trump asesta duro golpe a Murillo y Senado aprueba “Magnitsky nica”.


En menos de seis horas, Estados Unidos aumentó la presión política, económica y diplomática contra el régimen de Daniel Ortega. Primero, el presidente Donald Trump emitió una “Orden Ejecutiva” contra el Gobierno de Ortega y sus allegados, y sancionó a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, y al asesor de seguridad nacional, Néstor Moncada Lau. 

Luego, el Senado estadounidense aprobó por unanimidad una legislación conocida como la “Ley Magnitsky Nica”, que fue diseñada para castigar al Gobierno de Daniel Ortega. En ambos casos, el mensaje fue claro: el régimen debe ponerle fin a la represión contra la ciudadanía y volver a a la salida negociada de la crisis, según dijeron expertos a CONFIDENCIAL.

La aprobación de la “Magnitsky Nica” se daba por descontada, pero las sanciones contra Murillo y Moncada fueron una sorpresa para propios y extraños. Un regalo navideño adelantado para aquellos que demandan un incremento de la presión externa y la condena internacional al régimen, como contrapeso a la deriva represiva —que suma 325 muertos confirmados desde abril pasado a la fecha— mientras  la pareja presidencial ha puesto oídos sordos al reclamo nacional e internacional de la OEA, ONU y Unión Europea (UE), para adelantar las elecciones generales.

Murillo y Moncada Lau fueron sancionados por su “responsabilidad” y “complicidad” con los “serios” abusos de los derechos humanos en Nicaragua, y por sus vínculos con actos de corrupción, según la Orden Ejecutiva firmada por Trump. Ambos no podrán entrar a Estados Unidos y tienen prohibido hacer transacciones con empresas y ciudadanos estadounidenses.

Para José Luis Velásquez, exembajador de Nicaragua ante la OEA, las dos medidas reflejan que hay un consenso “pleno y profundo” en el Legislativo y Ejecutivo de Estados Unidos de que se necesitan sanciones para frenar la radicalización de la represión orteguista, que esta semana se ha enfocado en el acoso a los periodistas y medios de comunicación independientes. 

“Todas las acciones están puestas sobre la mesa y directamente están (los Estados Unidos) dispuestos a golpear justamente donde más le duele a Ortega, que es su esposa y la mano derecha de ella, Moncada Lau, quienes se encuentran dirigiendo la represión en Nicaragua”, dijo Velásquez.

Las sanciones contra Murillo, la esposa del mandatario que representa el 50% del poder de Ortega, le indican al presidente que deberá renegociar con Estados Unidos los términos de su salida, según Alejandro Bendaña, historiador y exembajador ante la ONU. “El mensaje claro a Ortega es que lo que podíamos haber convenido en materia de negociación ya no va”, comentó.  

Durante una entrevista en el programa Esta Noche, que se transmite por canal 12, Bendaña aseguró que desde la perspectiva estadounidense “no hubo” una respuesta satisfactoria a sus demandas, por lo que decidieron sancionar al círculo cercano de Ortega.

Recordó que en junio pasado, uno de los meses neurálgicos de la crisis, Ortega recibió a Caleb McCarry, un delegado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, a quien el mandatario nicaragüense le habría comunicado su disposición a adelantar las elecciones. Sin embargo, Ortega incumplió su promesa, y en vez de facilitar un proceso de negociación política incrementó la represión. “Ahora Estados Unidos dice que eso que estaba ahí ya no va, ahora vamos con otro tipo de aterrizajes”, mencionó Bendaña.

McCarry fue enviado por el senador republicano de Tennessee, Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, que el 26 de septiembre aprobó la fusión de la Nica Act y la Ley para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción en Nicaragua, que pasó a conocerse como “Ley Magnitsky Nica”.

Esta legislación pasará ahora al Congreso, donde se espera que sea aprobada sin problemas, ya que la iniciativa Nica Act fue ratificada en 2017. La nueva ley incluye sanciones individuales contra los allegados del régimen, y también establece el condicionamiento del Ejecutivo norteamericano para que sus representantes no apoyen préstamos al gobierno de Nicaragua en el BID, Banco Mundial, y FMI. El documento será enviado luego a la Casa Blanca para que Trump la firme y entre en vigencia.

 “Yo, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, considero que la situación en Nicaragua constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y, por tanto, declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza”, reza la orden ejecutiva.

Elevar la crisis nacional al nivel de “amenaza” es una muestra de que el país, según el exdiplomático nicaragüense Mauricio Díaz, está gobernado por un presidente que “no ve, no oye, ni habla”.

“Es un gobierno autista (el de Nicaragua), un autismo que para Estados Unidos se interpreta como una amenaza a su propia seguridad”, según Díaz, quien resaltó que además de las violaciones de los derechos humanos, a EE. UU. le preocupa la cercanía del régimen nicaragüense con “países históricamente enemigos” de la bandera de la barras y las estrellas, como la Federación de Rusia y ahora más recientemente Venezuela.

Para Velásquez, que EE. UU. considere a Nicaragua una “amenaza” a su seguridad, “descarta” la posibilidad de un acuerdo entre Ortega y la administración Trump. “Aquí vamos a una medición de fuerzas” comentó.

Precisamente, la reacción del régimen es uno de los temores que expresaron los exdiplomáticos. La primera respuesta del orteguismo fue un pronunciamiento rechazando la Orden Ejecutiva de Trump. 

Según el gobierno se trata de un acto “injerencista e intervencionista”, y apelan al “legado patriótico” y “patrimonio heroico” de los generales Augusto César Sandino y Benjamín Zeledón, del héroe Andrés Castro y del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Fonseca, para rechazarla.

En su nota, el régimen declaró “improcedentes, inconsecuentes, irrespetuosas, falsas e ilegítimas todas las acusaciones que ratifican las perspectivas y prácticas imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica, y la condición servil y abyecta de los vendepatria criollos”.

Mauricio Díaz indicó que no le “extrañaría” que el Gobierno paralice el país con “manifestaciones de los empleados públicos, y discursos agresivos,  profundizando la retórica de confrontación. El problema es que en medio queda el pueblo de Nicaragua”, advirtió.

“El asunto es hasta donde este señor (Ortega) entiende o lee los mensajes de manera racional, porque un presidente civil, civilista y civilizado con toda seguridad lo interpretaría como una oportunidad para salir de esta crisis, pero la reacción del Gobierno es de rechazo”, explicó el ex diplomático.

Bendaña no descartó un incremento en las represalias contra los opositores, que en su nota el Gobierno califica de “traidores”, porque “cada vez tienen menos que perder”, lo que genera una situación peligrosa, ya que “apelar al razonamiento de las figuras que tenemos mal gobernando este país, nos ha fallado una y otra vez”.

El Departamento de Estado manifestó que en un comunicado de prensa que la orden ejecutiva es “una nueva herramienta de los Estados Unidos para exponer y promover la rendición de cuentas por parte de los responsables de los abusos que se cometen en Nicaragua (…) Esta acción envía una clara señal de que Estados Unidos no tolerará la explotación de las personas y los recursos públicos de Nicaragua para beneficio personal”.

Agregó que “ahora es el momento para que los miembros del partido gobernante cambien de actitud y para que el sector privado haga oír sus voces en apoyo de las reformas democráticas y el fin de la violencia”, sugiere el.

“Aquellos que permanecen en silencio o son cómplices pueden enfrentar consecuencias significativas; de igual manera, todos los funcionarios del Gobierno de Nicaragua y los actores del sector privado que continúan ayudando e instigando la represión del régimen de Ortega podrían estar sujetos a las sanciones”, según el comunicado.

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